La Universidad San Sebastián (USS) de Chile y Transparencia Electoral llevaron a cabo webinar sobre protección de datos personales en elecciones
Expertos advierten que la integridad electoral en América Latina también se juega en el tratamiento de los datos de los votantes
Un webinar organizado por la Universidad San Sebastián (USS) de Chile y Transparencia Electoral analizó el retraso de la nueva ley chilena de protección de datos, la historia del padrón electoral y el modelo de Brasil, que lidera el índice regional de protección de datos según Transparencia Electoral
29 de octubre de 2026. La protección de los datos personales es hoy una condición de elecciones limpias, no solo el conteo correcto de los votos. Esa fue la idea central del webinar «Protección de Datos Personales en el Contexto Electoral», celebrado el jueves 29 de octubre. Lo organizaron la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (USS) y Transparencia Electoral. Expusieron Eduardo Repilloza Fernández, de Transparencia Electoral; Tatiana Kolly Wasilewski, del Tribunal Superior Eleitoral de Brasil, y el Dr. Carlos Reusser, de la Universidad San Sebastián.
Una ley que no termina de llegar. Los expositores revisaron la Ley 21.719, que moderniza la normativa chilena de 1999. La ley crea una agencia especializada con facultades de fiscalización y sanción, fija multas elevadas e incorpora el derecho a la portabilidad de datos. Sin embargo, el Consejo Directivo de la agencia aún no se ha nombrado: en mayo el Senado rechazó la terna presentada por el Ejecutivo y en junio venció el plazo legal para su designación.
Por eso, el Senado aprobó un proyecto que posterga la entrada en vigencia del 1 de diciembre de 2026 al 15 de octubre de 2027 y amplía el Consejo de tres a cinco integrantes. El proyecto aún debe completar su trámite legislativo. Los panelistas advirtieron que la demora mantiene a los ciudadanos expuestos al perfilamiento político y deja a las empresas chilenas sin una decisión de adecuación de la Unión Europea, lo que encarece sus negocios internacionales.
La lección del padrón electoral. El panel recordó que el padrón chileno llegó a contener nombres, direcciones, profesiones y datos de discapacidad, y que en 2010 se conoció que el Servicio Electoral lo había estado vendiendo. Los expositores concluyeron que la publicidad de los datos electorales debe servir al control democrático, no a su uso comercial ni al perfilamiento de votantes.
Brasil lidera el índice regional. Se presentó el Índice de Protección de Datos Personales en Elecciones de América Latina, que evalúa 16 países. Brasil ocupa el primer lugar, República Dominicana el segundo por su trabajo en ciberseguridad y Chile el quinto, con 27,5 puntos. Honduras, El Salvador y Bolivia figuran al final. Los panelistas señalaron que la puntuación de Chile podría mejorar con la nueva ley, que sería recogida en la última edición del índice.
El modelo brasileño se explica en buena parte por su Tribunal Superior Electoral, que combina funciones administrativas y judiciales y puede dictar resoluciones ágiles y vinculantes sobre tecnología electoral. Además, la ley brasileña considera las opiniones políticas como datos sensibles y obliga a partidos y candidatos a designar un responsable de protección de datos.
Más allá de la ley. Los expositores coincidieron en que la legislación general de protección de datos no cubre todos los riesgos propios de las elecciones. Entre las vulnerabilidades más comunes mencionaron el error humano, los vacíos legales y la falta de coordinación entre organismos del Estado. También recordaron que los organismos electorales responden por la actuación de sus proveedores, y llamaron a adoptar buenas prácticas que vayan más allá de lo que exige la ley.
