Por Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral
A pocas semanas de que Brasil viva una de sus elecciones generales más polarizadas, una decisión judicial ha encendido las alarmas sobre la transparencia del proceso. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió denegar la acreditación a la organización regional Transparencia Electoral para desplegar su Misión de Observación Electoral Internacional. Esta medida no solo rompe con una tradición de apertura técnica, sino que deja al descubierto un peligroso vacío legal que daña la credibilidad de las instituciones del gigante sudamericano. La exclusión resulta especialmente llamativa e inconsistente si se analiza el historial reciente del propio tribunal brasileiro. En los comicios presidenciales de 2022, el mismo TSE invitó y acreditó formalmente a Transparencia Electoral, resaltando su trayectoria e independencia. ¿Qué cambió en cuatro años para que una entidad con capacidad técnica demostrada y con quince años de trayectoria en América ya no sea apta para realizar sus tareas de observación? No hay una respuesta oficial coherente, si un alarmante doble estándar institucional. El núcleo del problema radica en que Brasil no cuenta con una ley aprobada por el Congreso que regule el monitoreo del voto. Todo se rige bajo una resolución interna del TSE (la número 23.678/2021), la cual deja la puerta abierta para que los magistrados de turno elijan discrecionalmente, según sus propias simpatías o criterios cambiantes, quién entra y quién se queda fuera. El «doble estándar» del tribunal brasileño quedó en total evidencia al revisar la lista de los observadores aceptados. Mientras el TSE veta a una ONG técnica de la sociedad civil de América Latina, decidió darle luz verde y acreditar a la Liga de los Estados Árabes. Resulta paradójico e irónico que un organismo electoral que dice defender los Derechos Humanos y la democracia representativa prefiera ser observado por un bloque compuesto mayoritariamente por regímenes autoritarios e híbridos —según las métricas del Índice de Democracia de The Economist— antes que por expertos electorales independientes.
El tribunal aplicó exigencias informales que ni siquiera están contempladas en sus propios reglamentos. Sin justificación técnica se nos exigió reducir drásticamente el tamaño de la delegación en un país que es prácticamente un continente. Además, en un acto de intromisión se nos exigió que los integrantes de la Misión no realicen aportes (fee) para solventar los costos logísticos que incluyen costos de aéreos y hospedajes. A diferencia de grandes aparatos burocráticos multinacionales fuertemente financiados por gobiernos (como la OEA o la Unión Europea), las ONGs independientes de la sociedad civil subsisten gracias a la autogestión de sus participantes. Otras reciben “cooperación internacional” que en realidad es ayuda de gobiernos por vía indirecta. Imponer estas barreras económicas de forma imprevista no es más que una estrategia para asfixiar la libre observación electoral y dañan algunas de las características propias de las elecciones íntegras como la participación efectiva y los controles cruzados. En este caso se lesionan seriamente estos dos elementos tendiendo un manto de sospecha sobre una autoridad electoral federal que viene perdiendo prestigio y confianza en los últimos procesos electorales. Este portazo institucional ocurre en el peor momento posible. De acuerdo con datos consolidados de la última medición de Latinobarómetro, el 63% de los ciudadanos brasileños encuestados percibe que las elecciones de su país sufren de fraudes parciales o totales, mientras que apenas un tímido 25% confía en las autoridades electorales federales. En un ambiente sumamente polarizado donde abundan las dudas cruzadas sobre los sistemas de voto electrónico, lo lógico hubiese sido abrir las ventanas del proceso para que entrara la mayor cantidad de luz posible. Restar observadores calificados solo alimenta los fantasmas de la sospecha ciudadana y daña severamente la legitimidad de quien resulte electo en las urnas. Ante este escenario adverso, Transparencia Electoral ya adelantó que planea elevar un recurso formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El fin no es solo defender un caso particular, sino blindar jurídicamente la observación electoral en toda América Latina para que sea respetada como un derecho civil básico de la ciudadanía y no como un capricho político de la autoridad electoral en turno. Las autoridades de Brasil de cara a una segunda vuelta deberán rectificar el rumbo y retomar el camino establecido en la Carta Democrática Interamericana. La salud de la democracia brasileña depende de que se garantice una fiscalización abierta, libre y verdaderamente transparente.
