Transparencia Electoral publica su Informe Final sobre las Elecciones Generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025
Transparencia Electoral presenta su Informe Final sobre las Elecciones Generales de Honduras 2025. Disponible para descarga gratuita en www.transparenciaelectoral.org, cubre la totalidad del ciclo electoral hondureño: desde las condiciones preelectorales hasta la declaratoria oficial del 30 de diciembre de 2025, pasando por un análisis técnico detallado del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el sistema de identificación biométrica y la infraestructura de conectividad satelital desplegada para los comicios.
Una jornada electoral con alta participación
El 30 de noviembre de 2025, más de 3,9 millones de hondureñas y hondureños acudieron a las urnas, alcanzando una participación electoral del 60,19% del padrón. La jornada de votación fue pacífica y ordenada: la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) y la Misión de la OEA calificaron el desarrollo del proceso como «bueno o muy bueno» en más del 97% de los casos observados. El sistema de identificación biométrica operó con regularidad en el 90% de los centros de votación, con el 90,37% de las verificaciones completadas mediante huella dactilar.
Sin embargo, a una jornada cívica ejemplar le siguieron semanas de incertidumbre, denuncias de fraude y conflictividad institucional.
El TREP: el punto crítico de fallo de las elecciones hondureñas 2025
El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se constituyó como el elemento central de la crisis postelectoral. Este sistema tenía la función de transmitir y publicar los resultados preliminares de las casi 20 mil actas presidenciales la noche de la elección.
Su desempeño estuvo muy por debajo de lo esperado. El primer corte oficial se publicó con más de una hora de retraso respecto a lo anunciado, procesando apenas el 34,25% de las actas. El sistema cerró el 1 de diciembre con solo el 57,03% procesado, en un momento en que la diferencia entre los dos candidatos principales era de apenas 515 votos. Entre el 5 y el 7 de diciembre, el portal de resultados permaneció inactivo durante casi 60 horas debido a mantenimientos no comunicados y fallas de software.
Según el informe de Transparencia Electoral, las causas de estas fallas son identificables y prevenibles: el proveedor adjudicado habría implementado por primera vez un sistema de transmisión de resultados a escala nacional; las pruebas previas —incluyendo el simulacro del 9 de noviembre— revelaron debilidades que no fueron corregidas antes de la jornada; y la infraestructura de conectividad resultó insuficiente para sostener simultáneamente el TREP y los dispositivos biométricos en los más de 1.700 centros sin internet habitual.
«La impericia técnica y la deficiente comunicación institucional socavaron la estabilidad del proceso», señala el informe, recogiendo la valoración de las propias misiones internacionales de observación.
Gobernanza partidizada: el problema estructural de fondo
Más allá de las fallas tecnológicas, el Informe Final de Transparencia Electoral identifica un problema estructural que atraviesa todo el ciclo electoral: la composición partidaria de los organismos electorales hondureños.
Tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) operan con una lógica de representación en la que cada miembro o magistrado responde a uno de los tres partidos mayoritarios —Libre, Partido Nacional y Partido Liberal—. Esta arquitectura institucional, que en teoría garantiza equilibrio, en la práctica generó parálisis, bloqueos mutuos y una percepción pública de que los organismos funcionaban como extensiones de las estrategias partidarias.
A ello se sumaron factores que agravaron la situación durante la etapa postelectoral: un bloqueo presupuestario deliberado por parte del Congreso Nacional que dejó al TJE sin recursos para resolver impugnaciones, antejuicios contra magistrados que paralizaron al tribunal en el momento más crítico, y la aprobación del Decreto 58-2025 mediante el cual el Congreso intentó ordenar un recuento total, declarado nulo por el CNE por carecer de base legal suficiente.
El resultado fue un vacío institucional que la ciudadanía, los partidos y la comunidad internacional observaron con preocupación creciente.
La conectividad: un riesgo subestimado con consecuencias sistémicas
Uno de los hallazgos técnicos más relevantes del informe refiere a las condiciones de infraestructura sobre las que operó el dispositivo tecnológico electoral. El 30,09% de los centros de votación en Honduras carece de conectividad regular a internet, concentrando más de 800.000 electores habilitados. Otros 607 centros carecen de suministro eléctrico estable.
Para cubrir esta brecha, el CNE contrató 2.050 kits satelitales de órbita baja. La decisión fue correcta en su diseño pero deficiente en su implementación: los plazos de contratación fueron ajustados, las pruebas integrales insuficientes y las redundancias inexistentes en muchos centros. Ante la caída de un enlace, no había alternativa ágil para garantizar la transmisión de actas en tiempo.
Esta combinación de factores —centros sin energía estable, enlaces satelitales sin redundancia y alta dependencia de internet para el funcionamiento simultáneo de biometría y TREP— generó, según el informe, «un riesgo sistémico que se materializó durante el proceso».
Nueve recomendaciones para fortalecer la integridad electoral en Honduras
El Informe Final de Transparencia Electoral no se limita al diagnóstico. Incluye nueve recomendaciones técnicas concretas orientadas a fortalecer la integridad de futuros procesos electorales en Honduras, entre las que destacan: garantizar plazos suficientes en la contratación de proveedores tecnológicos; exigir experiencia comprobada a escala equivalente; implementar arquitecturas de conectividad con redundancias obligatorias; establecer calendarios de pruebas escalonadas y realistas; y consolidar protocolos que protejan las decisiones técnicas de las presiones partidarias.
El informe también recoge las propuestas de reforma electoral que ya circulan en Honduras: la implementación de una segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos y el cambio en el método de nombramiento de las autoridades del CNE, TJE y la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos (UFTF), para que dejen de responder a los partidos políticos.
«Este proceso debe ser amplio, plural y participativo para que los eventuales cambios gocen de legitimidad», concluye el informe, convocando a partidos, academia, sociedad civil y organismos internacionales a sumarse al debate.
Sobre el informe y la metodología de observación
El Informe Final fue elaborado a partir de la observación directa de una delegación internacional de Transparencia Electoral acreditada por el CNE, que visitó centros de votación en Tegucigalpa y se reunió con partidos políticos, el TJE, la Unidad de Política Limpia, la MOE UE, el Consejo Nacional Anticorrupción y universidades. El análisis se complementó con el estudio de resoluciones oficiales, comunicados de misiones internacionales y un monitoreo sistemático de medios nacionales e internacionales.
La metodología se ajusta a la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones de las Naciones Unidas, garantizando imparcialidad, no injerencia y objetividad en todas las conclusiones.
El documento incluye además un Anexo Técnico con la evaluación detallada del sistema biométrico, el TREP y la conectividad satelital, orientado a equipos técnicos de organismos electorales y cooperantes internacionales.
