Opinión

Exonerar electores no es incluir: la tecnología electoral y el nuevo paradigma de gestión


Por: Leandro Querido. Director Ejecutivo de la OSC Transparencia Electoral. Magister en Derecho Electoral, Universidad Castilla La Mancha, España.

El reciente anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador sobre la exoneración de multas para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia ha sido recibido por muchos como un gesto de empatía institucional. Se trata de una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) y que debió bajar a tierra el CNE dado que implica una reforma reglamentaria que establece que las mujeres embarazadas, desde el sexto mes de gestación y durante el primer año de vida del lactante, queden exentas de la sanción económica por no acudir a las urnas. Sin embargo, tras esta aparente buena noticia se esconde una claudicación democrática: el Estado, en lugar de adaptar sus mecanismos para garantizar un derecho fundamental, opta por facilitar la exclusión administrativa.

Desde la perspectiva de la justicia electoral, exonerar no es lo mismo que incluir. Cuando un organismo electoral renuncia a buscar formas para que un ciudadano vote, está fallando en su misión principal. La mirada no debe ser asistencialista, centrada en el perdón de una multa, sino garantista, centrada en el ejercicio del derecho. En pleno siglo XXI, la tecnología ya no es una opción de vanguardia, sino un imperativo ético para evitar que el embarazo, la movilidad reducida o la distancia geográfica se conviertan en barreras insalvables para el ejercicio de los derechos políticos y electorales.

El modelo de Estonia: el estándar superior de la inclusión digital.

El ingreso a la Era de la Democracia Digital supone un cambio de paradigma en materia de gestión electoral. Y en este sentido hay experiencias internacionales que nos muestran que el futuro llegó hace rato. Las autoridades de América latina deben enfocar su atención en el caso de Estonia. Recientemente, nuestra organización Transparencia Electoral destacó en un informe acerca de cómo este país báltico ha logrado lo que para muchos parece utópico: que el voto sea un servicio al ciudadano, un servicio seguro, accesible y eficiente. 

En Estonia, el sistema de i-Voting (voto por internet) no es un experimento, sino una realidad consolidada desde 2005. Según los datos analizados por organismos internacionales y destacados por Transparencia Electoral, en las últimas elecciones generales de 2023, más del 51% de los votos se emitieron de forma digital. Esto significa que más de la mitad de la población decidió no desplazarse a un centro de votación, utilizando en su lugar una identificación digital segura y una computadora o smartphone. Y aquí tenemos un notable clivaje etario. Los jóvenes utilizan esta herramienta y cómo los registros electorales se van renovando con el paso del tiempo es de suponer que ese 51% tenderá a crecer en detrimento de la opción del voto en el centro de votación. 

La experiencia Estonia es la respuesta directa a la encrucijada ecuatoriana y a le tantos países de América. En Estonia, una mujer en su octavo mes de embarazo no necesita pedir que le perdonen una multa; simplemente ejerce su derecho desde la comodidad y seguridad de su hogar en menos de dos minutos. El sistema utiliza una infraestructura de clave pública (PKI) y tarjetas de identidad inteligentes que garantizan que el voto sea secreto, íntegro y, sobre todo, auditable. Lo más revolucionario es la posibilidad de cambiar el voto digital tantas veces como se desee durante el periodo de votación anticipada, prevaleciendo siempre el último emitido, lo que anula cualquier intento de coacción o compra de votos.

El Salvador y la expansión del derecho

Sin embargo, no hace falta irse a Europa para encontrar ejemplos de innovación tecnológica. El Salvador, en sus comicios de 2024, implementó un sistema de voto remoto por internet para su diáspora que batió récords de participación. Al utilizar biometría facial y validación de documentos de identidad en tiempo real, el sistema permitió que cientos de miles de salvadoreños —muchos de los cuales jamás habrían podido viajar a un consulado— se reintegraran a la vida política de su país. Los números son contundentes: en la elección de 2019 votaron en el exterior a través del voto postal algo más de 3 mil salvadoreños, en 2024 lo hicieron más de 240 mil por voto remoto, y casi 90 mil se acercaron a distintos centros para utilizar el voto electrónico presencial.  

Si el sistema funciona para un ciudadano que está a miles de kilómetros de distancia, ¿por qué no habría de funcionar para una ciudadana ecuatoriana que se encuentra en su hogar cuidando a un recién nacido?

La tecnología electoral como herramienta de igualdad

La resistencia a la implementación del voto electrónico o remoto suele escudarse en el argumento de la «brecha digital» o la «falta de confianza». Sin embargo, el informe de Transparencia Electoral sobre Estonia subraya un punto clave: la tecnología bien aplicada construye confianza. Cuando el ciudadano ve que el Estado se esfuerza por facilitarle la vida, el compromiso cívico aumenta.

En Ecuador, se han implementado experiencias piloto y aplicaciones de voto telemático en el exterior. Algunas de ellas no cumplieron con las expectativas de las autoridades electorales, pero esto no puede desanimar a los actores que impulsan la innovación. Habrá que hacer un diagnóstico y tomar las medidas necesarias para tomar las mejores decisiones, para incluir a las empresas que tienen experiencia probada, para reforzar los contextos de seguridad, los controles cruzados, etc. 

Quedarse en la «exoneración de la multa» es una solución de mediados del siglo XX para un problema del siglo XXI. La verdadera justicia electoral para las mujeres embarazadas no es decirles «no te preocupes, no nos pagues«; es decirles «tu opinión importa tanto que hemos diseñado un sistema para que puedas participar sin poner en riesgo tu salud«.

En definitiva, el CNE de Ecuador tiene ante sí el reto de dejar de ser un recaudador de multas para convertirse en un facilitador de derechos. La tecnología es el puente que permite transitar de una democracia burocrática a una democracia accesible. Inspirarnos en los modelos de Estonia y las recientes innovaciones en El Salvador no es una cuestión de lujo, sino de equidad.

Es momento de entender que el derecho al voto es irrenunciable y que la labor del Estado es agotar hasta la última instancia tecnológica para garantizar que cada voz sea escuchada. Exonerar la multa es un alivio para el bolsillo, pero un silencio para la democracia.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba