Rumbo a las elecciones presidenciales de Venezuela: ¿qué pasó esta semana? (13 al 17 de mayo)
En esta última semana pudimos ver una serie de giros en los acontecimientos rumbo al proceso electoral del próximo 28 de julio, en Venezuela, en el que se elegirá al presidente para el período 2025-2031.
El lunes 13 de mayo comenzamos con lo que parecía ser un acercamiento positivo cuando la Unión Europea anunció que levantaría temporalmente algunas de las sanciones que mantiene contra integrantes del gobierno de Venezuela. A otras no las levantó, pero les puso fecha de caducidad en el 10 de enero de 2025, día en que constitucionalmente debería tomar posesión del cargo el presidente que resulte electo.
Los últimos meses habían visto una progresiva relajación en las tensiones entre Venezuela y la Unión Europea, en línea con la misma retórica vista con Estados Unidos. Incluso, el Consejo Nacional Electoral había emitido invitaciones formales a la Unión Europea para el envío de observadores electorales de cara al proceso del 28 de julio. Sin embargo, ante la selectividad con la que se aplicó el levantamiento de las sanciones, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, reaccionó a la noticia con profunda hostilidad, y consideró que se trataba de un anuncio “engañoso”, exigiendo que se levanten todas las sanciones.
A partir de ahí, la última semana ha estado signada por acontecimientos que no solo ponen en duda la distensión diplomática entre Venezuela y la UE, sino que además comprometen el proceso electoral. Aparentemente “al margen” del enfrentamiento discursivo, el presidente del Consejo Electoral Nacional, Elvis Amoroso, salió públicamente a condenar la decisión de la UE. Amoroso figuraba entre los funcionarios venezolanos enlistados en la lista de sanciones individuales que fueron beneficiados por la decisión de la UE, y denuncia esta movida como “un intento de coaccionarlo”.
Lo que siguió fue una catarata de comunicados, tanto por parte de Amoroso como de los propios organismos de comunicación institucional del CNE, que reflejan un tono muy en línea con el discurso del oficialismo venezolano, condenando “las sanciones criminales”, y afirmando que la UE buscó incitar a Amoroso y a otros funcionarios venezolanos a “traicionar a la Patria”. Este tipo de declaraciones incendiarias, proviniendo de un funcionario y del ente que se encargará de gestionar los comicios del 28 de julio, comprometen en grado sumo la ya fuertemente cuestionada integridad del CNE, y dejan patente su evidente subordinación a las altas esferas del régimen venezolano.
Pero aparentemente, al régimen venezolano ha dejado de importarle la imagen internacional, aún cuando esta había estado mostrando un fortalecimiento en su lista de prioridades luego de la convulsa inscripción de candidatos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que la invitación de los observadores europeos “se hace materialmente imposible” por “principios innegociables”, proponiendo ante la Asamblea Nacional elegida en 2020 (de abrumadora mayoría oficialista) un pedido ante el CNE para que se les retire la invitación “por groseros, bastardos, canallas, ilegales e ilegítimos”. La Asamblea aprobó el pedido por mayoría calificada.
Mientras tanto, el avance de la campaña sigue su curso. Dirigentes de diferentes partidos y actores de la sociedad civil continúan cerrando filas en torno al candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia. El 16 de mayo, la organización Encuentro Ciudadano, presidida por la excandidata de las primarias y ex diputada Delsa Solórzano, realizó un acto público en el que dio su apoyo formal al candidato, con la presencia del propio González y de María Corina Machado. En la misma semana, González se reunió con otra excandidata de las primarias, Tamara Adrián (la primera diputada transexual de América Latina) que junto con representantes de otros grupos de activistas LGBT sostuvieron una reunión con González para plantearle su respaldo y discutir la situación de su colectivo en Venezuela.
En cuanto a la campaña del oficialismo, el presidente Nicolás Maduro anunció esta semana la instalación de su comando de campaña, que recibe el nombre de “Venezuela Nuestra del Siglo XXI”. El comando está encabezado por Jorge Rodríguez y Cilia Flores, esposa del mandatario quién estaría a cargo de la estrategia electoral. El nombre parece apropiado sobre todo porque la mayoría de sus integrantes son las principales figuras que han dominado el oficialismo durante las últimas décadas, destacando nombres como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. Asimismo, es indiscutida la presencia familiar, pues además de Flores estará presente como secretario ejecutivo del comando Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario. No se saldrá del siglo XXI, pero el comando chavista tiene, por lo que va demostrando, todo el pasado por delante.
La campaña opositora también ha tenido que hacer frente a arbitrariedades por parte del Estado, por fuera de la injerencia en la administración electoral. El 16 de mayo, se anunció la clausura del Hotel el Recreo en la localidad de La Victoria del Estado Aragua, ciudad natal del candidato opositor donde González y Machado tenían planificado hospedarse durante una visita para hacer campaña en el Estado el sábado 17. Esta clausura repentina, de la que no se conocen motivos oficiales, no puede responder a otra cosa que a un intento de sabotear la campaña de la Plataforma Unitaria.
Por si esto fuera poco, el oficialismo convocó a una “Mega Marcha” en La Victoria para el sábado. Se trata de una estrategia que no es nueva. El oficialismo ha venido organizando actos proselitistas casi adaptándose al calendario de la campaña opositora. En algunos casos coincidiendo y en otros días después. Tales eventos, en consonancia con las arbitrariedades con las que se busca obstaculizar la campaña opositora, no son sino otra demostración de quienes son los que parecen tener la delantera en la batalla por el 28 de julio, al menos en lo que respecta a hacer campaña.
Para cerrar, y como veníamos citando en anteriores entregas, no se han acabado las irregularidades en la gestión del proceso electoral. La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece (en sus artículos 36 y 37) que cada elector podrá presentar una solicitud de incorporación al Registro Electoral en los quince días posteriores a su publicación, y que el Registro Electoral preliminar podría ser impugnado en ese mismo período de tiempo. Sin embargo, al producirse tres días de retraso en el cronograma, el CNE acortó en la práctica el proceso, incumpliendo directamente los lineamientos de la ley.
Estas decisiones forman parte de las medidas para obstaculizar la participación de los venezolanos en el proceso electoral del próximo 28 de julio.
Nos vemos en la próxima entrega de Rumbo a las elecciones presidenciales de Venezuela: ¿qué pasó esta semana?
