En un contexto de violencia política y falta de garantías, la oposición desafía a Maduro.
La Elección Presidencial Venezuela 2024, es fiel reflejo de un proceso comicial inserto en un esquema autoritario; dan cuenta de ello, las graves violaciones al sufragio activo al impedir la inscripción/actualización de millones de venezolanos que por un éxodo forzado hoy viven fuera de las fronteras nacionales; así como la lesión al pluralismo político al no permitir la candidatura de María Corina Machado, quien fuera electa en la primaria opositora en 2023, ni de Corina Yoris, la figura consensuada para sustituir a Machado, a lo cual deben agregarse los obstáculos para la inscripción de Edmundo González y posteriores apoyos de los partidos Un Nuevo Tiempo Contigo y Movimiento por Venezuela.
A este conjunto de condiciones, se suman los graves y crecientes niveles de violencia política prácticamente desde la convocatoria de la elección y que ha escalado al momento de la campaña electoral, fenómeno que se materializa desde diferentes modalidades en las que se incluyen detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas no solo de dirigentes opositores sino que ha llegado a ciudadanos comunes vinculados con la oposición democrática; hostigamientos; cierres y sanciones a establecimientos; violencia psicológica; amenazas de muertes; persecución a medios de comunicación, periodistas y portales informativos; entre otros. Pese a la gravedad de los hechos, el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado ni una sola vez al respecto.
La campaña electoral constituye un fiel reflejo del ventajismo institucional del Gobierno de Maduro en el uso de recursos, funcionarios y organismos públicos, en clara violación de mandatos constitucionales y legales. Pese a ello, lo que se ha observado es una abierta brecha entre las importantes movilizaciones de la oposición democrática y las cada vez más exiguas concentraciones oficialistas. A la par, se intentó desatar una guerra de encuestas, para lo cual se apeló al falseamiento y manipulación de varias de ellas con el objeto de favorecer al candidato del oficialismo Nicolás Maduro, lo que ha constituido, junto a los ataques sin fundamentos al candidato de la oposición Edmundo González, un aumento significativo de los fake news en materia electoral en Venezuela.
La declaración del Rector Electoral Principal del CNE, Juan Carlos Delpino acentuó la preocupación por el manejo institucional del Consejo Nacional Electoral. La no celebración de sesiones ordinarias durante meses; las decisiones unilaterales del Presidente del organismo, Elvis Amoroso y; la denuncia que factores exógenos al ente intervienen en la toma de decisiones, son hechos que, junto con las condiciones electorales antes mencionadas, configuran un accionar eminentemente politizado y poco institucional del CNE, que se ratifica, además, con las declaraciones dadas al Gobierno de los Estados Unidos y más recientemente a la Unión Europea; la generación de un documento prácticamente imperativo de reconocimiento de los resultados electorales de la Elección Presidencial 2024, y más resaltante aún; una extrema opacidad en su política informativa y comunicacional que ha afectado derechos tanto de ciudadanos como de prácticamente todas las organizaciones con fines políticos, en materia como: el seguimiento del Cronograma Electoral; la habilitación de partidos políticos; la conformación de grupos de electores e iniciativas propias; la jornada de inscripción y actualización especial del registro electoral 2024 y; el voto en el exterior, entre otros.
