Por Leandro Querido*
Las elecciones de Perú del 12 de abril de 2026 serán un caso de estudio acerca de lo que no se debe hacer en materia de gobernanza electoral. Cómo es de público conocimiento la jornada se vio empañada por graves fallas logísticas y tecnológicas que impidieron el voto de miles de ciudadanos, especialmente en Lima Metropolitana y Callao. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al igual que en las elecciones de 2021, no ha podido realizar un trabajo profesional que permita sobre todo a los limeños votar en tiempo y forma. En 2021, en las elecciones post pandemia, se obturó el natural flujo de electores al decidir que los adultos mayores voten en la primera hora de la mañana cuando las mesas también tardaron en instalarse, lo que dio lugar a largas filas de personas de avanzada edad sufriendo el sol y las temperaturas. El inconveniente se agravó cuando muchas de ellas desistieron de votar, con lo cual se repitió una situación similar en este último proceso electoral.
Estas inconvenientes nos ubican de frente con un tema que es determinante y que ha sido soslayado a la hora de planificar una elección. Perú presenta un comportamiento electoral muy segmentado por variables geográficas. Por ejemplo, no hay candidatos presidenciales que presenten un voto uniforme en las tres regiones que tiene el país, “la costa, la sierra y la selva”. Por lo tanto, si en tanto autoridad electoral, tomo iniciativas innovadoras sólo en una de las regiones mencionadas, corro el riesgo de afectar a los candidatos más competitivos en dicha región. Y esto es lo que ha pasado en el distrito de Lima en las elecciones de 2021 y ahora en las de 2026. Las demoras en la instalación de las mesas de votación impactan en las limeñas y limeños en cuanto a ejercicio del voto, pero también le resta competitividad a los candidatos de Lima con respecto a los de otras regiones. Esta situación, además de generar fastidio y desconfianza entre los electores, da lugar a problemas de competitividad nacional graves, sobre todo cuando el Perú se destaca por tener resultados electorales estrechos entre las fuerzas que compiten.
Ahora bien, retomando el hilo inicial, todos estos déficits en la implementación han sido denunciados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Contraloría General de la República, no solo por las Misiones de Observación Electoral Internacional.
Pero, ¿cuál fue la decisión de la ONPE que impactó negativamente en el ejercicio del voto de los ciudadanos de Lima y en los candidatos de este distrito? El epicentro de los problemas fue la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el sistema que la ONPE implementó en Lima y Callao para agilizar el llenado de actas de instalación, sufragio y escrutinio mediante laptops, impresoras y transmisión automática de resultados. Lejos de agilizar, el STAE colapsó. Impresoras que fallaban, software inestable, falta de pruebas previas y problemas de conectividad obligaron a miles de miembros de mesa a trabajar de forma manual, generando demoras de horas en la instalación de mesas y largas filas de electores.
El JNE fue claro y anticipado. Días antes de la elección, su presidente, Roberto Burneo, reveló que el organismo pidió formalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, abandonar el STAE y volver al conteo convencional por fallas detectadas en software e impresoras. “Le solicitamos que cambie la utilización del equipo de cómputo, el STAE, a la forma convencional, lo cual no se cumplió”, declaró Burneo ante el Congreso. La ONPE ignoró la advertencia y desplegó equipos sin probarlos adecuadamente, como documentó la fiscalización del JNE.
La Contraloría General de la República confirmó la magnitud del problema. Sus informes de control previo detectaron más de 600 alertas, entre ellas, irregularidades graves en el contrato de transporte con la empresa Galaga: conductores sin experiencia requerida, cambios no notificados, infracciones de tránsito previas y material que no coincidía con los enchufes de los locales. El resultado fue la llegada tardía o nula de kits electorales en al menos 13 locales de Lima, afectando 187 mesas y más de 55.000 votantes. Además, se reportaron fallas en la cadena de custodia y colapso del STAE en zonas como Callao y Ancón. La propia coordinadora de la ONPE de un centro de votación de San Juan de Miraflores me aseguró el día de las elecciones, cuando recorríamos centros con la Misión de la OSC Transparencia Electoral, que habían notificado la no recepción del material electoral desde el viernes sin respuesta institucional alguna.
Luego de esta instancia fallida el JNE buscó rectificar la situación al habilitar el seguimiento en vivo de las audiencias de recuento de más de 5.000 actas observadas y acto seguido denunció a Corvetto y otros funcionarios por presunto atentado al derecho al sufragio y omisión de actos funcionales. El 21 de abril el titular de la ONPE presentó su renuncia y fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia.
Las consecuencias de todas estas idas y venidas son la pérdida de confianza en la autoridad electoral por parte de candidatos y ciudadanos y el lógico cuestionamiento a la legitimidad de los resultados. La narrativa del fraude se propaga porque la autoridad electoral no ha brindado garantías ni ha producido certidumbre. Si se actuó con impericia o malicia será algo que deberá determinar la justicia del Perú.
A pocas semanas de la segunda vuelta, el percance con el STAE deja lecciones claras. La ONPE repitió errores estructurales de 2021: imprevisión tecnológica, falta de pruebas, simulacros y negligencia en la logística. La gobernanza electoral exige profesionalismo, no experimentos sin el debido análisis de impacto. La asistencia electoral internacional es de vital importancia. Las autoridades electorales deben dejar ayudarse. Incluso con el poco tiempo con el que se cuenta se puede hacer mucho en materia de evaluación e implementación porque de lo contrario, sin correcciones inmediatas, la credibilidad del proceso seguirá en entredicho.
* Leandro Querido es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral. Magister en Derecho Electoral, Universidad Castilla La Mancha, España.
