Infraestructura digital auxiliar y dependencia tecnológica en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2025

Cristina Ríos

Introducción

Aunque el sistema de votación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue formalmente basado en boletas físicas, se observa, a partir de la visita de campo y de los registros institucionales a los que accedió la Misión de Observación Internacional, una profunda integración entre el proceso electoral y las plataformas tecnológicas de apoyo. Este capítulo tiene como objetivo analizar los sistemas informatizados de gestión, logística y monitoreo utilizados durante las Elecciones Legislativas de 2025, así como discutir los riesgos y contradicciones derivados de la creciente dependencia institucional de la infraestructura digital.

Presencia tecnológica en las etapas críticas del proceso electoral

La utilización de la llamada Boleta Única Electrónica (BUE), operada mediante la plataforma «vot.ar», representa un punto central de la digitalización del proceso de elección. Aunque el voto final sea impreso, la selección del votante se realiza en un entorno electrónico. Las demostraciones analizadas permiten concluir que:

• Cada terminal digital muestra los rostros de los candidatos y los lemas partidarios en una interfaz interactiva;
• Es necesario presentar una credencial digital de la autoridad de mesa para habilitar el dispositivo;
• La boleta impresa contiene un código QR y un chip RFID, indicando que existe un registro electrónico paralelo a la impresión.

Estos elementos confirman que la votación, aunque genere un voto físico, está operativizada por una interfaz digital propietaria, cuya lógica algorítmica es opaca tanto para el elector como para los observadores externos.

Escala y complejidad de la infraestructura digital

Según presentación institucional del Instituto de Gestión Electoral (IGE), el proceso involucró:

• 1.125 establecimientos de votación;
• 8.825 mesas electorales;
• 14.000 dispositivos electrónicos en funcionamiento.

Esta escala revela una fuerte dependencia de sistemas digitales no solo para la votación, sino también para la logística, transmisión de datos, control de materiales y gestión de incidencias. También se observó la existencia de un gran centro logístico centralizado, donde se almacenan y organizan los insumos electorales, lo que indica la necesidad de trazabilidad y seguridad en el movimiento de equipos y documentos.

Documentos, rastreo y digitalización de etapas

Las boletas y los documentos de transmisión de resultados presentan una organización estandarizada por colores, con etiquetas como «Apertura de Mesa», «Certificado de Escrutinio» y «Transmisión de Resultados». Además, los documentos oficiales de cierre de mesas contienen códigos QR que permiten la lectura automatizada de los resultados, reforzando la integración entre los datos impresos y su lectura electrónica.

Estos elementos indican una digitalización en múltiples capas, desde la emisión del voto hasta el escrutinio, pasando por el inventario logístico, y sugieren el uso de software de inteligencia de negocios (BI) y paneles de control para el monitoreo en tiempo real de las zonas electorales.

Interacción con instituciones: transparencia, límites y omisiones

Durante las reuniones con la Dirección General de Asuntos Políticos y Electorales, el Tribunal Electoral de la Ciudad y miembros del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Misión tuvo como objetivo observar las prácticas institucionales orientadas a la transparencia del proceso electoral y comprender la dinámica local. A pesar de la apertura institucional y la cordialidad en la recepción, el debate sobre riesgos digitales fue tratado de forma superficial.

Ante preguntas directas, las respuestas sobre el impacto de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en los procesos democráticos fueron evasivas. No se presentaron medidas concretas de prevención o mitigación de los riesgos asociados a la desinformación, especialmente respecto a la generación de contenido falso mediante deepfakes.

Caso Práctico: deepfake y decisión judicial

El caso relacionado con la difusión de un video falso con imagen y voz simuladas del expresidente Mauricio Macri, denunciado por la coalición «Buenos Aires Primero» y analizado por el Tribunal Electoral, evidencia una nueva vulnerabilidad. Según la decisión n.º 821046/2025, el Tribunal reconoció la falsedad del contenido y ordenó la eliminación de las publicaciones en redes sociales en un plazo de dos horas. La decisión también hace referencia a un acuerdo celebrado entre el GCBA y el Ministerio Público Fiscal para prevenir el uso no autorizado de datos biométricos en sistemas de IA. A pesar de la rápida respuesta institucional, la actuación se limitó a la remoción del contenido, sin evidenciar la existencia de un protocolo preventivo sólido ni de medidas estructurales permanentes.

Consideraciones finales y recomendaciones

La observación directa, junto con las evidencias empíricas recolectadas, permite afirmar que el proceso electoral de la Ciudad de Buenos Aires, aunque formalmente centrado en el voto impreso, opera dentro de una estructura digital compleja, multifásica y esencial. En este contexto, el voto físico funciona más como un artefacto simbólico de confianza que como una verdadera protección frente a los riesgos tecnológicos.

La falta de discusión técnica profunda sobre la lógica de los sistemas utilizados, sumada a la evasividad frente a temas como la inteligencia artificial y la desinformación algorítmica, revela una preocupante laguna institucional. El caso concreto de difusión de un deepfake, tratado puntualmente por el Tribunal Electoral, ilustra la insuficiencia de respuestas estructurales para enfrentar amenazas contemporáneas a la integridad del proceso democrático.

Ante este escenario, se recomienda:

1. Publicación de información técnica esencial, incluyendo arquitectura de sistemas, código fuente y criterios de seguridad digital;
2. Auditorías independientes y periódicas sobre los sistemas informatizados utilizados en el ciclo electoral;
3. Inclusión de observadores técnicos especializados en las etapas de preparación y operación digital del comicio;
4. Capacitación continua de agentes electorales, magistrados y fiscales sobre riesgos tecnológicos, protección de datos y manipulación informacional;
5. Establecimiento de políticas públicas claras y auditables sobre el tratamiento de datos personales electorales;
6. Creación de un protocolo institucional preventivo contra la desinformación digital, con enfoque especial en contenidos sintéticos como los deepfakes, y coordinación interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y las autoridades administrativas.

El fortalecimiento de la confianza pública en las elecciones requiere no solo el refuerzo de la logística tradicional, sino también la capacidad institucional para comprender, anticipar y responder a los riesgos sistémicos del ecosistema digital contemporáneo. La integridad electoral del siglo XXI no puede prescindir de una gobernanza tecnológica transparente, auditable y democrática.