Andrea Rojas Salom

Introducción

La digitalización ha emergido como un fenómeno transversal en las democracias contemporáneas, transformando la manera en que los ciudadanos acceden a la información, se relacionan con las instituciones, toman decisiones, expresan sus opiniones y participan en los procesos electorales. 

En América Latina, este proceso avanza de manera desigual, marcado por profundas brechas estructurales y sociales que limitan su potencial democratizador. Si bien las tecnologías digitales ofrecen oportunidades de inclusión y oportunidades para la transparencia y eficiencia electoral, también pueden amplificar desigualdades existentes y abrir nuevos espacios para la manipulación de la opinión pública. Este artículo, además de caracterizar el territorio digital, examina los principales desafíos que plantea la digitalización en contextos electorales latinoamericanos, con especial atención a las barreras de acceso, a los riesgos que amenazan la integridad del voto, los casos del voto electrónico y la confianza pública en los resultados electorales en diferentes países de América Latina. 

En este contexto, preguntarse ¿qué es?, ¿quiénes habitan?, ¿quiénes quedan fuera? y ¿bajo qué reglas se rige este nuevo territorio digital electoral?, es fundamental para evaluar su impacto real sobre la transparencia e interacción de la ciudadanía en ámbitos democráticos y para visualizar los desafíos de la democracia en un territorio virtual cada día más grande y con más desafíos.

¿Qué es realmente el territorio digital o cómo podemos caracterizarlo? 

El territorio digital se refiere al espacio virtual donde los ciudadanos pueden interactuar, debatir y ejercer sus derechos políticos a través de plataformas digitales. Este concepto ha cobrado relevancia con el auge de la democracia digital y el gobierno electrónico y ha crecido con el uso de plataformas digitales en los países de Latinoamérica. Aunque ha ampliado el acceso a la información y ha acelerado la temporalidad para acceder a la misma, no ha ofrecido de forma igual, herramientas a los ciudadanos para clasificar la información y para educar digitalmente frente a los procesos de participación y democracia. 

El espacio “digital” está caracterizado por ser un espacio de acceso a la información pública: acceso a datos gubernamentales, leyes y decisiones políticas, participación política a partir de expresiones e interacción directa con representantes políticos, movilización ciudadana y votación electoral digital. Como señala Castells, el espacio digital no es neutral: está condicionado por relaciones de poder, capacidades técnicas y estructuras sociales que afectan directamente a la participación política.

Para entender cómo se maneja el espacio digital y en qué rol está cada uno de los actores que habitan en él, basta con pensar en la frase del ex diseñador de Google Andrew Lewis: «Si no pagas por el producto, el producto eres tú». Podemos identificar que la ciudadanía, los Estados y las entidades interesadas en construir espacios democráticos tiene grandes retos en el territorio digital y, es que más que entregar herramientas de acceso a la internet, su reto principal es poder educar a los ciudadanos para enfrentarse al territorio digital, cumpliendo unas normas intrínsecas que lo regulan.

¿Quién habita el territorio digital electoral?

Diversos actores participan en el territorio digital electoral, entre ellos:

• Instituciones electorales encargadas de regular procesos de votación digital.
• Partidos políticos que utilizan plataformas digitales para campañas y comunicación con votantes.
• Ciudadanos y activistas que participan en debates y movilizaciones en redes sociales.
• Medios de comunicación digital que influyen en la percepción pública de los comicios.
• Empresas de publicidad y consultoras de datos, claves en la segmentación del electorado.
• Aplicaciones web que incluye plataformas tecnológicas e intermediarios digitales.
• Organismos de supervisión y transparencia, responsables de auditar el proceso electoral digital.

En este nuevo territorio, no todos los actores tienen el mismo peso. Las plataformas digitales dan ventaja a quienes dominan lenguajes técnicos, a partidos con capacidad de segmentar audiencias mediante algoritmos, y a usuarios con dispositivos y conectividad estables, capacidad y estrategias de manejo de información y conocimiento de cómo influir de manera efectiva y acelerada en las decisiones de los ciudadanos. 

En este espacio digital, la información se propaga de forma inmediata y con una capacidad de llegar a los ciudadanos sin ningún control. En contraste, millones de personas quedan fuera del debate público digital o participan en condiciones de desigualdad. Como afirma van Dijk (2020), la brecha digital no solo es una cuestión de acceso, sino de uso significativo y resultado efectivo de la participación digital. Los ciudadanos en este territorio son canales transmisores, receptores y productores de información continua actuando en pro de intereses particulares.

Desafíos del territorio digital en participación ciudadana

Los procesos electorales han migrado progresivamente hacia entornos tecnológicos que prometen eficiencia, rapidez y mayor transparencia. Esta transformación también redefine el terreno sobre el cual se ejerce la democracia: un nuevo territorio digital, donde no todos los ciudadanos tienen el mismo acceso ni las mismas condiciones para participar, ni la misma capacidad crítica y herramientas de pedagogía para cuestionar la veracidad de la información. Esta metáfora del “territorio” permite repensar la digitalización no solo como herramienta técnica, sino como un espacio con fronteras, exclusiones y desigualdades, particularmente evidentes en las democracias latinoamericanas.

Brechas digitales en América Latina

Las brechas digitales constituyen uno de los principales obstáculos para una digitalización equitativa en América Latina. Estas se manifiestan en diferentes niveles: acceso a infraestructura, alfabetización digital, disponibilidad de dispositivos y capacidades institucionales. A pesar de los avances en conectividad registrados en la última década, persisten importantes desigualdades entre zonas urbanas y rurales, así como entre distintos grupos socioeconómicos y étnicos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 30% de la población rural en la región carece de acceso regular a Internet.

La alfabetización digital representa el mayor desafío sustancial. No basta con tener acceso a la red: la comprensión crítica de los contenidos, la seguridad en el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción efectiva con plataformas digitales son competencias esenciales para una participación ciudadana informada. Este déficit impacta directamente en el derecho a participar en igualdad de condiciones en procesos electorales que incorporan tecnologías para el registro, la votación o la difusión de resultados.

La digitalización electoral enfrenta barreras tecnológicas y brechas en alfabetización digital que limitan la participación y fomentan la desinformación, afectando la confianza pública y la integridad del voto.

Impacto desigual de la digitalización en los procesos electorales

La digitalización de los procesos electorales, si bien puede aumentar la eficiencia administrativa y mejorar el acceso a la información, también puede consolidar desigualdades existentes. En países donde se ha implementado el voto electrónico o sistemas de registro digital, las limitaciones técnicas y presupuestarias han impedido una implementación homogénea. Esto genera escenarios en los que ciertos sectores de la población no pueden ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones, o perciben el sistema como inaccesible o poco confiable.

Asimismo, la digitalización afecta la manera en que se desarrollan las campañas electorales. El uso de redes sociales, segmentación algorítmica y microtargeting favorece a los actores políticos con mayores recursos tecnológicos, lo que puede generar una competencia electoral desequilibrada. Además, los sesgos en los algoritmos que priorizan ciertos contenidos pueden invisibilizar propuestas de actores políticos emergentes o de sectores tradicionalmente marginados.

Alfabetización digital: una frontera invisible

Más allá del acceso técnico, existe una barrera cultural y educativa: el uso efectivo y crítico de las herramientas digitales. Poblaciones históricamente marginadas como comunidades indígenas, personas adultas mayores y mujeres rurales, que enfrentan mayores dificultades para comprender y utilizar plataformas digitales. Esto limita su capacidad para participar activamente en el ecosistema electoral moderno.

Riesgos para la transparencia electoral

La incorporación de tecnología en el ámbito electoral introduce nuevos riesgos para la transparencia y la legitimidad del proceso (Arenas, 2024):

• La opacidad de los sistemas tecnológicos: el uso de software propietario o poco auditado dificulta la supervisión ciudadana y el control institucional.
•  La desinformación en redes sociales: la viralización de noticias falsas durante los períodos electorales ha demostrado tener efectos concretos sobre la intención de voto, alimentando narrativas de fraude o desconfianza institucional³.
•  La manipulación algorítmica: las plataformas digitales operan con algoritmos que priorizan contenidos según criterios comerciales, no democráticos, lo que distorsiona el debate público⁴.
• La falta de regulación efectiva: muchos países latinoamericanos carecen de marcos legales claros para el uso de tecnologías digitales en el ámbito electoral, lo que deja vacíos peligrosos para la integridad del proceso.

Dependencia de plataformas privadas

El uso de redes sociales como Facebook o WhatsApp para campañas, monitoreo electoral o denuncias ciudadanas ha trasladado buena parte del debate público a espacios controlados por corporaciones. Esto plantea interrogantes sobre la soberanía digital y el control de los flujos informativos en las democracias latinoamericanas (van Dijk, 2020).

Casos de estudio: Voto electrónico y casos de estudio

Varios países han implementado sistemas de votación electrónica para mejorar la eficiencia y la transparencia. Sin embargo, esta evolución no está exenta de desafíos. La desigualdad en el acceso digital, la seguridad del voto, la confianza pública y la regulación de los sistemas electrónicos han generado debates sobre la viabilidad y fiabilidad del voto digital en la región. A continuación, se describen algunos casos para analizar los avances y desafíos en algunos países: 

PAIS	Tipo de implementación	Ventajas reportadas	Desafíos Indicados	Nivel de confianza ciudadana
Brasil	Urnas electrónicas	Eficiencia y rapidez	Faltante de comprobante físico	Alta pero cuestionada
Argentina	Parcial por provincias	Automatización parcial	Seguridad, falta de homogeneidad nacional	Variable
El Salvador	Voto en línea en el exterior	Mayor participación de la diáspora	Seguridad cibernética, brechas de uso	Moderada
Venezuela	Automatizado con biometría	Aceleración del conteo	Falta de transparencia Legitimidad cuestionada	Baja
Ecuador	Piloto en Municipios	innovación puntual	Falta de consenso técnico y político	Muy baja
Perú	Prueba de Blockchain	Seguridad y transparencia potencial	Fase experimental. Falta de madurez del proceso	En construcción

Fuente: Elaboración propia basado en varios textos que recopilan información sobre el voto digital (Cepal, 2021) , (Chaparro, 2021), (Guerra, 2022)

Brasil: pionero en urnas electrónicas

Brasil es uno de los países con mayor experiencia en voto electrónico. Desde 1996, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha utilizado urnas electrónicas para realizar elecciones nacionales. Este sistema ha reducido el tiempo de conteo de votos y minimizado errores administrativos. Sin embargo, la falta de un comprobante físico ha generado preocupaciones sobre la verificabilidad de los resultados y la confianza en el sistema.

Argentina: uso parcial del voto digital

En Argentina se han realizado pruebas de voto electrónico en varias provincias. Si bien ha habido avances en la automatización de procesos, existen preocupaciones sobre la manipulación de sistemas y la seguridad de la información electoral. La falta de una infraestructura homogénea y la resistencia de algunos sectores han impedido su implementación a nivel nacional.

Ecuador y Venezuela: intentos de implementación

Ecuador ha explorado sistemas electrónicos en elecciones municipales, pero la falta de consenso sobre su seguridad ha limitado su expansión. En Venezuela, el voto automatizado ha sido utilizado desde 2004 con tecnología biométrica. Sin embargo, denuncias de falta de transparencia han afectado la percepción pública sobre la confiabilidad del sistema y sin un uso continuo en sus diferentes elecciones en las últimas décadas.

El Salvador: voto digital para ciudadanos en el extranjero

El Salvador implementó en 2024 un sistema de voto en línea para ciudadanos fuera del país. Aunque esta medida aumentó la participación de la diáspora, surgieron preocupaciones sobre la seguridad cibernética y la exclusión de quienes no dominan herramientas digitales. Este caso demuestra cómo la digitalización puede ampliar derechos, pero también generar nuevas barreras de acceso (AP News, 2024).

A pesar de los beneficios que el voto electrónico puede ofrecer, existen diversos desafíos que deben abordarse para garantizar elecciones como la confianza de la ciudadanía en los resultados, la transparencia y verificabilidad de los votos, las máquinas usadas para realizar, el software, el conteo, la trasmisión de datos, entre muchos desafíos tecnológicos, democráticos y humanos que se generan con la implementación del sistema de voto electrónico.

Teniendo en cuenta la importancia del territorio digital, se describen a continuación algunos casos de estudio que demuestran los avances en temas digitales, permitiendo identificar desafíos adicciones en el territorio digital: 

México: verificado 2018

La iniciativa Verificado 2018, que buscó combatir la desinformación electoral, fue un referente en la región. Sin embargo, su impacto fue desigual: mientras en zonas urbanas conectadas su alcance fue significativo, en comunidades rurales y pueblos indígenas —donde el acceso a Internet es limitado— su efecto fue marginal. Esto evidenció cómo los beneficios de la transparencia digital pueden ser desiguales si no se acompaña de políticas de inclusión tecnológica.

Argentina: inteligencia Artificial en campañas electorales

En las elecciones de 2023, varios partidos políticos en Argentina comenzaron a utilizar inteligencia artificial para segmentar votantes y personalizar mensajes en redes sociales. Si bien esto permitió una comunicación más efectiva, también generó preocupaciones sobre la manipulación de la opinión pública y la falta de transparencia en el uso de datos personales.

Colombia: redes sociales como herramienta de movilización

Las elecciones en Colombia han mostrado cómo Twitter/X y WhatsApp se han convertido en plataformas clave para la movilización política. En 2022, grupos ciudadanos utilizaron estas redes para organizar debates, compartir información verificada y denunciar irregularidades electorales. Sin embargo, también se registró un aumento en la desinformación y noticias falsas, afectando la percepción de los votantes. En los actuales candidatos a la campaña electoral de 2026, es frecuente el uso de términos como: sicariato digital, democracia digital, ciberactivismo, soberanía digital, reconociendo el territorio digital.

Ecuador: protección de datos en procesos electorales

Ecuador ha enfrentado desafíos en la protección de datos personales durante sus elecciones. En 2024, se reveló que bases de datos de votantes fueron utilizadas sin consentimiento para campañas políticas, lo que generó un debate sobre la necesidad de mayores regulaciones en el uso de información digital en procesos electorales.

Perú: blockchain para garantizar transparencia electoral

En un esfuerzo por mejorar la seguridad y transparencia, Perú ha explorado el uso de blockchain en el registro de votos electrónicos. Aunque la implementación aún está en fase experimental, se considera una alternativa para reducir el fraude y garantizar la integridad del proceso electoral. 

Recomendaciones para una digitalización democrática

La digitalización puede ser una aliada de la democracia si se desarrolla con criterios de inclusión, transparencia y rendición de cuentas. En América Latina, el reto no es solo técnico, sino profundamente político: garantizar que las herramientas digitales no reproduzcan ni profundicen las desigualdades estructurales existentes. Esto requiere voluntad política, inversión sostenida y participación activa en territorio físico y digital de la sociedad civil. Solo así será posible construir sistemas electorales verdaderamente democráticos en la era digital. 

Esta brecha no solo es geográfica, sino también económica y educativa, perpetuando una ciudadanía en lo digital. Más allá del acceso técnico, existe una barrera cultural y educativa: el uso efectivo y crítico de las herramientas digitales, lo que limita la capacidad para participar activamente en el ecosistema electoral moderno.

El uso de redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp para campañas, monitoreo electoral o denuncias ciudadanas ha trasladado buena parte del debate público a espacios controlados por corporaciones. Esto plantea interrogantes sobre la soberanía digital y el control de los flujos informativos en las democracias latinoamericanas.

La digitalización del espacio electoral no debe interpretarse únicamente como un avance técnico, sino como un nuevo campo de disputa democrática. Frente a estos desafíos, es fundamental adoptar un enfoque centrado en la equidad y la transparencia para orientar la digitalización de los procesos electorales en América Latina, enfatizando que debe:

• Garantizar el acceso universal a internet y dispositivos digitales, con especial atención a zonas rurales y comunidades históricamente excluidas.
• Impulsar programas de alfabetización digital dirigidos a ciudadanos y funcionariado electoral.
• Promover la transparencia en los sistemas de votación electrónica y tecnologías asociadas, asegurando su auditabilidad y participación ciudadana.
• Establecer marcos normativos que regulen el uso de inteligencia artificial, Big data y plataformas digitales durante los procesos electorales.
• Fortalecer la cooperación regional para compartir buenas prácticas, experiencias y herramientas comunes que garanticen procesos electorales justos y confiables
• Contar con herramientas para verificar la información antes de ser difundida.
• Contar con legislación sobre derechos, deberes y responsabilidades en el territorio digital para cada uno de los actores
• Implementar mecanismos robustos de seguridad informática y estrategias contra la desinformación para mantener la confianza ciudadana en el proceso electoral.

No se puede negar la existencia del territorio digital y su impacto en la democracia, lo que nos queda a los ciudadanos e instituciones es reconocer el rol, buscar e implementar las medidas posibles para tomar una posición consciente de las decisiones que impactan los sistemas democráticos en nuestros países y aportar a la construcción del espacio digital, donde todos interactuamos.