Programa de Formación Salamanca 2026: Más de 80 participantes para pensar los desafíos de la integridad electoral
Transparencia Electoral organizó una jornada doble los días 29 y 30 de junio, en la Universidad de Salamanca para trabajar la discusión respecto de la integridad electoral que se desarrolló en siete paneles temáticos.
La universidad fue sede del Programa Internacional de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Electoral, organizado por Transparencia Electoral junto al Grupo de Transferencia del Conocimiento «Decisiones, Elecciones y Juegos» (DEGAM) de la propia Universidad, y acompañado por la Organización de los Estados Americanos a través de su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral. Durante dos jornadas, cerca de treinta especialistas —magistrados, académicos, consultores y representantes de la industria tecnológica, llegados desde Honduras, Guatemala, México, Colombia, Perú, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Brasil y España— se sentaron a compartir experiencia sobre un mismo problema visto desde ángulos muy distintos: qué hace falta, hoy, para que una elección sea íntegra.
El programa se organizó en siete paneles temáticos que, leídos en conjunto, dibujan un recorrido con lógica propia. Empieza con un diagnóstico de la salud democrática regional, pasa por la comunicación institucional y la gestión de crisis, se detiene en la desinformación como fenómeno estructurado, revisa el estado de la observación electoral internacional, examina el impacto de la inteligencia artificial, baja al terreno concreto de la tecnología y el registro civil, y cierra con la justicia electoral como última garantía institucional. Este artículo recorre esos siete tramos y se detiene en las ideas que, por su fuerza o por su incomodidad, vale la pena llevarse de Salamanca.
Un diagnóstico que empieza antes del día de la votación
El primer panel puso sobre la mesa los datos que enmarcaron todo lo demás. Gerardo de Icaza, Director de DECO-OEA, planteó que la integridad electoral descansa en dos pilares —actores responsables y proceso sólido— y advirtió que los organismos electorales terminan absorbiendo una desconfianza que en realidad proviene de fallas del Estado mucho más amplias: un desafío de legitimación que excede la gestión técnica de cualquier elección. Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral, presentó el Índice de Observación Electoral de América Latina 2026, que evalúa a 19 países en seis dimensiones: solo tres alcanzan Observación Plena (Colombia, Ecuador, Costa Rica), diez muestran déficits y tres registran observación fallida (Cuba, Nicaragua, Venezuela). Fátima García Díez, de la Universidad de Salamanca, cerró el panel con el dato que probablemente resume mejor el estado de ánimo general del programa: entre 1985 y 2005 las democracias del mundo pasaron de 43 a 94 según V-Dem, pero ese crecimiento se estancó y hoy retrocede. Su conclusión fue doble y quedó como una suerte de epígrafe para el resto del encuentro: las elecciones siguen produciendo alternancia, pero la erosión democrática empieza mucho antes del día de la votación y puede avanzar sin que se falsifique una sola papeleta.
La confianza se construye antes de la crisis
El segundo panel trasladó la conversación del diagnóstico a la práctica: cómo comunican los organismos electorales cuando la polarización ya está instalada. Maritza Martínez Aristizábal, magistrada del CNE de Colombia, describió un entorno donde la información falsa circula un 70% más rápido que la verificada, y propuso comunicar con evidencia y construir relaciones con medios y sociedad civil antes de que estalle la crisis, no durante ella. César Rossel, del TSJE de Paraguay, ofreció la ponencia más extensa del panel con una frase que podría titular todo el programa: la crisis no está en la elección, está en la confianza. Repasó la evolución paraguaya de las actas manuscritas a las máquinas de votación, presentó EMONITOR+, su plataforma de monitoreo que registró 66 ataques al TSJE en un solo mes, y cerró con tres lecciones que muchos de los paneles posteriores terminarían confirmando: la tecnología sola no genera confianza, la observación fortalece la institución, y ningún organismo enfrenta nunca una sola crisis a la vez. Fernando Domínguez Sardou completó el panel contrastando el caso de ONPE Perú 2026 —donde coincidieron una falla de prevención y una de reacción— con Argentina 2015, sostenido por transparencia y aval político, y dejó una sentencia que bien podría ser el lema de todo comunicador electoral: la confianza se gana antes de la crisis, o no se gana.
Desinformación: de fenómeno espontáneo a estrategia con manual de instrucciones
Si el panel anterior mostró la importancia de la confianza, el tercero mostró quién la ataca y cómo. Juan Carlos Galindo Vácha ilustró el punto más incómodo del programa con el caso colombiano de 2026, donde la desinformación fue documentada desde el propio Gobierno Nacional: el riesgo no siempre viene de afuera. Carlos Vidal Prado llevó la discusión al terreno jurídico español, mostrando cómo la Junta Electoral Central aprendió, litigio a litigio, a intervenir frente a plataformas tecnológicas cuando sus decisiones afectan la igualdad de condiciones en campaña. Alice Colombi aportó la pieza más empírica: documentó un patrón de «narrativa del fraude» repetido en siete países —de Brasil 2022 a Colombia 2026— y mostró, con el caso peruano de abril de 2026, cómo el volumen de ataques narrativos se dispara 78 veces el día de la elección. Samira Saba cerró con una idea que quedó resonando en paneles posteriores: la inteligencia artificial no inventó la desinformación electoral, la industrializó. Presentó el prebunking —anticipar narrativas antes de que escalen— y un dato notable sobre Brasil: el 93% de las fuentes que cita un modelo de IA generativa ante preguntas desafiantes provienen del propio Tribunal Superior Electoral, prueba de que una autoridad con presencia digital sólida termina siendo la fuente que la máquina prioriza.
Observar bien no alcanza si nadie actúa después
El cuarto panel giró hacia uno de los instrumentos más antiguos de la comunidad internacional para proteger elecciones: la observación electoral. Víctor C. Pascual Planchuelo trazó un mapa conceptual que distingue observación, acompañamiento, asistencia técnica, supervisión y veeduría, y advirtió sobre el fenómeno del «acompañamiento intervenido» —misiones sin independencia real— ilustrado con el uso geopolítico que Rusia le dio a su propio aparato de observación tras las revoluciones de color de la década de 2000. Verónica Álvarez, de DECO-OEA, aportó el dato que probablemente más debería inquietar a quienes diseñan programas de fortalecimiento institucional: entre 2016 y 2024 la confianza ciudadana en las autoridades electorales latinoamericanas cayó del 47% al 34%, pese a que la OEA ha observado más de 330 elecciones desde 1962. De sus más de 4.000 recomendaciones formuladas entre 2011 y 2024, solo el 53% tuvo algún grado de implementación. Su conclusión fue clara: sin sistematización y sin seguimiento, la observación corre el riesgo de convertirse en un ritual sin consecuencias. Joelson Dias, ex Ministro del Tribunal Superior Electoral de Brasil, sumó una mirada desde la experiencia judicial sobre los alcances y límites de esa misma figura en su país.
La inteligencia artificial no reemplaza al juez, pero cambia las reglas del juego
El quinto panel llevó la conversación al terreno que atraviesa a todos los anteriores: qué hacer, en la práctica, con la inteligencia artificial. Alejandro Tullio, con una trayectoria de décadas administrando elecciones en Argentina, propuso tres pilares no negociables para confiar en cualquier sistema de IA electoral: trazabilidad del dato, reversibilidad de la decisión y explicabilidad del proceso. Presentó el concepto de «fraude del consentimiento» —una patología digital que no falsifica el recuento sino la voluntad del elector mediante microsegmentación psicográfica— ilustrado con el caso de Rumania 2024, donde una operación coordinada en TikTok llevó a un candidato del 3% al 22% de intención de voto y terminó en la anulación judicial de la elección, no por fraude en el conteo sino por vicio en el consentimiento. Indra Group aportó los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas español: la emoción dominante frente a la IA es la incertidumbre, con apenas 3% de confianza ciudadana y 87% de la población exigiendo regulación. Rodrigo Panero, de la firma MIDAT 1, cerró el panel con una propuesta técnica centrada en la soberanía del dato: microsegmentación territorial y de diáspora, monitoreo institucional on-premise y sistemas de alerta ante narrativas adversas, todo alojado en infraestructura controlada por el propio organismo electoral, sin dependencia de proveedores externos.
De la urna al padrón: la tecnología que se demuestra, no se declara
El sexto panel —el más extenso del programa, con siete ponencias— bajó del plano doctrinal al terreno operativo. Mario Novoa, de EVoting, contó cómo el Sistema de Integridad Electoral desplegado en Honduras 2025 sostuvo la confianza pública cuando la transmisión oficial falló, con una desviación máxima de apenas 0,09% respecto al resultado oficial. María Campins presentó TIVI, el sistema de voto por internet inspirado en la experiencia estonia, que reemplaza la fe por la verificación matemática. Álvaro Mauricio Llanos Ayala mostró cómo Colombia usó la tecnología para nivelar la cancha entre partidos grandes y pequeños. CGTS resumió su filosofía en una frase que bien podría ser el lema de todo el panel: la confianza electoral no se declara, se demuestra. Carmen Velarde, del RENIEC peruano, recordó que toda la arquitectura de integridad electoral empieza mucho antes de la boleta: en el registro civil, con una cobertura de identificación del 99,2% sobre 37 millones de peruanos. La Junta Central Electoral de República Dominicana mostró la evolución de la cédula hasta convertirla en el documento de identidad mejor calificado de la región, y Josie Thum, de Privacy International, cerró con la advertencia necesaria: identificar bien y proteger bien no son la misma tarea, como mostró el caso de la Boleta Única argentina de 2025, que no garantizó el voto secreto para personas con discapacidad visual.
La independencia judicial, puesta a prueba
El séptimo y último panel abordó el terreno que sostiene a todos los demás: qué pasa cuando la disputa electoral llega a los tribunales. Mario Flores Urrutia, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, definió la independencia judicial electoral no como un privilegio de los jueces sino como una garantía ciudadana, y mapeó las presiones políticas, mediáticas, sociales, digitales e institucionales que hoy enfrenta un juez electoral. Mario Alexander Velásquez Pérez llevó ese marco al terreno más incómodo posible: el relato, casi hora por hora, del asedio judicial que sufrió el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala en 2023 —amparos, allanamientos, órdenes de captura— y la respuesta institucional que logró reducir la conflictividad electoral en un 83% entre 2015 y 2023. Hugo Molina Martínez presentó la elección judicial mexicana de 2025, sin precedentes en la región, con una participación de apenas 13% del padrón. Esther Terova Cote cerró el programa con una idea que funciona como síntesis de las dos jornadas: la confianza institucional electoral no es un logro definitivo, es un valor que debe renovarse en cada elección.
Tres convenios que convierten el diálogo en compromiso
Más allá del intercambio de ideas, el programa dejó resultados institucionales concretos. En su marco se firmaron convenios de colaboración entre Transparencia Electoral y tres instituciones clave de la región: la Junta Central Electoral de República Dominicana, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (México) y la Secretaría Electoral Permanente de la Provincia del Chubut (Argentina). Los tres acuerdos formalizan líneas de cooperación técnica, intercambio de buenas prácticas y acompañamiento mutuo que, en la lógica de cualquier programa de fortalecimiento institucional, son precisamente lo que distingue un encuentro académico fecundo de uno que además deja infraestructura de trabajo conjunto para los años siguientes.
Un cierre que ya mira hacia la próxima edición
Al cerrar el programa, Transparencia Electoral agradeció a la Universidad de Salamanca y a DEGAM, a la OEA, a las empresas auspiciantes —Indra Group, LinkTIC, Smartmatic, EVoting y CGTS— y a cada uno de los ponentes que viajaron desde tantos países distintos, y anunció que el próximo año se celebrará una nueva edición del programa. La razón de fondo quedó dicha, de una u otra forma, en casi todos los paneles: la integridad electoral no se sostiene sola, se construye en el diálogo entre quienes organizan las elecciones, quienes las observan, quienes las juzgan y quienes piensan sus problemas desde la academia.
Para quienes trabajamos en el diseño, la implementación y la evaluación de este tipo de programas, Salamanca 2026 deja además una lección de método que conviene no perder de vista: los paneles que más resonaron no fueron los que presentaron una solución única, sino los que pusieron en la misma sala a quien diagnostica el problema, a quien lo enfrenta en el terreno y a quien debe juzgarlo cuando todo lo demás falla. Sostener ese triángulo —academia, práctica institucional y garantía judicial— en cada edición futura es, probablemente, el criterio más simple y más exigente para medir si un programa de fortalecimiento de capacidades está cumpliendo su propósito.
