Argentina
Para contextualizar, Latinobarómetro reveló que entre 1995 y 2020 en Argentina, un 60% o más prefería la democracia como modelo político por encima de cualquier otro, siendo el nivel más alto de apoyo registrado en 1995 (76%), a excepción de los años 2001 (crisis financiera) y 2018, períodos en los que se registró entre 60% y 62% de apoyo. Entre los años 2013 y 2018, el apoyo a la democracia habría caído 13% y la proporción de quienes opinaban que un autoritarismo es justificable bajo ciertas circunstancias se mantuvo en un promedio de 13% en ese mismo período, mientras que la indiferencia hacia el régimen político (personas a quienes les da lo mismo si hay democracia o no) aumentó 12 puntos. Este y otros indicadores registraron estas tendencias en toda la región, por lo que Latinobarómetro denominó el año 2018 como “annus horribilis” para la democracia en América Latina. En el año 2020, el apoyo a la democracia entre los encuestados aumentó 5 puntos, de 62% a 67%.
Avance de la Ley de Lemas
En el año 2022, al verse comprometidos algunos claustros del Poder provincial, varios peronismos provinciales decidieron adoptar nuevamente la Ley de Lemas. El 8 de septiembre de 2022, San Juan aprobó el retorno de la Ley de Lemas a niveles provincial y municipal, dejado sin vigor en 1999, denominándolo “Sistema de Participación Democrática Abierta” (SIPAD).
El 1 de noviembre de 2022 hizo lo mismo San Luis, instaurando la Ley de Lemas a nivel provincial y municipal, a la vez que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O), convirtiéndose así San Juan y San Luis en la cuarta (4ta) y quinta (5ta) provincia del país en usar el sistema hasta ese momento, siendo las otras 3 provincias Santa Cruz, Misiones y Formosa, estas últimas dos utilizándolo solo nivel municipal.
Cobertura de medios de comunicación
Tras el monitoreo de la cobertura que los medios de comunicación hicieron de la campaña electoral de 2021, la jornada de votación de 2021 y durante el último semestre de 2022, se determinó que el uso de recursos del Estado para beneficiar a una opción política y la compra de votos, relacionados con la corrupción y malversación de fondos públicos, son los tipos de categoría más reportadas. Las deficiencias logísticas, relacionadas con la gestión electoral, también fue una de las categorías más reportadas en las versiones digitales de los medios monitoreados. Otras categorías preocupantes, que acumulan gran cantidad de denuncias, son las relacionadas con el instrumento de votación. Estas principales categorías de denuncias fueron encontradas en 12 de las 24 jurisdicciones, mientras que las categorías de incumplimiento de la normativa de género, trashumancia electoral y destrucción de propaganda electoral sólo se registraron en 3 provincias.
En Argentina coexisten bajo un mismo régimen político nacional, otros 24 regímenes subnacionales con amplias diferencias en términos de integridad electoral y calidad democrática. Si bien para explicar estas diferencias, en general, se ha hecho hincapié en cuestiones políticas, en esta sección nos centraremos en la relación que existe con las instituciones económicas.
La principal institución que afecta la situación económica de las provincias hoy en día es la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), que es un mecanismo institucionalizado que determina una distribución, solidaria, de lo recaudado por impuestos nacionales entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales (provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Sin embargo, el federalismo fiscal es una ficción en Argentina. En solo 5 provincias los recursos de origen subnacional son más del 50% del total de ingresos (ver gráfico a continuación). Es decir, 19 de las 24 jurisdicciones subnacionales reciben más del Estado federal que lo que recaudan por tributos propios. Los mayores niveles de independencia económica se observan en CABA, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. Mientras que en el otro extremo se encuentran La Rioja y Santiago del Estero, jurisdicciones donde 91% y 84% de los ingresos totales corresponden a coparticipación de impuestos y transferencias nacionales. Como veremos, este mecanismo es determinante de la independencia fiscal de las provincias, lo cual a su vez impacta sobre el desarrollo de su sector privado, la competencia política y su integridad electoral.
La disponibilidad de información y datos sobre procesos electorales provinciales es deficiente en la mayoría de los distritos. Las solicitudes de información no obtienen respuestas adecuadas, lo que evidencia la necesidad de reformar el sistema para acceder a información pública. Actualmente, faltan datos post-electorales en un formato amigable y no se recopila información importante. Los tribunales electorales provinciales carecen de recursos para publicar información de manera adecuada, y la brecha digital afecta la integridad del sistema electoral. Es necesario fortalecer los recursos y herramientas para brindar acceso a información electoral oportuna y clara, lo que permitirá mejorar la integridad de los procesos electorales.
