La narrativa del fraude electoral en América Latina: el caso peruano y el reto de preservar la confianza democrática
La instalación discursiva de los hechos políticos corre, gracias a internet y a las redes sociales, a una velocidad que vulnera las posibilidades efectivas de contener, morigerar o revertir la lógica mediante la que fenómenos irreales producen efectos en el mundo real, como la desinformación o las narrativas de fraude electoral que llevaron a Perú a entrar en una grave crisis institucional en la última elección.
Por Alice Colombi
Introducción
El 12 de abril de 2026, las elecciones generales de Perú arrancaron con una crisis logística de envergadura. Fallas en la distribución de los materiales necesarios para los comicios provocaron que múltiples centros de votación de Lima abrieran con demoras de hasta seis horas o permanecieran completamente cerrados. A ello se sumaron problemas en el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que retrasaron la instalación de mesas en locales que habían abierto con puntualidad. Frente a la magnitud del problema, tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adoptaron una medida sin precedentes: ampliar el proceso electoral hasta el lunes 13 de abril, con el fin de garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos que no habían podido ejercerlo.
En el espacio digital, la jornada electoral se reflejó desde las primeras horas en una alta concentración de contenidos relacionados con el desarrollo de los comicios en tiempo real. En medio del caos logístico, apenas una hora después de que abrieran las primeras mesas, cientos de cuentas en X comenzaron a publicar mensajes sobre un supuesto fraude electoral. No había pruebas. Tampoco hacían falta: la narrativa no pretendía documentar un hecho, sino instalarlo.
Según un análisis realizado por el medio peruano OjoPúblico, la operación partió de un núcleo inicial de 53 cuentas en X que actuaron como semilla de una amplificación masiva y al mediodía del día electoral los hashtags #fraudeelectoral, #fraudealavista y #esfraude registraban cada uno cerca de 100.000 publicaciones por hora. Lo que había comenzado como una deficiencia operativa se convirtió, en cuestión de horas, en una crisis institucional de alcance nacional.
Un terreno fértil: el contexto peruano
Perú llega a las elecciones de 2026 con una acumulación de fragilidades que hacen especialmente propicio el terreno para este tipo de operaciones. La polarización política es alta, la desconfianza en las instituciones electorales lleva años erosionada y el recuerdo de las elecciones de 2021 sigue presente.
En 2021, las alegaciones postelectorales sin prueba formal se convirtieron en un asedio sistemático al JNE: cientos de solicitudes de nulidad rechazadas, movilizaciones, violencia esporádica y, sobre todo, una erosión duradera de la confianza institucional que no desapareció con el recuento final de votos. Vistos desde hoy, esos comicios ya contenían los ingredientes de lo que cinco años después volvería a fermentar: la narrativa del fraude sobrevivió al resultado y se convirtió en el sustrato sobre el cual se desarrolló la campaña de 2026.
A continuación, se muestran los resultados de un ejercicio de monitoreo del discurso político en X en torno a denuncias de un supuesto fraude electoral entre el 1 y el 26 de abril. Los datos provienen de búsquedas estructuradas realizadas mediante la herramienta Apify sobre un corpus de palabras clave que combina el término ‘fraude’ con múltiples expresiones asociadas al proceso electoral. El pico del 12 de abril (6 720 tweets, equivalentes al 35,3% del corpus total de 19 058 publicaciones analizadas) coincide con la jornada electoral, evidenciando la activación súbita de este ecosistema narrativo alrededor del evento.
Figura 1 Evolución diaria del volumen de tweets (1-26 de abril de 2026)
Fuente: elaboración propia.
En la fase pre-electoral (1-11 abr) el volumen fue bajo, pero con presencia de denuncia preventiva de fraude, anticipando irregularidades antes de que ocurrieran. El 12 de abril (día electoral) marcó una inflexión en el volumen de publicaciones: 6,720 tweets frente a una media de 86 por día en el período previo. Dentro de ese día la actividad fue mínima hasta el mediodía, los ataques institucionales arrancaron a las 14h y escalaron al máximo entre las 16h y las 22h. La exigencia de nulidad se disparó a partir de las 19h, en paralelo al avance del escrutinio. En la fase post-electoral (13-26 abr) la cobertura factual ganó peso relativo (seguimiento del escrutinio), pero los ataques institucionales y las denuncias de fraude se mantuvieron elevados, mostrando que la narrativa de impugnación no se disipó con el cierre de urnas. Cabe destacar que el corpus registra la presencia de un contra-discurso activo: 2.302 tweets clasificados como desmentido de fraude buscaron refutar las acusaciones en tiempo real, lo que da cuenta del elevado nivel de polarización que caracterizó el debate público en torno al proceso electoral.
Figura 2 Distribución de narrativas principales por período electoral.
Fuente: elaboración propia.
Figura 3 Evolución horaria de las narrativas principales el día electoral.
Fuente: elaboración propia.
El discurso que circuló durante la jornada se articuló en torno a tres ejes principales que respondían a una misma lógica de deslegitimación. El primero concentró sus demandas en la figura del entonces director de la ONPE, Piero Corvetto, exigiendo tanto la anulación del proceso electoral como la imposición de sanciones penales y económicas contra su persona. El segundo atribuyó intencionalidad a las fallas operativas de la jornada, reinterpretándolas no como el resultado de una deficiencia institucional sino como acciones deliberadas, encuadrando así el caos logístico como expresión de una voluntad política. El tercero extendió esa lógica al conjunto del proceso, sosteniendo que los organismos electorales habrían actuado con parcialidad sistemática: una narrativa de fraude que no se limitaba a los incidentes de la jornada, sino que abarcaba el cómputo de resultados y la organización completa de los comicios. Los tres ejes convergían en una misma operación discursiva: la atribución de intencionalidad a lo que, en principio, se presentaban como imperfecciones técnicas de la jornada.
Esta lógica de deslegitimación no fue exclusiva de un sector político. La acusación de que los organismos electorales actuaban con parcialidad fue lanzada simultáneamente desde bandos opuestos, cada uno convencido de que el fraude favorecía al adversario.
En ese marco, la figura de Corvetto concentró una parte significativa de los ataques. Lo que comenzó como una crítica a la gestión institucional de la ONPE derivó progresivamente hacia un proceso de personalización del conflicto, en el que la responsabilidad colectiva de un organismo fue reducida a la responsabilidad individual de su titular. Piero Corvetto fue acusado simultáneamente de favorecer a la izquierda y a la derecha, lo que revela que su figura aglutinó las acusaciones de todos los sectores, independientemente de su signo político. Los días posteriores a la elección estuvieron marcados por una crisis institucional de considerable magnitud, en cuyo transcurso Piero Corvetto presentó su renuncia y quedó sometido a investigaciones fiscales por presunto delito de colusión.
En lo que respecta a los focos temáticos de las críticas, las actas y el conteo de votos concentraron la mayor atención, con cerca de 2.800 menciones, lo que las sitúa muy por encima del resto de aspectos identificados. El fraude en mesas ocupó el segundo lugar con aproximadamente 1.350 menciones, seguido de la exigencia de nulidad (788). Con una presencia considerablemente menor, pero significativa, figuraron los cuestionamientos a los sistemas informáticos (345), las denuncias relacionadas con personeros y testigos electorales (252) y las críticas a la fiscalización del proceso (199).
Figura 4 Principales focos temáticos de las críticas al proceso electoral.
Fuente: elaboración propia.
De las redes sociales a la opinión pública: cómo se propaga la narrativa del fraude
Lo ocurrido en Perú el 12 de abril de 2026 es solo el caso más reciente que demuestra que el espacio digital puede ser instrumentalizado para desplegar estrategias encubiertas de distorsión narrativa con fines políticos, y que dichas operaciones son ejecutables, escalables y capaces de producir consecuencias institucionales concretas incluso cuando sus impulsores fracasan en su objetivo inmediato de desconocer un resultado.
Múltiples análisis técnicos realizados en el marco de misiones de observación electoral de la Unión Europea en el último lustro han mostrado que estas operaciones arrancan desde un núcleo pequeño de cuentas que actúan como semilla, y que las redes sociales constituyen su principal vector de amplificación.
El recorrido típico se inicia en X, plataforma que conserva un papel central en el debate político latinoamericano: los propios medios de comunicación nacionales la utilizan de forma sistemática para fijar la agenda informativa, lo que convierte cualquier publicación con suficiente tracción en un insumo casi inmediato para la cobertura periodística. Es en ese momento cuando actores con audiencias consolidadas como políticos, figuras mediáticas y redes transnacionales recogen el relato y lo proyectan al debate público generalizado, antes de que este migre hacia otros entornos digitales (i.e.: Facebook, TikTok, WhatsApp) donde alcanza a segmentos del electorado con perfiles, hábitos de consumo y niveles de exposición mediática muy distintos. Esta cadena de propagación multiplataforma no solo extiende el alcance del mensaje, sino que lo adapta y lo reinventa en cada salto, dificultando su corrección y amplificando su alcance. El resultado es que el impacto de estas narrativas rara vez queda confinado al espacio digital: se filtra hacia la conversación pública general y, con ella, hacia la percepción que amplios sectores de la ciudadanía construyen sobre la legitimidad del proceso electoral.
En realidad, estas operaciones no buscan simplemente impugnar una elección: buscan instalar una duda que sobreviva al recuento, que mute en el tiempo y que a menudo termina sentando las bases de la siguiente campaña. La narrativa del fraude no termina con el cierre de las urnas; persiste, evoluciona y reaparece con nuevos argumentos sobre los mismos cimientos.
El patrón regional
La experiencia comparada en la región demuestra que la narrativa del fraude puede ser instrumentalizada como estrategia política para deslegitimar adversarios, movilizar bases electorales y, en última instancia, desestabilizar resultados. Su principal ámbito de difusión es el espacio digital, donde se propaga con una velocidad que supera sistemáticamente la capacidad de respuesta institucional. El objetivo estratégico no es necesariamente ganar una elección, sino hacer imposible que el adversario gobierne con legitimidad si la gana.
En los últimos años, el seguimiento sistemático de procesos electorales en el continente ha permitido documentar variaciones del mismo patrón en múltiples países, con intensidades y consecuencias institucionales distintas, pero con una lógica de operación reconocible. El origen de la narrativa varía según el caso.
Las elecciones de Brasil de 2022 ofrecen el ejemplo más documentado de una narrativa del fraude impulsada directamente desde el poder ejecutivo. El cuestionamiento sistemático del sistema de voto electrónico construyó durante meses un ecosistema de desinformación cuyo propósito era preparar el terreno para desconocer cualquier resultado adverso. Las consecuencias fueron graves y duraderas: la erosión de la confianza institucional no se disipó con la victoria de Lula, y la transición de poder estuvo acompañada de movilizaciones que culminaron en el asalto al Congreso, el Tribunal Superior Electoral y el Palacio presidencial en enero de 2023. Cuando la narrativa del fraude cuenta con el respaldo del ejecutivo, su capacidad de daño se multiplica de forma exponencial.
En ocasión de las últimas elecciones presidenciales de Paraguay, el supuesto fraude fue anunciado antes de que cerraran las urnas. La instalación de la narrativa antes del escrutinio es una de las características más sofisticadas de estas operaciones, porque predispone a la audiencia a rechazar cualquier resultado que la desmienta. La narrativa circuló y cumplió su función (movilizar, deslegitimar, sembrar caos) independientemente de su veracidad.
Las elecciones de Guatemala en 2023 representan el caso más extremo de captura institucional como amplificador de la narrativa del fraude: un escenario en el que no fueron actores externos quienes cuestionaron el resultado, sino las propias instituciones del Estado. La fiscalía y los tribunales intentaron anular el resultado electoral e inhabilitar retroactivamente al partido ganador. Cuando los árbitros dejan de ser árbitros, la democracia enfrenta su escenario de mayor riesgo.
En las más recientes presidenciales de Honduras la narrativa del fraude fue construida y difundida como estrategia política desde semanas antes de los comicios, con respaldo activo desde el interior del propio organismo electoral. Los problemas registrados en el sistema electrónico de transmisión de resultados durante la jornada electoral ofrecieron una base aparentemente técnica sobre la que anclar las acusaciones previas. Aunque las misiones de observación electoral nacionales e internacionales concluyeron que el proceso no había sido fraudulento, el discurso se instaló y causó un daño institucional grave. Honduras ilustra cómo una imperfección técnica, real o magnificada, puede ser interpretada como prueba de fraude sistémico cuando quienes deberían desmentirla son quienes la alimentan.
En las últimas presidenciales de Ecuador, la pronta respuesta de actores internacionales y nacionales contribuyó a contener las denuncias de fraude antes de que se consolidaran. Tras la derrota en segunda vuelta, la denuncia inmediata de «fraude grotesco» sin ninguna prueba fue amplificada regionalmente por el expresidente Correa y algunos aliados regionales. Sin embargo, la narrativa fue neutralizada con rapidez: la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea descartaron irregularidades sistemáticas, las reclamaciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral tras la segunda vuelta solicitando la anulación de los resultados fueron desestimadas por falta de evidencias y la falta de cohesión interna dentro del propio correísmo privó a la operación de la masa crítica necesaria para consolidarse. Este caso demuestra que estas narrativas pueden contenerse cuando coinciden una respuesta institucional oportuna y la ausencia de respaldo político interno, aunque cabe señalar que el amplio margen de ventaja del candidato ganador jugó un papel determinante: un resultado electoral claro e incontestable ofrece poco terreno en el que las denuncias de fraude sin evidencia puedan arraigar.
El mapa regional muestra que estas operaciones responden a una lógica consistente. El uso estratégico de la narrativa del fraude no es un fenómeno postelectoral: se manifiesta antes de la jornada, se intensifica durante el escrutinio y persiste mucho después de que los resultados han sido certificados. Su objetivo no es únicamente no reconocer una derrota, sino complicar cualquier victoria y mantener abierta una línea permanente de erosión institucional.
De los avances en detección a los retos de la respuesta
El caso peruano no respondió a una dinámica improvisada, sino a la ejecución local de un patrón documentado, transnacional y perfectamente reconocible para quienes llevamos años analizando este tipo de operaciones en América Latina y en otras regiones del mundo. Entender su estructura, rastrear sus antecedentes regionales, medir sus consecuencias institucionales y plantear estrategias de respuesta temprana es hoy una condición indispensable para defender la integridad de los procesos democráticos.
En el último quinquenio, la capacidad de detectar estas operaciones ha avanzado de forma sustancial. Las herramientas de análisis de redes sociales, la consolidación de metodologías de verificación y la experiencia acumulada en distintos contextos electorales permiten hoy rastrear estas narrativas desde su origen, identificar los nodos de coordinación inauténtica y exponerlos antes de que alcancen escala. Si saber reconocer el problema es una condición necesaria, el siguiente desafío que se plantea es convertir ese conocimiento acumulado en estrategias operativas que actúen en dos planos complementarios e interdependientes: el de la prevención y el de la respuesta ante la crisis.
Frente a operaciones que siguen patrones documentados y reproducibles, la respuesta más eficaz es la anticipatoria. Construirla exige que organismos electorales, plataformas digitales, partidos políticos y sociedad civil construyan con suficiente antelación los acuerdos, los protocolos y la confianza mutua que permitan actuar de manera coordinada antes de que la crisis se desencadene. Esta coordinación no puede improvisarse en el momento del conflicto: debe estar diseñada, ensayada y activada con anterioridad, en forma de coaliciones estables de actores con mandatos claros y canales de comunicación preestablecidos. No como declaración de principios, sino como arquitectura operativa lista para desplegarse.
¿Y cuando la prevención falla o llega tarde? Si el monitoreo en tiempo real muestra que la narrativa del fraude está ganando tracción, los datos dejan de ser meramente descriptivos para convertirse en insumos de decisión. La capacidad de análisis en tiempo real resulta determinante ante la crisis, ya que los hallazgos obtenidos permiten calibrar la respuesta con la prontitud que la situación exige. Cuando la narrativa del fraude ya está en circulación, el factor decisivo no es solo la calidad del desmentido, sino su oportunidad y su alcance. Una respuesta tardía o descoordinada entre actores con legitimidades distintas perdería eficacia con rapidez porque las redes sociales facilitan la consolidación de estas narrativas a una velocidad que los mecanismos institucionales tradicionales raramente pueden igualar. La respuesta debe ser tan puntual y coordinada como la amenaza que busca contener, porque la desinformación no espera.
