Transparencia Electoral: Daniel Ortega consuma en Nicaragua su proyecto autocrático con la eliminación de las elecciones

La reciente declaración de Daniel Ortega, emitida durante el 47 aniversario de la Revolución Sandinista en julio de 2026, marca el punto de no retorno para Nicaragua. Aunque ya se habían eliminado el pluralismo político, la independencia de los poderes y las libertades, al afirmar categóricamente que “aquí no volverá a haber elecciones” para evitar que la oposición intente “atrapar el poder”, el régimen de los Ortega-Murillo ha dejado de fingir el cumplimiento de los estándares mínimos de integridad electoral. Para Transparencia Electoral, esta confesión no es un hecho aislado, sino el cierre de un ciclo de autocratización que ha sido documentado exhaustivamente, especialmente en la obra del politólogo y exiliado José Antonio Peraza, “Así se vota en Nicaragua”, publicada por esta organización como parte de su labor de monitoreo regional.
El anuncio de 2026: El fin de la máscara legal
Durante años, el régimen sandinista utilizó la celebración de comicios como un mecanismo de legitimación ante la comunidad internacional, a pesar de que se criminalizaba a la oposición para garantizar la continuidad de Ortega. Sin embargo, la declaración de que no permitirá más procesos electorales para que los “vendepatria” no tomen el gobierno confirma que el país ha transitado de una autocracia electoral a una dictadura abierta que gobierna exclusivamente por la fuerza. Como señala Leandro Querido en el prólogo del libro, Nicaragua es un caso donde “la democracia se desmoronaría progresivamente hasta el deplorable estado en el que se encuentra hoy”.
Este anuncio se produce tras una reforma constitucional a principios de 2025 que ya había sentado las bases para este desenlace, al convertir a Rosario Murillo en copresidenta, ampliar el período presidencial y eliminar los contrapesos institucionales restantes. La reacción de la comunidad internacional ha sido de condena absoluta; el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, calificó las palabras de Ortega como una muestra de “cobardía” y un temor a la voluntad popular, advirtiendo que la dictadura de los Murillo-Ortega representa una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad regional.
El camino hacia la autocratización: De la democracia al control total
Para entender cómo Nicaragua llegó a este punto, es imperativo revisar el análisis forense que José Antonio Peraza realiza en “Así se vota en Nicaragua”. El libro detalla cómo la destrucción de la institucionalidad nicaragüense comenzó con una herramienta paradójicamente política: el Pacto entre Arnoldo Alemán (PLC) y Daniel Ortega (FSLN) en 1999 y 2000.
Este acuerdo, justificado bajo una falsa premisa de “estabilidad política por cincuenta años”, fue en realidad un reparto de cuotas de poder. Sus dos pilares fueron:
- Garantizar la impunidad de Alemán mediante una diputación constitucional que le otorgaba inmunidad tras salir de la presidencia.
- Facilitar el regreso de Ortega al poder, reduciendo el umbral de votos necesario para ganar la presidencia en primera vuelta al 35% (si existía una diferencia del 5% con el segundo lugar), eliminando así la necesidad de una segunda vuelta que el sandinismo no podía ganar.
Este pacto no solo alteró la Constitución, sino que partidizó los órganos electorales. El Consejo Supremo Electoral (CSE) pasó de ser un cuerpo técnico a un campo de batalla de intereses particulares, donde la fidelidad partidaria se impuso sobre la calidad profesional. Con el tiempo, la influencia del PLC se debilitó y el FSLN tomó el control absoluto, transformando el árbitro electoral de un organismo bipartidista a uno monopartidista subordinado a la figura de Ortega.
La ingeniería del fraude: 2008-2021
El trabajo de Transparencia Electoral, a través de la investigación de Peraza, identifica hitos clave en el colapso del sistema. El fraude en las elecciones municipales de 2008 fue el inicio del fin. En municipios como Managua, el CSE simplemente “desapareció” más de 600 actas de Juntas Receptoras de Votos (JRV) donde la oposición ganaba históricamente por amplios márgenes, alterando el resultado final a favor del FSLN.
Posteriormente, las elecciones generales de 2011 consolidaron este patrón con lo que observadores internacionales calificaron como elecciones “opacas” y “fraudulentas”. En 2016, el régimen perfeccionó su estrategia con el “fraude perfecto”: no se necesitó manipular los votos el día de la elección porque la oposición real fue proscrita meses antes y la observación electoral internacional fue prohibida. El resultado fue una abstención masiva que el régimen intentó ocultar «maquillando» el padrón electoral, eliminando arbitrariamente a casi un millón de ciudadanos de las listas oficiales para inflar los porcentajes de participación.
La represión como método de gobierno (2018-presente)
El libro subraya que la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 no fue un evento aislado, sino la erupción de un descontento incubado por años de abusos y fraudes. La respuesta del Estado fue una represión brutal que dejó más de 328 asesinados y miles de exiliados. Desde entonces, Ortega ha utilizado la legislación para criminalizar la disidencia, aprobando leyes como la de Ciberdelitos y la de Agentes Extranjeros, diseñadas para encarcelar a opositores y asfixiar a las ONG y medios independientes.
En las elecciones de 2021, el régimen abandonó cualquier pretensión de legalidad al encarcelar a siete precandidatos presidenciales, asegurando una victoria en un proceso que la OEA calificó de carente de «legitimidad democrática». El propio José Antonio Peraza, autor del libro, fue víctima de esta deriva al ser detenido arbitrariamente en 2021, condenado a 10 años de prisión y finalmente despojado de su nacionalidad en 2023.
Alerta de Transparencia Electoral
La serie “Así se vota” de Transparencia Electoral busca exponer cómo las dictaduras modernas —como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua— utilizan la simulación de instituciones democráticas para insertarse en el orden internacional. El caso nicaragüense es hoy el ejemplo más extremo de este fenómeno: un régimen que nació de la lucha contra una dictadura (la de Somoza) para terminar imponiendo un sistema totalitario idéntico o superior en su capacidad represiva.
La declaración de Ortega de 2026 de eliminar los comicios es la conclusión lógica de un proceso que comenzó con el pacto de 2000 y se consolidó con el control absoluto de las armas y la ley. Para Transparencia Electoral, la situación de Nicaragua es una advertencia para toda la región: las instituciones democráticas no se conservan por sí solas y el silencio ante el desmantelamiento de la integridad electoral solo permite el afianzamiento de tiranías que, una vez establecidas, declaran abiertamente el fin de la soberanía popular.
La comunidad internacional debe entender que en Nicaragua ya no se trata de pedir reformas electorales, sino de enfrentar a un régimen que ha declarado oficialmente la muerte de la democracia.



