De la crisis a la estabilidad: la resiliencia del TSE y los retos de la democracia en Bolivia
Alejandro González Ruiz
El pasado 17 de agosto, casi siete millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir al presidente de la República. Esto ocurrió a pesar de la sombra que dejó la elección presidencial de 2019, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) interrumpió la transmisión de los resultados preliminares por casi 24 horas, desencadenando una ola de turbulencia social. Tampoco las acusaciones de fraude en las elecciones de 2020, ni los recientes llamamientos al “voto nulo” impulsados por el expresidente Evo Morales, lograron desincentivar la participación ciudadana. Por el contrario, los bolivianos volvieron a depositar su confianza en las instituciones electorales, participando en una elección histórica en la que, por primera vez, el Movimiento al Socialismo (MAS) quedó fuera de las principales preferencias electorales. Ahora, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, dos candidatos identificados con la derecha, se disputarán la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre.
Estos acontecimientos no son fortuitos: responden, en gran medida, al desgaste de un partido que controló el escenario político de Bolivia durante casi dos décadas, al creciente desprestigio de la figura de Evo Morales y a una gestión gubernamental que ha sumido al país en una profunda crisis económica. El MAS surgió despertando grandes expectativas de cambio en una nación pluricultural, profundamente desigual y mayoritariamente indígena, que por décadas había sufrido el abandono de sus gobernantes. Evo Morales, primer presidente del MAS y líder cocalero del Chapare, se consolidó como un ícono de la izquierda latinoamericana y como una alternativa a los gobiernos neoliberales de la región tras su victoria en las elecciones de 2005.
Sin embargo, aquel sueño de transformación se desdibujó con rapidez. Evo Morales fue cooptando progresivamente las instituciones del Estado, incluyendo al Tribunal Constitucional y al Órgano Electoral Plurinacional, utilizando su mayoría en el Congreso para colocar aliados sin trayectoria ni idoneidad en cargos clave. Este proceso fue ampliamente documentado por académicos, quienes alertaron sobre el deterioro institucional que experimentaba el país. Los datos de V-Dem, por ejemplo, reflejan esta realidad, pues Bolivia registró una caída drástica en su índice de democracia liberal desde 2006, alcanzando su punto más bajo en 2020.
Aun así, Evo Morales logró reelegirse cómodamente en 2009 y en 2014, obteniendo en ambos casos más del 60% de los votos. Cabe destacar que, antes de las elecciones de 2009, se había aprobado una nueva Constitución que establecía un límite de dos periodos de gobierno para la Presidencia de la República. Sin embargo, en 2014, cuando Morales buscó un tercer mandato, se amparó en una interpretación que representaba un verdadero fraude al espíritu de la nueva Constitución. Aunque la norma establecía claramente el límite de dos mandatos, Morales argumentó que, al tratarse de una nueva Carta Magna, su primera gestión no debía considerarse, habilitándolo así para postularse nuevamente.
Por si fuera poco, en 2016 Evo Morales convocó a un referéndum para reformar el artículo 168 de la Constitución y así eliminar los límites a la reelección presidencial. A pesar de la movilización impulsada desde el Estado y del considerable respaldo popular con el que aún contaba, el “no” se impuso con más del 50% de los votos. Sin embargo, Morales y su partido presentaron un recurso de inconstitucionalidad para invalidar esos límites y el Tribunal Constitucional falló a su favor, permitiendo una nueva reelección. De esta manera, Evo Morales pudo presentarse para un cuarto mandato en las elecciones de 2019, con el ominoso desenlace ampliamente conocido.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral logró recuperarse gradualmente de la crisis de las elecciones de 2019, gracias al compromiso de sus funcionarios y vocales, y al liderazgo inicial de Salvador Romero, quien asumió la presidencia del organismo tras aquel proceso fallido. Todo ello ocurrió pese a diversos obstáculos, entre ellos la candidatura de la presidenta interina Jeanine Áñez, de quien se esperaba una posición más neutral al encabezar un gobierno de transición, pero que rápidamente se convirtió en un actor más dentro de la contienda política. Finalmente, el TSE consiguió organizar en 2020 unas elecciones confiables y con amplio respaldo internacional. Este proceso permitió que la institución llegara fortalecida a las elecciones de 2025, ahora bajo el liderazgo de Óscar Hassenteufel.
La elección de 2025 fue un ejemplo de civilidad por parte de los actores políticos, de alta participación ciudadana, con amplia presencia de observadores electorales internacionales y domésticos y de una organización electoral eficiente, respaldada por el trabajo profesional de técnicos y especialistas en diversas áreas del TSE. Todo esto ocurrió a pesar de que el país atraviesa una crisis económica sin precedentes, con una inflación de más del 20%, escasez de combustible y una grave falta de divisas. En este contexto adverso, el TSE logró superar múltiples obstáculos y contribuir a la estabilidad del sistema político. Por su parte, el llamado del expresidente Evo Morales al “voto nulo” no logró el respaldo suficiente para posicionar esa agenda entre las opciones principales. Afortunadamente, tampoco se registraron episodios de violencia como los vividos durante la crisis electoral de 2019.
El resultado de las elecciones del pasado 17 de agosto refleja, por un lado, el profundo descontento social con un régimen que gobernó Bolivia durante casi dos décadas y, por otro, las expectativas reales de cambio. Ahora será responsabilidad de Rodrigo Paz o de Tuto Quiroga no solo responder a esas expectativas, sino también incorporar a un amplio sector de la población, principalmente indígena, que durante décadas estuvo marginado del panorama político. Al mismo tiempo, deberán enfrentar el reto de cohesionar a una sociedad que, como gran parte del mundo, sufre los estragos de la polarización.
