Mujeres en el poder en América Latina y el Caribe: avances, brechas y el desafío de la democracia paritaria

Las mujeres en el poder: logros históricos y retos pendientes

En América Latina y el Caribe, las mujeres han conquistado espacios que durante siglos les fueron vedados. Gracias a luchas feministas, reformas legislativas y la implementación de acciones afirmativas, la región es hoy líder mundial en representación femenina en parlamentos, con un promedio del 35.8% de escaños ocupados por mujeres (ONU Mujeres, 2023). Países como México, Nicaragua y Cuba han alcanzado la paridad legislativa, mientras que Argentina y Costa Rica superan el 40% de representación femenina en sus congresos nacionales.

Los avances también se reflejan en el ámbito ejecutivo: el 28.7% de los ministerios en la región están encabezados por mujeres. Estos logros no han sido concesiones, sino conquistas feministas resultado de décadas de activismo, exigencia civil, complejas gestiones y negociaciones políticas. América Latina es referencia global en cuanto a la presencia de mujeres en la toma de decisiones, con una representación parlamentaria superior al 27% del promedio global (UIP, 2023). Sin embargo, los avances alcanzados no garantizan la irreversibilidad de la igualdad política.

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y todos los días debemos recordar que ninguno de estos logros ha sido una amable concesión; son conquistas en riesgo, porque el retroceso está cerca siempre. La democracia paritaria es un ideal lejano en muchos espacios de poder, y las cifras revelan que la desigualdad entre mujeres y hombres sigue estructuralmente arraigada con tal poder que pareciera natural, cuando no lo es. Los cambios son posibles y urgentes. 

Brechas de desigualdad en la política: exclusión y barreras invisibles

A pesar de los logros, las mujeres siguen topándose con techos de cristal y muros de concreto en su acceso al poder. Nueve países de América Latina tienen menos del 20% de representación femenina en sus parlamentos, y el caso más extremo es Haití, donde solo el 2.5% de los escaños legislativos están ocupados por mujeres (CEPAL, 2023). A nivel local, la brecha es aún mayor: apenas el 15.4% de las alcaldías en la región están lideradas por mujeres.

Pero los promedios ocultan desigualdades aún más profundas. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, jóvenes, migrantes, con discapacidad y de la diversidad de género, enfrentan barreras adicionales para acceder a candidaturas viables y ejercer poder plenamente y de manera autónoma. En la mayoría de los países, su representación sigue siendo marginal, reflejando el racismo y clasismo estructural que aún persiste en los sistemas políticos. La interseccionalidad es clave para comprender que no todas las mujeres viven la discriminación de la misma manera: la exclusión es más severa para aquellas con identidades múltiples y vulneradas. 

Otra barrera crítica es la violencia política contra las mujeres, cuyo propósito es expulsar a las mujeres de la esfera política y regresarlas a la esfera privada, concretamente al espacio doméstico. Muchas mujeres en cargos públicos enfrentan acoso, amenazas y ataques, tanto físicos como digitales, con el objetivo de anular y menoscabar sus derechos político-electorales. La violencia contra las mujeres en la política es un grave fenómeno cuya regulación debería hallarse en el primer lugar de problemas públicos a resolver por los Estados. 

Sin embargo, tan solo 6 países de América Latina han reformado sus leyes para reconocer y sancionar la violencia política contra las mujeres: Bolivia, Argentina, México, Paraguay, El Salvador y Honduras. Otros han avanzado en la incorporación de la violencia política contra las mujeres en sus legislaciones como Perú, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Brasil. Urgen menos discursos y más soluciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. 

Paridad política: entre avances normativos y desafíos estructurales

América Latina ha dado pasos firmes hacia la democracia paritaria, con 18 países que han adoptado leyes de paridad y/o cuotas de género para cargos electivos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Guyana; (OEA, 2023). Estas normativas han sido resultado de la presión de redes de parlamentarias y movimientos feministas institucionales, que hallan su soporte en el movimiento organizado de mujeres y en los movimientos feministas civiles. 

Aunque algunos países no cuentan con leyes específicas de cuotas, han implementado medidas y políticas para promover la participación política de las mujeres. La efectividad de estas leyes varía según el contexto político y social de cada nación, y su implementación ha sido fundamental para avanzar hacia una representación más equitativa en la región; no obstante los avances, cuando los hay, son lentos y entrañan un alto costo para las mujeres que participan en la disputa del poder público. 

Así, los avances en materia de paridad en el papel no siempre se traduce en paridad sustantiva. Persisten prácticas bastante sofisticadas de simulación, como ubicar a mujeres en candidaturas de distritos no competitivos o en cargos sin presupuesto ni influencia real, incluso creando cargos de ornamento para asignarlos a mujeres. En otros casos, mujeres ocupan el espacio de poder, sin poder. A nivel subnacional y en otros poderes del Estado, la aplicación de la paridad sigue siendo una asignatura pendiente. Se requiere fortalecer los mecanismos de cumplimiento y sancionar las prácticas que buscan defraudar las normas de igualdad y paridad en la política.

Pero el mayor desafío sigue siendo el tiempo. Si el ritmo de avance se mantiene como hasta ahora, la región tardaría 53 años en alcanzar la paridad plena en la toma de decisiones (ONU Mujeres, 2024). A nivel global, la igualdad de género en los parlamentos no se alcanzaría hasta 2063, y la paridad en las más altas esferas del poder podría demorar hasta 130 años más (UIP, 2023). No podemos permitirnos esperar un siglo para que más de la mitad de la humanidad ejerza su derecho a gobernar en igualdad de condiciones y en contextos libres de violencia.

La democracia ha de ser paritaria o no será 

Un sistema democrático que excluye o subrrepresenta a las mujeres es, por definición, una democracia deficitaria. Numerosos estudios han demostrado que la participación de las mujeres en la política fortalece la gobernabilidad, enriquece la agenda pública e impulsa políticas en áreas clave como educación, salud, justicia social y equidad de género. 

Por el contrario, la falta de mujeres en el poder perpetúa desigualdades estructurales. La escasa presencia de ellas en altos puestos de decisión se ha correlacionado con menores avances en políticas de igualdad salarial, derechos reproductivos, corresponsabilidad en los cuidados y erradicación de la violencia de contra las mujeres.

Como lo ha señalado Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: “La igualdad de género no es un favor ni una concesión. Es un derecho y un requisito indispensable para el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades”.

La democracia sin mujeres es una democracia deficitaria. Sin su participación equitativa, se pierden talentos, perspectivas y capacidades que podrían transformar profundamente las naciones. Los Estados deben garantizar leyes de paridad efectivas, aplicar sanciones por violencia política contra las mujeres y erradicar el machismo y la misoginia de las instituciones. La democracia paritaria no es un objetivo lejano, es una necesidad urgente porque una democracia sin mujeres no es democracia. Porque ninguna decisión que les afecta debe tomarse sin las mujeres en la mesa. 

En este 8 de marzo, no solo conmemoramos las conquistas feministas de la agenda de derechos de las mujeres, sino que exigimos acelerar la marcha hacia la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida social y especialmente en la vida política. Cada diputada, ministra, alcaldesa y lideresa comunitaria ha abierto camino gracias a los derechos que les fueron heredados por generaciones de mujeres no lograron ejercer un solo derecho.

Por todas, la democracia ha de ser paritaria, o no será.

Fuentes: 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2023). Democracia paritaria en las Américas: Avances y desafíos.

Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres). (2023). Democracia y desigualdad de género en América Latina y el Caribe.

Unión Interparlamentaria (UIP). (2023). Women in Politics 2023: Global and regional trends.