Costa Rica ¿una democracia en peligro?

Eduardo Brenes

El 30 de octubre pasado Costa Rica, una de las democracias más sólidas y longevas de América Latina amaneció pensando que esa solidez de la democracia tal vez estuviera en peligro. El día anterior los cinco magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), órgano constitucional que vela por la administración y transparencia de las elecciones en este pequeño país centroamericano, habían aparecido todos juntos en cámaras, algo inusual para un tribunal cuya característica principal es la prudencia y la discreción, haciendo declaraciones muy fuertes por parte de su presidente Eugenia Zamora contra el presidente constitucional actual, Rodrigo Chaves Robles.

“Está amenazando la paz y la estabilidad política del país y eso es algo, le repito, que no podemos permitir” dijo la magistrada electoral con voz pausada pero firme. En 76 años de existencia del máximo organismo electoral de Costa Rica, ninguno de sus magistrados había tenido que salir al público con declaraciones tan fuertes contra un presidente en ejercicio. Un día antes, el presidente Chaves había salido en una de sus habituales conferencias de prensa, a despotricar contra la presidente del tribunal en su acostumbrado lenguaje soez y chabacano, acusándola de parcialidad y retándola a debatir en público y defenderse de los ataques que desde meses atrás vienen haciendo personas del entorno del presidente y del partido oficialista y su candidata, Laura Fernández.

Costa Rica inició el 1 de octubre la campaña electoral para la elección de presidente y diputados que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero.  Una elección envuelta en un ambiente de polarización extrema azuzado por el presidente y su entorno quien desde casi el inicio de su mandato, en mayo de 2022, se ha dedicado a atacar las instituciones de control del país de forma permanente. 

Los ataques del presidente de la nación contra la presidente del TSE iniciaron hace ya varios meses y están relacionados con decenas de denuncias contra el presidente por beligerancia política. La beligerancia política es una falta administrativa contemplada en la legislación costarricense que no le permite al presidente en ejercicio y sus ministros, durante los tres meses anteriores a la elección, hacer cualquier manifestación de favoritismo hacia algún candidato, o si quiera hacer recuentos de logros de su gestión de forma pública.  La sanción por cometer esa falta puede ser desde la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, hasta la destitución del puesto. El TSE en días pasados envió una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le levanten la inmunidad al presidente Chaves para poder llevar a cabo un proceso por beligerancia y eso causó la molestia del presidente.

Las palabras del presidente Chaves contra el TSE y su presidente insinuaron no solo parcialidad sino que algunos de sus allegados han hablado hasta de golpe de estado y el entorno chavista ha desatado una guerra sucia con mentiras y medias verdades desde las redes sociales, desacreditando una de las instituciones mejor valoradas entre los costarricenses y considerada una de los cuatro mejores organismos electorales del mundo.

El presidente Chaves hizo también mención a un posible derramamiento de sangre si el TSE  no dejaba de ser “parcial” según su parecer. La presidente del TSE cerró su mensaje al presidente diciendo de forma contundente: “Con esas credenciales, flanqueada por mis dos compañeras magistradas y mis dos compañeros magistrados, juezas y jueces igualmente probos, y acuerpada por 1.400 funcionarios y funcionarias electorales de amplia experiencia y mística probada, de los cuales ninguno, ni uno solo, fue nombrado por ningún gobierno de turno, dirigiré las elecciones nacionales 2026 y garantizaremos, una vez más, que las y los costarricenses puedan votar en un proceso electoral libre, en el que las leyes electorales se cumplan y la voluntad popular se imponga.”

El deterioro democrático que se vive a nivel mundial también se nota en la democracia más sólida de Centroamérica. Desde 2022 hasta hoy el presidente Chaves, un populista de manual que ganó las elecciones con un discurso antisistema y que desde que inició su gestión ha atacado a la prensa, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la fiscalía general de la República y a la Asamblea Legislativa, goza de gran popularidad y su gestión se ha basado en decir que ninguno de los órganos de control de la longeva democracia costarricense lo deja gobernar.

Su sucesora, Laura Fernández, una politóloga que fue anteriormente su ministra de planificación y de la presidencia, es hoy quien lidera las encuestas y pide a los costarricenses que le den una mayoría calificada de diputados en la futura elección para hacer “grandes cambios”, entre ellos aprobar la reelección indefinida, y poder suspender las garantías individuales como medida “de emergencia” ante la ola de violencia que azota al país y contra la que el gobierno de Chaves no ha podido hacer nada.

El máximo órgano electoral costarricense hizo esta advertencia del riesgo que corre la democracia costarricense. Viniendo de un organismo con tanto prestigio internacional hay que tomárselo en serio. Hay que estar atentos.