Transparencia Electoral rechaza la ratificación de la inhabilitación ilegal a María Corina Machado
Desde Transparencia Electoral observamos con profunda preocupación la ratificación, por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de la inhabilitación ilegal a María Corina Machado, así como la de Henrique Capriles Radonski.
Este accionar ha estado acompañado por las detenciones de los dirigentes de Vente Venezuela, Víctor Venegas, Juan Freites, Luis Camacaro, Tomas Sequera y Guillermo López, lo que se entiende como un ataque a la candidatura de Machado.
En octubre de 2023, más de 2 millones de ciudadanos venezolanos votaron en las primarias opositoras, en las que expresaron un abrumador apoyo a María Corina Machado como candidata unitaria de la oposición para las elecciones presidenciales que deben celebrarse este año. El desconocimiento de la voluntad popular expresada en este proceso organizado por la Plataforma Unitaria, al igual que la negativa a revocar su inhabilitación por presuntos cargos de “conspiración”, atentan contra los Acuerdos de Barbados y la posibilidad de llevar a cabo elecciones limpias y transparentes.
En “Así se vota en Venezuela”, nuestra organización ha documentado extensivamente las razones por las cuales las elecciones en el país carecen de integridad y ha detallado el desmantelamiento del sistema electoral y democrático venezolano que se dio entre 1999 y 2019. La proscripción de la candidatura de Machado, clara candidata presidencial de la oposición venezolana, bajo pretextos y cargos infundados, demuestra una falta de compromiso para lograr elecciones libres.
Desde Transparencia Electoral exigimos al gobierno venezolano resolver lo antes posible dicha inhabilitación ilegal y garantizar el derecho político a la participación de la candidata Machado, así como de cualquiera que se encuentre en la misma situación.
Esto es una medida indispensable, aunque insuficiente, para la celebración de elecciones democráticas. Sin garantías y reglas claras que permitan la libre postulación y competencia por cargos políticos, la arbitrariedad del gobierno a la hora de habilitar o revocar candidaturas, no hay lugar para elecciones libres y competitivas.
