Reforma Constitucional en Venezuela: consolidación del regimen chavista e incremento de la persecución a opositores
El 15 de febrero de 2025, luego de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia de Venezuela sin que se hayan publicado oficialmente las actas correspondientes a la elección del pasado 28 de julio, se presentó ante la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, una propuesta de reforma constitucional que abarca 80 artículos de la actual Carta Magna, vigente desde 1999. Esta iniciativa genera gran preocupación, ya que podría arriesgar aún más la existencia de toda forma de oposición política al régimen.
La propuesta de reforma surge en un contexto político tenso. Como mencionamos, Maduro asumió la presidencia para el período 2025-2031 en medio de denuncias de fraude electoral y falta de transparencia en los comicios presidenciales. La oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha calificado este acto como un «golpe de Estado» y continúa exigiendo que se reconozca a Edmundo González Urrutia, legítimo ganador de las elecciones. A pesar de las críticas internas y el rechazo de la comunidad internacional, Maduro avanza con su agenda política, incluyendo la propuesta de reforma constitucional.
Comisión a cargo de la reforma
La comisión designada para llevar a cabo la reforma está compuesta por figuras estrechamente alineadas con el oficialismo, que garantizan una continuidad de Maduro en el poder. A saber:
- Tarek William Saab: Fiscal General de la República, conocido por su lealtad al régimen y su papel en la detención de opositores.
- Cilia Flores: Diputada y esposa de Nicolas Maduro.
- Delcy Rodríguez: Vicepresidenta de la República, figura clave en la administración actual.
- Hermann Escarrá: Constitucionalista y diputado, reconocido por su defensa del chavismo.
Además, colaboran en el proceso Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE); y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. La composición de esta comisión es una prueba incuestionable de que este proyecto no solo carece de pluralidad, sino que representa únicamente los intereses del régimen.
Introducción del poder comunal
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la inclusión del «Poder Comunal» como una nueva instancia de poder, sumándose a los niveles nacional, regional y municipal. Este cambio se traduce en un gobierno mucho más centralizado en el Poder Ejecutivo. Actualmente se da una transferencia de recursos directamente desde el Ejecutivo a las comunidades a través de los Consejos Comunales, estructuras que están alineadas con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Si bien el oficialismo argumenta que esta medida empodera a las comunidades, la instauración de un Estado comunal representa un retroceso en materia democrática para los venezolanos.
Enfoque «antifascista» de la reforma
Maduro señaló que la reforma incluirá disposiciones para enfrentar «amenazas fascistas, neofascistas y sionistas», proponiendo penas más severas para quienes sean considerados una amenaza para el régimen. En este punto es importante tener en cuenta que el término «fascista» ha sido utilizado por el chavismo para describir a diversos actores de la oposición y movimientos que desafían su autoridad. Esta ambigüedad en la definición prende una alerta sobre un recrudecimiento de la criminalización de la disidencia política y un incremento en la restricción de las libertades civiles. Con la experiencia reciente, estas medidas podrían institucionalizar la persecución de opositores y consolidar un Estado más autoritario.
Proceso de aprobación de la reforma
De acuerdo con la Constitución vigente, el CNE debe convocar a un referendo para que la ciudadanía vote sobre la reforma propuesta. Es posible votar de manera separada hasta una tercera parte de los artículos que componen la reforma, permitiendo a los electores expresar su aprobación o rechazo a secciones específicas del documento. La división de la votación en bloques debe ser aprobada por al menos un tercio de los miembros de la Asamblea Nacional, aunque también puede ser solicitada por el presidente de la República o por un mínimo del 5% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral.
Finalmente, para que la reforma sea aprobada, es necesario obtener una mayoría simple de los votos emitidos, es decir, más del 50%. No obstante, dada la desconfianza en las instituciones electorales y las denuncias previas de fraude, desde Transparencia Electoral sostenemos que es imposible llevar adelante elecciones legítimas en este contexto.
La aprobación de esta reforma constitucional trae consigo profundas implicaciones para el futuro político y social de Venezuela. Desde la introducción del Poder Comunal, hasta las disposiciones «antifascistas» le dan al régimen las herramientas para redefinir la estructura del Estado y limitar significativamente el margen de participación para la oposición política.
