Las PASO: entre la ineficiencia fiscal, la fatiga democrática y losincentivos para la innovación partidaria
Por Leandro Querido. Director Ejecutivo de Transparencia Electoral
Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), concebidas bajo la premisa institucional de democratizar las estructuras partidarias en Argentina, exhiben tras más de una década de aplicación profundas asimetrías entre sus objetivos de diseño y su funcionamiento concreto. Este mecanismo ha derivado en una «encuesta nacional vinculante» que externaliza los costos de las dinámicas internas de los partidos hacia el erario público, podría alterar la estabilidad macroeconómica y satura de forma recurrente el calendario de los electores.
El primer eje crítico corresponde al volumen del gasto público electoral. Una aproximación rápida al tema del gasto demuestra el colosal peso financiero del aparato actual: la política electoral y el financiamiento de comicios generales ha llegado a demandar presupuestos de $575.000 millones. Por su parte, el Poder Ejecutivo ha proyectado ahorros teóricos superiores a los US$ 200 millones mediante la supresión de las primarias. La suspensión o eliminación de las PASO disminuye rubros específicos como el aporte extraordinario de campañas y la impresión de boletas únicas, temas de seguridad, recuento provisorio o gastos de pagos a autoridades de mesa entre otros, pero también invita a revisar el sobredimensionamiento de otros componentes fijos; por ejemplo, el rígido servicio de logística y distribución, a cargo de la empresa estatal Correo Argentino. Este concepto ha registrado su máximo histórico en la última elección de 2025 con $225.113 millones, lo que representó por sí solo casi el 48% del presupuesto electoral total según el estudio de la Fundación EFORO. Si nos vamos a una elección atrás, a las generales 2023, un dato que también llama la atención contempla a esta empresa estatal: del dinero recibido el 90% fue para la realización de la primaria y la general, y solo el 10% a la segunda vuelta.
Todo este gasto entra en una zona de cuestionamientos debido a la polémica de financiar públicamente una instancia donde predomina la ausencia de competencia real —debido a que las coaliciones mayoritarias suelen convalidar listas de unidad previamente consensuadas por sus cúpulas— lo que contradice los principios elementales de la eficiencia asignativa del gasto público. La subejecución de esta herramienta PASO por parte de los partidos políticos lleva a los cuestionamientos actuales reflejados por ejemplo en la encuesta de Isasi Burdman de julio de este año en donde el 63% de los electores las rechaza.
Desde el análisis de la conducta electoral y la macroeconomía, el diseño de las PASO introduce externalidades negativas severas. Por un lado, la superposición de calendarios generada por los desdoblamientos de los comicios a nivel provincial genera un escenario de fatiga institucional del electorado, dado que podría obligar a concurrir a las urnas hasta cuatro o cinco veces en un mismo año. Esta saturación erosiona el valor del voto y distorsiona el debate público hacia lógicas meramente cortoplacistas. Si a esta situación le agregamos que Argentina ha pasado en los hechos de un voto obligatorio a un voto facultativo por la desactualización de las multas por no votar el escenario es preocupante dado que puede afectar seriamente los porcentajes de participación futuros. Por otro lado, la brecha temporal entre las primarias y la elección general extiende artificialmente los períodos de transición gubernamental. La introducción de este hiato político inyecta una profunda incertidumbre en los mercados internos, desencadenando shocks cambiarios, volatilidad financiera y parálisis en la formación de precios y la inversión productiva, afectando la sustentabilidad macroeconómica general de la nación. La política no esta disociada de la economía, por el contrario. Por lo tanto, este aspecto debe ser considerado más allá de la resistencia de los sectores políticos que están disociados de las estructuras productivas de nuestro país y que dependen exclusivamente del financiamiento estatal (debido e indebido).
Frente al desgaste del modelo vigente, la reforma política debe orientarse hacia un esquema alternativo basado en dos pilares fundamentales: la autonomía de financiamiento y la opción tecnológica.
El primero es el financiamiento privado e institucional a cargo de los partidos. Se propone la eliminación definitiva de la obligatoriedad de las primarias para los ciudadanos no afiliados. La selección de candidaturas debe regresar al ámbito privado de las asociaciones políticas. De este modo, cada partido o coalición debe asumir la responsabilidad financiera y operativa de sus procesos de selección interna, desgravando al contribuyente del costo de sus disputas de liderazgo.
En segundo lugar, el estímulo a la innovación mediante el voto móvil (Mobile Voting). Al quitar la estructura de soporte del Estado centralizado y el consecuente costo de logística física del Correo Argentino, se genera un incentivo de mercado para que los partidos políticos adopten tecnologías modernas de democracia digital. La implementación de votaciones electrónicas encriptadas a través de teléfonos celulares —utilizando sistemas descentralizados de autenticación biométrica de identidad— permitiría dirimir internas con costos marginales cercanos a cero.
Esta descentralización de los procesos electivos no solo resguardaría las variables fiscales y de estabilidad económica del país, sino que obligaría a las plataformas partidarias a modernizarse, competir en innovación institucional y recuperar su relevancia frente a una ciudadanía crecientemente demandante y digitalizada. Nuevos electores, nuevos procedimientos, nuevas organizaciones partidarias para las nuevas democracias en transformación.
