Transparencia Electoral expresa preocupación por drástico recorte presupuestario al Consejo Nacional Electoral de Colombia

Transparencia Electoral expresa preocupación por el recorte presupuestario al Consejo Nacional Electoral de Colombia, establecido por medio del decreto no. 0069 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de ese país, en el que se reduce a menos de la mitad el presupuesto del ente comicial.
La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral conforman lo que en Colombia se denomina Organización Electoral. Si bien la Registraduría es la encargada de una gran parte de los procedimientos y operativos destinados a llevar a término los procesos electorales, al CNE también le competen facultades clave para la transparencia de los comicios, como las actividades relativas a la capacitación y acreditación de testigos electorales, la conformación de tribunales de garantías electorales y la realización del escrutinio general para declarar el resultado oficial de las votaciones.
Según la entidad, los recursos aplazados por decreto del Ejecutivo estaban destinados a las tareas derivadas de una veintena de elecciones atípicas que deben celebrarse este año, refiriéndose tanto a las elecciones de Consejos Municipales de Juventud a llevarse a cabo en octubre y cuyo cronograma inicia el 23 de febrero, como a las actividades preparativas para las Elecciones Congresales y Presidenciales de 2026.
Estas determinaciones van en contra de los principios internacionales de integridad electoral, dado que buscan inhibir la actuación de una institución cuyo objetivo es velar por la transparencia en los procesos electorales y garantizar la participación política efectiva y equitativa de todos los colombianos.
Los procesos electorales, como uno de los pilares fundamentales de los regímenes democráticos, deben contar con recursos y apoyo institucional adecuados para alcanzar niveles óptimos de integridad y transparencia.
En vista de esta situación, Transparencia Electoral insta a las autoridades del Ejecutivo Nacional y al Estado colombiano a tomar las medidas necesarias para que esta drástica reducción presupuestal no comprometa la calidad de los comicios pautados para 2026, y para garantizar que el Consejo Nacional Electoral pueda llevar a cabo sus responsabilidades de forma libre y sin injerencia indebida por parte de actores ajenos a la función electoral.