Fortalecimiento de la confianza pública a través del conteo paralelo censal en Honduras 2025
Leandro Querido
El proceso electoral hondureño de 2025 se desarrolló en un ambiente de alta polarización política y profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones. En este contexto volátil, Transparencia Electoral acompañó y certificó un conteo paralelo de votos (PVT), impulsado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) e implementado por EVoting, siendo una herramienta técnica crucial para dar credibilidad y transparencia al proceso.
En las elecciones generales de Honduras, celebradas el 30 de noviembre de 2025, más de seis millones de electores estaban habilitados para elegir al Presidente de la República, diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales. El proceso se llevó a cabo en un clima descrito por los observadores como de alta polarización política, desconfianza ciudadana generalizada y una notable fragilidad institucional en los organismos electorales.
Una encuesta nacional de octubre de 2025 indicaba que el 75% de los hondureños tenía poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La crisis de gobernanza se manifestó en la confrontación entre el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tensiones internas exacerbadas por la representación partidista de sus miembros. Esta situación generó incertidumbre y provocó retrasos significativos en el calendario electoral.
Entre los desafíos institucionales más críticos se identificó la falta de financiamiento oportuno para el TJE y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF o Unidad de Política Limpia), cuyos presupuestos solicitados no fueron aprobados por el Congreso Nacional.
Además, la interferencia política y la judicialización del proceso representaron riesgos significativos. Esto incluyó acciones del Ministerio Público (MP), como la promoción de un antejuicio contra dos magistrados del TJE por prevaricato judicial, y la solicitud de las Fuerzas Armadas de obtener copias de las actas de cierre presidencial, lo cual fue calificado por diversos actores como una extralimitación de sus funciones constitucionales.
En el ámbito tecnológico, aunque se adjudicaron contratos clave para la identificación biométrica, el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la conectividad satelital para más de mil centros de votación, procesos que estuvieron marcados por controversias y demoras. Un simulacro nacional previo a la elección evidenció algunas fallas operativas y estructurales, concentradas en la conectividad, la integración tecnológica y la logística, lo que hizo imperativa la necesidad de mecanismos de verificación independiente robustos.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia de sociedad civil con personería jurídica y patrimonio propio dedicada a prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras, asumió un rol activo en el monitoreo electoral. Su participación en el proceso electoral se enmarca en su misión de contribuir a una patria justa, transparente, democrática y con bienestar social.
El CNA colaboró con la empresa E-Voting Chile SpA en el marco del “Sistema de Fortalecimiento Democrático con Participación Ciudadana en las Elecciones Generales de Honduras 2025”. El objetivo general de este proyecto fue desarrollar e implementar una plataforma integral para la recepción, procesamiento y publicación de resultados electorales, asegurando la trazabilidad, seguridad y transparencia en todas las etapas.
Esta plataforma operada por la sociedad civil se diseñó bajo una metodología de transparencia y control que define principios de trazabilidad de datos, control de cambios, criterios de publicación y mecanismos de auditoría. Los componentes clave de este sistema incluían:
1. Módulo Central de Cómputo: Implementado para el procesamiento y consolidación de votos aplicando las reglas electorales.
2. Módulo de Revisión Manual: Habilitado para la corrección de actas con discrepancias, registrando observaciones y decisiones con trazabilidad y registro de usuario.
3. Portal Web de Resultados: Una interfaz pública para mostrar el cómputo actualizado, incluyendo filtros y mecanismos de control de versiones.
4. Plataforma de Monitoreo Interna: Para ofrecer visibilidad en tiempo real al equipo técnico del CNA sobre métricas de recepción, validaciones y avance de procesamiento.
A través de esta implementación, el CNA ejerció una auditoría ciudadana fundamental, creando un canal independiente para validar los resultados oficiales, crucial dado el clima de desconfianza imperante en el país.
El conteo paralelo de votos (PVT, por sus siglas en inglés Parallel Vote Tabulation) es una herramienta metodológica utilizada históricamente por organizaciones de la sociedad civil para verificar de manera independiente los resultados oficiales de una elección. Se basa en la recopilación y tabulación de copias de la totalidad de las actas de escrutinio provenientes de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) a nivel nacional.
A diferencia de los quick counts tradicionales, que operan sobre una muestra estadística relevante para detectar posibles desviaciones, el ejercicio implementado por el CNA utilizó un sistema de totalización paralelo con una muestra censal, es decir, el 100% de las actas de resultados.
El propósito principal de este PVT censal no es sustituir el cómputo oficial o proclamar ganadores, sino contrastar los resultados oficiales con un método transparente, replicable y técnicamente sólido. Al operar sobre el universo completo de actas (100%), el foco metodológico se desplaza de la representatividad estadística al aseguramiento de integridad, cobertura y control de duplicidades/omisiones.
Un conteo paralelo sólido implica una cadena de pasos bien definidos:
1. Diseño Metodológico: Establecer una metodología clara para la recopilación de actas.
2. Recopilación: Obtener copias fieles de las actas de escrutinio mediante equipos en campo o fuentes documentales.
3. Tabulación y Validación: Procesar y validar los datos con rigurosos controles de calidad.
4. Comparación y Comunicación: Comparar los resultados obtenidos frente a los resultados oficiales, comunicándolos con responsabilidad pública.
Para garantizar la integridad en un esquema censal, la metodología requiere controles estrictos sobre:
• Cobertura Efectiva: Debe existir información completa y actualizada de la base de datos de JRVs y centros de votación, con una estimación clara del porcentaje esperado de actas recibidas.
• Calidad de Datos: Es fundamental la implementación de doble digitación, validaciones cruzadas, y reglas de consistencia.
• Trazabilidad Documental: La validez depende de la custodia documental, exigiendo el resguardo de imágenes/documentos fuente, registros de auditoría y la documentación de cualquier sustitución de una fuente por otra disponible de mayor calidad. En un esquema censal, la incertidumbre muestral disminuye, pero crecen las exigencias sobre la completitud, de duplicación y trazabilidad de enmiendas/correcciones.
Transparencia Electoral, una organización de la sociedad civil especializada en observaciíon e integridad electoral, desempeñó un rol de certificación y auditoría externa sobre el ejercicio de conteo paralelo del CNA.
La función de Transparencia Electoral en este contexto no fue realizar directamente el conteo, sino evaluar la aplicación de buenas prácticas en el diseño metodológico, la implementación técnica y la comunicación de resultados.
El marco metodológico de Transparencia Electoral para la evaluación del conteo paralelo de los votos se estructuró en dos fases complementarias:
Diseño y Planificación (Fase Previa)
El objetivo de esta fase fue verificar que el conteo paralelo tuviera un diseño metodológico robusto y procedimientos documentados que permitieran inferencias válidas y comunicación responsable. Los criterios verificados incluyeron:
• Disponibilidad de la base de datos de Centros de Votación y JRVs, incluyendo condiciones de conectividad.
• Especificación de la cadena de custodia de actas/imágenes con controles de integridad (hashes, timestamps).
• Controles de calidad adecuados, como la doble digitación y validaciones aritméticas.
• Protocolo de tratamiento especial para actas inconsistentes.
• Arquitectura técnica que contemple seguridad, redundancia y registro de auditoría.
• Un plan de comunicación que prevea hitos y lineamientos para la difusión responsable, enfatizando la incertidumbre y las limitaciones del proceso.
El producto de esta fase es un Informe de Conformidad con un semáforo (Cumplimiento Total/Parcial/No Cumplimiento) y una lista de hallazgos y recomendaciones prioritarias.
Ejecución y Análisis Posterior
Esta fase se centró en evaluar la implementación real frente al diseño aprobado, verificando la cobertura, calidad y la integridad del flujo de datos. Los indicadores clave de referencia incluyeron:
• Cobertura Efectiva: Porcentaje de mesas válidas procesadas respecto al universo total, con justificación de faltantes.
• Oportunidad: Tiempos de recepción, transcripción y validación.
• Calidad de Datos: Tasa de discrepancias en la doble digitación y reglas de consistencia aplicadas.
• Integridad del Flujo: Control de duplicados/omisiones, preservación de originales, y verificación de metadatos/hashes.
En esencia, el papel de Transparencia Electoral como certificador ofreció un marco neutral y técnico que ayudó a verificar la existencia de procedimientos claros y criterios de calidad sólidos antes del despliegue, y posteriormente, a constatar su cumplimiento, contribuyendo a la legitimidad y credibilidad del mecanismo de verificación independiente.
La implementación de un ejercicio de conteo paralelo de cobertura censal, respaldado por la auditoría externa de Transparencia Electoral y la tecnología de procesamiento de E-Voting, demuestra la importancia crucial de la interacción entre la sociedad civil organizada y las empresas desarrolladoras de tecnología para fortalecer la integridad electoral.
Los PVTs, al ser herramientas de verificación independientes, son particularmente valiosos en contextos de alta desconfianza y fragilidad institucional como el de Honduras.
La colaboración con tecnología de vanguardia y la exigencia de una auditoría rigurosa (como la realizada por Transparencia Electoral) aseguran que el proceso no solo sea transparente, sino también técnicamente robusto. La metodología de trabajo implementada por el CNA y E-Voting, basada en reuniones de seguimiento, un checklist de transparencia y control, y ciclos sucesivos de desarrollo, aseguramiento de la calidad (QA), capacitación y validación, reduce significativamente los riesgos operativos y funcionales.
La tecnología utilizada debe cumplir con estándares de seguridad, incluyendo cifrado en tránsito y en reposo, y sistemas de logs y bitácoras auditables que permitan la reconstrucción del estado del sistema en cualquier momento, una exigencia fundamental en el modelo censal donde la integridad de los datos es prioritaria. La tecnología permite implementar salvaguardas esenciales como la doble digitación y las validaciones cruzadas para minimizar errores humanos y garantizar la calidad de los datos.
En un contexto en el que los actores políticos tienden a interpretar resultados parciales como definitivos o, peor aún, como prueba de fraude en escenarios polarizados, la comunicación responsable y la certificación técnica son esenciales.
El PVT censal, al enfocarse en la completitud y la integridad, proporciona una base de datos de resultados y actas verificadas que sirve como contrapeso a cualquier narrativa de fraude anticipado o manipulación. La certificación posterior al simulacro y el informe final del proceso fortalecen la rendición de cuentas y la confianza institucional, asegurando que los equipos técnicos y operativos dominen el flujo completo del proceso y que el sistema esté en condiciones de publicar resultados con transparencia y oportunidad.
De este modo, la sinergia entre la vigilancia ética del CNA y la implementación técnica de la plataforma permitió que la ciudadanía hondureña contara con un mecanismo de verificación paralelo, independiente y auditado, transformando la tecnología de una potencial fuente de controversia (como en el caso del TREP oficial) en una herramienta de transparencia democrática. Este ejercicio actúa como un pilar de verificación, esencial para afianzar la confianza ciudadana en el resultado final, más allá de la fragilidad de las instituciones electorales oficiales.
