Transparencia Electoral exige el cese de hostilidades y presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
Desde que finalizara la jornada electoral del 25 de junio de 2023, se han venido sucediendo una serie de presiones institucionales sin precedentes sobre el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala con la clara intención de afectar los resultados del proceso electoral administrado por este, y que culminó el pasado 20 de agosto con la segunda vuelta electoral entre Sandra Torres (UNE) y Bernardo Arévalo (Semilla).
El 13 de julio pasado, Transparencia Electoral se pronunció contra el primer allanamiento de la sede del Tribunal Supremo Electoral y la intensa judicialización del proceso electoral. Tras el amparo concedido por la Corte de Constitucionalidad se llevó a cabo un recuento de votos que fue certificado por el TSE y cuya veracidad fue nuevamente avalada por las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ya se había extralimitado en sus facultades la Fiscalía General en sus intentos de suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla, que desató el desconocimiento por parte de la Junta Directiva del Congreso de la República a los representantes electos por ese movimiento político, proceso que desde entonces ha sido revertido.
Dado que el 20 de julio hubo otro allanamiento a las oficinas de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral, el que se lleva a cabo el día de hoy sería el tercero, también por orden de la Fiscalía General, y en esta oportunidad involucrando al Departamento de Registro de Ciudadanos del TSE y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, donde se encuentran resguardadas las boletas utilizadas durante las jornadas electorales del 25 de junio y el 20 de agosto pasados.
Transparencia Electoral rechaza categóricamente estos esfuerzos por subvertir la voluntad expresada en las urnas en este proceso electoral y espera que las instituciones guatemaltecas hagan lugar a la razón y el Estado de Derecho para evitar la profundización de la crisis institucional que vive el país.
