Edgar Ortiz Romero alerta sobre renovación de autoridades y estabilidad democrática en Guatemala

Resumen de la entrevista a Edgar Ortiz Romero

Guatemala atraviesa un periodo crítico de transición institucional marcado por la renovación de los altos cargos del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Electoral.

Según Ortiz, tras dos años de la presidencia de Bernardo Arévalo, el sistema judicial opera como una «punta de lanza» de agendas “autoritarias”. El panorama político se encuentra fragmentado en tres bloques principales: fuerzas democratizadoras, sectores “pro-impunidad” y una mayoría de actores que cataloga como «transaccionales», que toman decisiones según la conveniencia del momento.

La actual batalla por el control de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Comisión Nominadora para la Fiscalía General representa el punto de inflexión que determinará si el país logra ampliar su espacio cívico o si permanece bajo el asedio de la criminalización y la autocensura. El abogado asegura que la observación internacional, aunque presente a través de la OEA, muestra un “impacto limitado”, actuando más como un cronista de las deficiencias estructurales que como un freno efectivo a las maniobras de entorpecimiento legal.

Ortiz Romero identifica tres fuerzas dominantes que interactúan en el actual proceso de designación de autoridades de Guatemala: sectores “democráticos” que buscan reabrir el espacio cívico y restaurar el Estado de derecho tras años de retroceso democrático, como los logrados en el Colegio de Abogados; las estructuras tradicionales o “pro-impunidad” (a las que sus detractores a menudo se refieren como el «Pacto de Corruptos») cuyo objetivo primordial es mantener el control judicial para asegurar la impunidad de sus integrantes, y esperar retomar el control del Ejecutivo; y los “actores transaccionales”, que representan la mayoría en instituciones clave como el Congreso de la República, donde su comportamiento no responde a cuestiones ideológicas, sino a una agenda de conveniencia y negociación basada en qué facción tiene mayores posibilidades de prevalecer.

El Laberinto de la Renovación del Poder Judicial

El actual proceso de designación de nuevas autoridades es descrito por Ortiz como un «laberinto», donde los argumentos legales suelen ser secundarios frente a las estrategias políticas de control. Existen tres procesos paralelos de alta relevancia, que abarca a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, y la Fiscalía General de la República.

La Corte de Constitucionalidad (CC) es considerada la pieza más estratégica del tablero político. Se compone de 10 magistrados (5 titulares y 5 suplentes) designados por cinco órganos distintos: 2 por el Colegio de Abogados, 2 por la Corte Suprema de Justicia, 2 por el Congreso de la República, 2 por la Presidencia de la República, y 2 por la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).

Las designaciones deben finalizar antes del 17 de marzo, y Ortiz considera que los sectores “pro-impunidad” buscan mantener una mayoría en la Corte para neutralizar cualquier avance de la agenda democrática. Si una facción independiente obtiene cargos (por ejemplo, como representantes del Colegio de Abogados), los sectores tradicionales podrían tolerarlo si mantienen la mayoría total, o intentar demorar o bloquear la toma de posesión si ven amenazado su control.

Con respecto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), se encuentra en marcha una comisión de postulación (compuesta por 10 miembros) para designar a los nuevos magistrados, de la cual Ortiz Romero forma parte como comisionado suplente. Este proceso es vital para garantizar la transparencia electoral a futuro.

Este año también se renueva el cargo titular de la Fiscalía General de la República, ha sido el motor de lo que Ortiz y otros actores llaman «represión judicial» desde el año 2021. El mandato de la actual Fiscal General, Consuelo Porras finaliza en mayo, lo cual genera una expectativa de cambio, aunque existe el riesgo de que personas afines a su estructura intenten prolongar su influencia.

Las instituciones clave en el proceso de designación

El Colegio de Abogados de Guatemala posee un modelo corporativo constitucional que le otorga asientos directos en las comisiones de nominación y en la Corte de Constitucionalidad. Desde 2024, una coalición independiente de profesionales ha venido ganando espacios que solían estar bajo control de las estructuras tradicionales en tres elecciones consecutivas (Comisiones Nominadoras de la Corte Suprema, Junta Directiva y comisiones de postulaciones para el TSE).

Ante estas pérdidas, los sectores tradicionales emplearon «amparos» judiciales para entorpecer los procesos. Un ejemplo reciente fue el intento de invalidar el voto de profesionales afines (como sociólogos, politólogos, criminalistas) una noche antes de la elección para favorecer a las planillas tradicionales. Estos profesionales, que en Guatemala se registran ante el Colegio de Abogados, suelen votar por ternas alternas a las de los sectores que históricamente controlaban la directiva del gremio.

En este escenario, Ortiz ve una oportunidad en la fragmentación de los sectores “pro-impunidad”, quienes actúan «sobre la marcha» para corregir el rumbo cuando pierden terreno electoral.

Por otro lado, el Congreso de la República, compuesto por 160 diputados, es también una pieza institucional clave en la designación de las nuevas autoridades, lo que lo convierte en el epicentro de una negociación transaccional que agrupa a sus integrantes en 3 grupos casi idénticos en número.

Los diputados del partido oficialista “Semilla” son aproximadamente 25, pero deben actuar de forma “independiente” debido a una suspensión administrativa cuestionable, lo que les impide integrar formalmente la junta directiva, complicando la consolidación de una mayoría estable.

Mientras que se puede decir que tanto el sector “pro-impunidad” como el bloque “democrático” podrían contar con entre 30 a 40 votos, sería el bloque de diputados “transaccionales” que al final tiene la mayoría decisiva que inclina la balanza.

¿Es Guatemala una democracia?

Con un deterioro progresivo que se agudizó en el año 2021, Guatemala es calificada como un régimen híbrido por varios índices populares que catalogan regímenes políticos, y Ortiz concuerda con ese análisis.

2021 marcó el año en el que se activó una represión judicial intensa tras cambios en la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía, resultando en el exilio forzado de jueces, fiscales y periodistas (como José Rubén Zamora).

2023 fue un punto crítico del proyecto autoritario, en el que se bloquearon candidatos presidenciales y, posteriormente, se intentaron desconocer los resultados electorales tras la victoria de Bernardo Arévalo.

Mientras el país puede organizar y celebrar elecciones, carece de libertad plena en la participación y organización de partidos, dado que el Poder Judicial actúa como el «guardián» que asegura que ningún actor «incómodo» desafíe al establishment.

El impacto de la estrategia judicial de los sectores pro-impunidad ha permeado profundamente en la sociedad civil. El impacto más considerable se mide en la autocensura de la sociedad civil, dado que hay actores que antes eran vocales y han bajado su perfil por temor a ser el próximo objetivo de la Fiscalía.

Sobre la presencia de la OEA y paneles de expertos independientes, Ortiz considera que tiene un efecto disuasorio, pero limitado. Se los percibe como «cronistas del desastre», que documentan vicios institucionales que luego no generan debate público suficiente debido al miedo a la criminalización.

El cambio en la Fiscalía en mayo se ve como una oportunidad para abrir el espacio cívico, pero no garantiza un «saneamiento» total del sistema, ya que el Poder Judicial seguirá poblado por actores transaccionales. Según Ortiz, «la autocensura es nefasta y terrible para la democracia (…) el impacto de la observación termina siendo limitado, porque si se resalta una práctica adecuada, tampoco hay demasiado debate público porque los jugadores dicen: ‘¿Subo el volumen para que me ponga en el ojo de la fiscalía? Pues no’.»

En este contexto, Ortiz Romero es una de las figuras más influyentes del debate público en Guatemala, país que en el año 2026 se juega la democracia.