EEUU exige un proceso veloz y transparente para habilitar a María Corina Machado como candidata en Venezuela
Por Bárbara Benetti
Coordinadora de la CAOESTE
Introducción
La persecución sistemática de los líderes políticos de la oposición venezolana ha estado marcada especialmente en lo que respecta a las inhabilitaciones ilegalmente impuestas. Este artículo busca arrojar luz sobre el mecanismo anunciado a partir del Acuerdo de Barbados para que los afectados soliciten el levantamiento de estas inhabilitaciones, explorando su origen, las razones detrás de las decisiones gubernamentales y la implicación de Estados Unidos en este complejo escenario.
La participación de Estados Unidos en este proceso de levantamiento de inhabilitaciones añade un elemento internacional a la dinámica política venezolana. La Administración de Joe Biden ha establecido condiciones y plazos, mostrando su preocupación por la situación de los derechos humanos y el juego democrático en Venezuela.
Dentro de los lineamientos acordados en el pacto de octubre con Estados Unidos, se espera que Caracas proporcione una respuesta a los candidatos que fueron ilegalmente inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales de 2024, otorgándoles así un marco legal, además de comprometerse a la liberación de aquellas personas detenidas de manera injusta. Se ha advertido sobre la posible re-imposición de sanciones económicas si el régimen de Maduro no cumple con ciertos compromisos, incluyendo el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Durante una charla en el centro de pensamiento Atlantic Council el pasado 5 de diciembre, el secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols,manifestó que “es clave tener un proceso expedito y transparente para autorizar la candidatura de la señora Machado”. Nichols considera estos pasos como “prometedores” pero lamenta que el régimen de Maduro aún no haya cumplido con las expectativas esperadas a pesar de la claridad de EEUU en que se debía reintegrar a todos los candidatos y liberar a todos los presos políticos venezolanos y a los estadounidenses presos.
Las inhabilitaciones políticas en Venezuela han sido una herramienta recurrente del gobierno, cuyo objetivo es el de eliminar la diversidad política en el país mediante elecciones que carecen de autenticidad y así permanecer en el poder de manera indefinida, especialmente utilizadas bajo la administración del dictador Nicolás Maduro. Al respecto, un informe de CEPAZ, estima que hay más de 1000 líderes políticos que han sido inhabilitados en los últimos 20 años. Estos intentos por socavar el pluralismo político en Venezuela para mantenerse indefinidamente en el poder a través de elecciones marcadas por la sombra de la falta de legitimidad, han sido cuestionados por organizaciones internacionales de derechos humanos. Es entonces cuando surgen las preguntas: ¿cómo y por qué se originan estos mecanismos?
Las inhabilitaciones son medidas que buscan restringir la participación activa de ciertos líderes en la vida política de Venezuela. Estas acciones suelen consistir en la prohibición de ejercer cargos públicos y, en algunos casos, la imposibilidad de presentarse como candidatos en elecciones. Desde la óptica del régimen venezolano, se argumenta que estas medidas se toman en respuesta a presuntas violaciones legales o conductas consideradas perjudiciales para la estabilidad y la seguridad nacional; una justificación claramente carente de validez debido a la falta de procesos judiciales transparentes a la aplicación de las mismas.
Por qué se aplican
Como se mencionó previamente, las inhabilitaciones se perciben como un instrumento para debilitar a la oposición y consolidar el poder del oficialismo. Acusaciones de conspiración, desestabilización y desacato a las instituciones del Estado suelen ser utilizadas como justificaciones.
El gobierno sostiene que estas inhabilitaciones buscan proteger el orden establecido y garantizar la continuidad de la Revolución Bolivariana, asegurando así la vigencia de los principios socialistas que consideran fundamentales para el bienestar del pueblo venezolano.
Mecanismos para el Levantamiento
Es en medio de esta presión internacional y las demandas de un proceso político más inclusivo, que se ha iniciado un mecanismo para el levantamiento de las inhabilitaciones. Este proceso presenta varias facetas que es crucial entender para evaluar su eficacia y legitimidad.
Procedimiento Establecido
El acuerdo entre la oposición y el gobierno establece un procedimiento que implica la presentación personalmente de recursos ante el TSJ.
Los demandantes deben acudir personalmente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023.
Por su parte, los demandantes se comprometieron a respetar la Constitución, honrar y defender la patria, y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político así como también, abstenerse de conceptos ofensivos contra las instituciones del Estado durante este proceso.
Conclusión
Todo esto, deja en evidencia que este procedimiento le da una ventaja al régimen de Maduro sobre los ilegalmente inhabilitados ya que estos, deben introducir ante un Tribunal claramente parcializado un recurso de amparo, donde no pueden referirse a dicho Tribunal como politizado. Además, deben comprometerse, sin garantía alguna, a aceptar cualquiera que sea la decisión del TSJ. No conforme con eso, se ha incluido en el procedimiento que los solicitantes hagan una declaración sobre la soberanía del gobierno de Venezuela sobre su territorio, en clara alusión al impasse con el Esequibo.
