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Transparencia Electoral condena ataques contra monitores electorales domésticos en Serbia

Transparencia Electoral condena rotundamente los actos de violencia, amenazas y ataques en contra de monitores electorales domésticos en Serbia, sucedidos tras las Elecciones Parlamentarias anticipadas del pasado 17 de diciembre, sobre todo de monitores pertenecientes el Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA, por sus siglas en inglés). Los ataques, provenientes de funcionarios públicos, restringen y comprometen el monitoreo electoral que lleva a cabo esta organización, además de poner en riesgo su seguridad y bienestar físicos. Quizás el más grave se dio durante la jornada electoral, en la que desconocidos destrozaron el vehículo de un observador en una comisaría de policía local mientras se informaba sobre irregularidades electorales.

Los informes publicados por el CRTA tras las elecciones del 17 de diciembre hacen referencia a graves irregularidades durante la jornada electoral que hacen dudar de la integridad del proceso electoral. Los ataques contra la organización son de carácter verbal, e implican intimidación e incitación a la intolerancia contra sus voluntarios. La retórica es impulsada por funcionarios gubernamentales que buscan desacreditar las conclusiones de la organización y acusarles de intentar derrocar el orden constitucional, una práctica común de regímenes híbridos y autocráticos.

Transparencia Electoral se solidariza con el CRTA, sus voluntarios y todos los monitores electorales ciudadanos que han enfrentado y aun enfrentan amenazas contra su derecho a observar el proceso electoral y defender el derecho ciudadano al voto. Lamentablemente, recientemente se han dado casos de persecución contra monitores electorales en Rusia, Zimbabue y Venezuela, que también hemos denunciado desde Transparencia Electoral.

Nos unimos al llamado de la Red Global de Monitores Electorales Domésticos (GNDEM), red a la que nuestra organización pertenece, para que las autoridades serbias responsabilicen a los funcionarios que impulsan la retórica violenta y ofensiva contra el CRTA y cumplan con su deber de proteger a los defensores de los derechos humanos en apego al derecho internacional humanitario.

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