Más allá del sufragio: la experiencia disruptiva de la sociedad civil en el proceso electoral de Honduras

Por Cristian Alberto Nolasco y Keyli Mabelly Benavides

Introducción

Con el devenir de los años, el rol de la sociedad civil en la esfera pública ha estado en constante evolución. En términos generales, su presencia es hoy indiscutiblemente indispensable, no solo como plataforma para la promoción del espacio cívico, sino también como mecanismo legítimo de control del poder público.

Diversos estudios han documentado que la sociedad civil cumple un rol esencial en la calidad democrática, particularmente al promover la participación ciudadana, fortalecer la rendición de cuentas y ampliar los mecanismos de vigilancia del poder público.

Desde esta perspectiva, su intervención en la vida nacional de los distintos Estados ya no se circunscribe únicamente a entornos habituales, sino que ha ido ganando terreno en espacios históricamente liderados por otros sectores o bajo la responsabilidad exclusiva de los órganos estatales.

En un caso muy específico, la sociedad hondureña encontró una nueva forma de romper esquemas y revitalizar el papel de las organizaciones civiles con la reciente participación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) durante el proceso de Elecciones Generales de noviembre de 2025.

Atendiendo a su naturaleza, el CNA es un organismo civil con características muy particulares en la región. Fue creado por decreto legislativo del Congreso Nacional en 2005, pero conserva un carácter estrictamente ciudadano que, con sus propios retos y desafíos, ha logrado mantener independencia respecto del poder político.

Por su origen claramente definido, su mandato legal está orientado a liderar la lucha contra la corrupción en Honduras. Sin embargo, ha sido su visión estratégica y su exigencia permanente de renovación en la última década lo que ha permitido integrar su enfoque de manera transversal y expandirse con éxito hacia otras áreas, sin desatender su misión institucional.

Con la convocatoria a elecciones generales realizada por el Consejo Nacional Electoral en mayo de 2025, el planteamiento del CNA fue claro. Su opción más inmediata era asumir una labor como actor democrático dirigida al estímulo de la participación ciudadana mediante el ejercicio del sufragio.

No obstante, frente a escenarios de alta complejidad política y de absoluta polarización afectiva —no solo entre partidos políticos, sino también entre autoridades del máximo órgano electoral, como sucedía en el caso de Honduras—, asumir ese rol no era necesariamente desacertado, pero sí insuficiente.

Es aquí, entonces, donde emerge el punto de inflexión: cómo lograr, desde la perspectiva ciudadana, romper paradigmas para adoptar nuevos enfoques, innovar y desafiar lo que tradicionalmente se espera de la sociedad civil en un proceso electoral.

Bajo el liderazgo del CNA, la hoja de ruta resultaba evidente. El planteamiento sugería la necesidad de dirigir un proyecto basado en una triple dimensión. De esa manera, se logró articular una iniciativa electoral que posibilitó un esquema de trabajo que incluyó:

• Observación electoral
• Proyecto piloto de ciudadanización de juntas electorales
• Sistema de procesamiento electoral o conteo independiente

En contextos electorales, esta función adquiere especial relevancia. La literatura especializada sostiene que la participación ciudadana independiente contribuye a incrementar la confianza pública en los procesos de elecciones y a reducir los márgenes de discrecionalidad institucional, especialmente en escenarios de alta polarización política.

Este artículo se propone abordar el valor agregado y la capacidad instalada de la sociedad civil para contribuir al fortalecimiento democrático, tomando como referencia la experiencia del CNA en el reciente proceso electoral de Honduras. Asimismo, incluye los pormenores necesarios para desarrollar una idea de tal magnitud y reflexiona sobre el carácter legítimo de la intervención de las organizaciones no gubernamentales en contextos similares.

Acciones que redefinieron el control electoral desde la sociedad civil

La dimensión de observación electoral fue un ejercicio ciudadano independiente de monitoreo electoral, cuya misión principal consistía en la recopilación de información cualitativa que permitiera identificar buenas prácticas, pero también riesgos normativos e institucionales que inciden en la calidad y transparencia del proceso.

La estrategia se fundamentó en dos grandes fases: la primera, vigilancia ciudadana con énfasis técnico y legal sobre el desempeño de la institucionalidad electoral antes y después de las elecciones. La segunda, mientras tanto, se centró en la participación voluntaria de ciudadanos observadores el día de la jornada electoral. 

Esta actividad resultó congruente con experiencias comparadas que muestran que la observación ciudadana fortalece la transparencia electoral y estimula una cultura cívica activa, al tiempo que genera información estratégica para futuras reformas institucionales.

Con la dimensión de ciudadanización de juntas electorales se buscaba implementar un proyecto piloto para promover la participación ciudadana en la administración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), mediante la incorporación voluntaria de personas sin filiación partidaria directa.

De conformidad con la normativa electoral hondureña, la integración de estas juntas se realiza por nominación de representantes de los partidos políticos en contienda. No obstante, esta regulación no siempre ha resultado positiva, pues se enfrenta a prácticas históricas de manipulación de la voluntad popular en los centros de votación.

Como era lógico en este contexto, la iniciativa se planteó un doble objetivo. El primero, contribuir a reducir prácticas como el tráfico o comercialización de credenciales, así como mitigar otras irregularidades asociadas a la integración de las JRV. El segundo, sentar un precedente que impulse futuras reformas legales orientadas a fortalecer la independencia, transparencia y legitimidad de la representación ciudadana en los procesos electorales.

Como tercera dimensión, el sistema de procesamiento electoral o conteo independiente constituyó el núcleo técnico del proyecto y representa un hito en la participación de la sociedad civil en los procesos electorales del país. En términos generales, consistió en la implementación de un sistema de verificación electoral con capacidad de procesar, de forma independiente y en tiempo real, los resultados de los tres niveles electivos —Presidencia de la República, Congreso Nacional y Corporaciones Municipales—.

Desde una perspectiva comparada, iniciativas de conteo y monitoreo ciudadano han demostrado su capacidad para reducir tensiones políticas y mejorar la calidad democrática, particularmente en contextos donde persisten riesgos estructurales de manipulación electoral.

En ese marco, la propuesta del CNA ofrecía una fuente alternativa, transparente y confiable de información electoral, fortaleciendo la confianza pública y la rendición de cuentas, sin sustituir ni usurpar el carácter oficial de los datos entregados por el Consejo Nacional Electoral.

A nivel estratégico, el conteo independiente fue precedido de la contratación de una empresa internacional especializada en procesamiento de actas y del acompañamiento técnico en asociación con Transparencia Electoral.

La fórmula para construir un proyecto sólido

Montar un proyecto de esta naturaleza, en el caso del CNA, requería más que voluntad institucional. El éxito, en gran medida, dependía de visión estratégica, diseño y arquitectura sólida. No solo se trataba de poner en marcha un plan significativamente novedoso en el país, sino de hacerlo en un contexto crítico y altamente sensible, incluso con marcados matices de persecución política por parte de operadores de justicia.

El primer elemento es visión estratégica, entendida como la capacidad prospectiva y la proyección clara de la alta dirección ejecutiva. Por su propia magnitud, esto implicó decisiones y acciones de impacto para potenciar el rol de los actores sociales en un proceso electoral.

Paralelamente, este componente fue acompañado de la habilidad para anticipar potenciales crisis y momentos de tensión política, pues la práctica demuestra que no siempre resulta cómoda la participación activa de la sociedad civil organizada en espacios tradicionalmente controlados por partidos políticos.

En virtud de la misión focalizada del CNA en materia de transparencia y anticorrupción, la preparación, conformación y profesionalización de un equipo multidisciplinario resultó esencial para incursionar y posicionarse en el ámbito electoral desde la sociedad civil.

En este contexto, las alianzas institucionales se convirtieron en un segundo elemento clave. Estas surgieron del reconocimiento de las capacidades propias, pero también de la identificación del valor que aporta la construcción de relaciones sólidas con otros actores del ecosistema democrático, ya sea político o social.

Las alianzas se extendieron desde el apoyo técnico especializado hasta la cobertura financiera y la consolidación de un voluntariado activo. En esta fase fue clave la articulación con Transparencia Electoral, que aportó asesoría metodológica y respaldo técnico con estándares internacionales de verificación.

Por otra parte, la gestión de recursos fue un paso insoslayable, especialmente considerando la ausencia de ánimo de lucro de las organizaciones civiles, cuya retribución se mide en términos exclusivamente sociales.

Asimismo, la constitución de alianzas multisectoriales —partidos políticos, iglesias, gremios, organizaciones juveniles, entre otros— para la conformación de una red de voluntariado resultó determinante para lograr presencia territorial y cubrir integralmente todas las dimensiones de la iniciativa, al tiempo que se impulsaba una cultura democrática de participación activa.

De manera complementaria, el éxito sostenido del proyecto se basó en la construcción de legitimidad como tercer elemento. Esto se logró a través del monitoreo permanente del escenario electoral desde etapas previas a la jornada de votación, mediante asesoramiento, diálogo con actores políticos y análisis públicos de riesgos asociados al proceso.

Desde la experiencia del CNA, la comunicación estratégica y la presencia constante en medios fue esencial para fortalecer la credibilidad institucional, ampliar el alcance del mensaje y posicionar a la organización como referente ante la ciudadanía y las instituciones.

Del diseño estratégico al impacto democrático

La implementación de las tres dimensiones —observación electoral, ciudadanización de juntas y conteo independiente— no solo representó un despliegue institucional innovador, sino que produjo resultados concretos que marcan un precedente en la redefinición del rol de la sociedad civil en contextos electorales.

El principal resultado vinculado al CNA, está asociado al posicionamiento estratégico del rol de la sociedad civil como actor central en la gobernanza electoral, pues no solo se trata de la presencia en el proceso, sino también de la capacidad de incidir en él. En tanto, con esta experiencia se demuestra que la sociedad civil no debe limitarse a documentar irregularidades, sino que debe diseñar soluciones técnicas, generar información verificable y convertirse en un referente confiable para la ciudadanía, los medios de comunicación y los propios actores políticos.

Por otra parte, el proyecto permitió que la ciudadanía, actores políticos, autoridades públicas y medios de comunicación tuvieran acceso a información alterna, objetiva y confiable en un contexto caracterizado por narrativas contrapuestas, desinformación y alta incertidumbre política. En ese entorno, la disponibilidad de datos bajo criterios de trazabilidad, validación y control por parte del CNA, se convirtió en un punto de referencia frente a dinámicas especulativas de la opinión pública. 

Finalmente, la incidencia directa en la agenda legislativa se ha convertido en otro resultado visible del CNA, especialmente en lo relativo a la iniciativa piloto de ciudadanización de las juntas electorales. El impulso sobre este tema trascendió el ámbito ciudadano y se trasladó al plano político-institucional, generando condiciones para la discusión formal de reformas que buscan fortalecer la independencia y transparencia en la integración de las JRV.

En este contexto, el Congreso Nacional nombró una comisión legislativa especial para asuntos electorales, con el mandato de identificar y consensuar los cambios normativos requeridos en el sistema electoral hondureño. En este nuevo escenario, la ciudadanización dejó de ser únicamente una propuesta técnica impulsada desde la sociedad civil para convertirse en un tema de discusión y análisis en la agenda legislativa nacional. 

Visión a futuro que convierta la experiencia en transformación permanente

Desde una perspectiva prospectiva de todo lo anterior, un ejercicio de esta naturaleza vuelve necesario sentar las bases de una visión integral que dirija el rumbo de la institucionalidad pública hacia la gobernanza democrática.

En consecuencia, la aspiración del CNA está centrada en que las acciones impulsadas trasciendan el carácter de iniciativa y se conviertan en mecanismos estructurales capaces de redefinir el marco normativo e institucional en materia electoral. El objetivo no es únicamente repetir una experiencia exitosa, sino transformar aprendizajes en reformas que fortalezcan el sistema democrático hondureño.

Bajo esta premisa, el eje fundamental es impulsar reformas electorales orientadas al fortalecimiento institucional. La evidencia recopilada durante la observación electoral, la ciudadanización de las juntas electorales y la implementación del sistema de procesamiento electoral o conteo independiente ofrece insumos concretos para identificar brechas normativas, debilidades operativas y oportunidades de mejora. En esa ruta, la articulación entre sociedad civil y tomadores de decisión será indispensable para convertir estas recomendaciones en transformaciones legales e institucionales de manera efectiva.

Asimismo, el CNA busca consolidar este ejercicio como una práctica permanente en los procesos electorales, con el propósito de reforzar la transparencia electoral y consolidar un estándar ciudadano con cultura democrática. Por ello, para fortalecer este mecanismo la institución se ha propuesto elevar esta experiencia a un plano internacional, promoviendo la articulación con organismos electorales y organizaciones de sociedad civil de la región.

El objetivo que se pretende lograr es la construcción de redes regionales de integridad electoral que faciliten el intercambio de buenas prácticas, metodologías de monitoreo y herramientas tecnológicas. Esto se convertiría en una plataforma indispensable para la estabilidad democrática, sobre todo en contextos latinoamericanos marcados por desafíos similares de polarización y desconfianza institucional.

Por último, uno de los enfoques centrales hacia los que debe orientarse el trabajo de la sociedad civil, es la consolidación de una cultura democrática arraigada en la ciudadanía hondureña. Esto implica fomentar la participación informada, la vigilancia activa, la comprensión de los procesos democráticos y la corresponsabilidad en la defensa de la institucionalidad electoral.

Conclusiones

La experiencia del Consejo Nacional Anticorrupción en el reciente proceso electoral de Honduras constituye un hito relevante en la participación de la sociedad civil en contextos electorales. Este proceso estuvo marcado por desafíos que pudieron haber limitado la efectividad de la intervención ciudadana; sin embargo, con decisiones estratégicas y coordinación organizacional, el CNA logró superar estos obstáculos y demostrar que con un enfoque integrado se puede trascender del compromiso institucional a la generación de resultados de impacto concreto.

Más allá de los retos operativos, el proceso implicó enfrentarse a narrativas políticas polarizadas, desinformación, acciones penales con fines políticos y riesgos reputacionales que amenazaban la percepción pública del organismo anticorrupción.  No obstante, la legitimidad construida, la responsabilidad ciudadana y la articulación con diversos aliados o socios estratégicos fueron cruciales para consolidar el éxito del proyecto, transformando a la sociedad civil en un actor activo, confiable y propositivo dentro de la gobernanza electoral. 

Finalmente, el CNA se consolidó como un referente institucional y, al mismo tiempo, como un modelo de acción ciudadana cuyo ejercicio puede replicarse a nivel regional o en contextos similares. La implementación de las tres dimensiones del proyecto en el proceso electoral hondureño, permitió que la participación ciudadana trascendiera del concepto teórico para convertirse en una realidad tangible y verificable, que refuerza la integridad electoral y posiciona la labor de la sociedad civil en el ámbito democrático.