La deuda pendiente de la sociedad con las mujeres para el pleno ejercicio de los derechos políticos encuentra no solo en el ámbito legislativo sino en el ejecutivo también obstáculos por vencer. Lograr la paridad para una efectiva integración en la representación política de la mujer, en pos de un cambio cultural contra la violencia de género.
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En mayo de 2019 el Senado mexicano aprobó, por unanimidad, la Reforma Constitucional en materia de paridad de género, la cual obligaba a la integración paritaria de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), es decir, 50% hombres y 50% mujeres.
Esta reforma aplica también en la integración de partidos políticos, órganos autónomos y demás entidades y organismos que ejercen funciones de autoridad. El objetivo central, promover el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisión en igualdad de condiciones, deuda histórica en México.
Posteriormente, en abril de 2020, el poder legislativo realizó modificaciones a diversas leyes con el fin de sancionar la violencia política por razón de género, ordenando a los 32 Congresos Locales que comprenden el territorio armonizar la legislación para que tuviera efectos en todo el país.
Hasta el momento, no todas las legislaturas han efectuado la armonización, lo que representa un grave problema para su implementación en los próximos procesos electorales ya que la normativa mexicana obliga a que cualquier cambio en materia electoral debe realizarse, al menos, con tres meses previos al inicio del proceso.
Es importante hacer mención que, a finales de este año y de manera escalonada en los Estados, dará inicio en México el Proceso Electoral 2020-2021, en el cual se renovará la Cámara de Diputados a nivel federal y 15 gubernaturas, así como poco más de 21 mil cargos de elección popular a nivel local.
Uno de los casos más emblemáticos en México respecto de la armonización en materia de violencia política por razón de género a nivel local se da en la Ciudad de México, capital y termómetro electoral fundamental en el país.
El pasado 30 de mayo, las Comisiones de Igualdad y Género, así como la de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México (Poder Legislativo Local) convocaron a una sesión presencial para el análisis, deliberación y aprobación del dictamen de reformas en materia de violencia política de género, atendiendo a la necesidad de armonizar la normatividad capitalina con la federal.
La sesión no alcanzó el quorum necesario para atender el asunto, siendo que era el día previo a la última sesión del periodo ordinario y, con ello, se cerraba la posibilidad de legislar en la materia tres meses antes del inicio del respectivo proceso, pues el Proceso Electoral en la Ciudad de México dará inicio en septiembre de 2020.
El incumplimiento legislativo de la capital podría no ser el único en México que deje en un estado de indefensión a miles de mujeres que, en caso de sufrir violencia política durante el proceso electoral, no contarán con una legislación que las proteja.
En los últimos días, atendiendo a la temporalidad que la ley establece, el Congreso de la Ciudad de México ha analizado los diferentes cauces que pudiera seguir para aprobar las reformas en materia de violencia política y que tengan aplicación en 2021.
Al respecto, el Legislativo exhortó al Instituto Electoral de la Ciudad de México y al Instituto Nacional Electoral, ambas autoridades electorales administrativas de nivel local y federal, respectivamente, para que, en el ámbito de sus funciones, aplacen el inicio del Proceso Electoral 2020-2021 en la Ciudad y en consecuencia se pueda aprobar la legislación en cuestión, pero aún sigue sin definirse este supuesto.
Siendo un tema tan importante y dadas las condiciones de violencia que privan en México, algunos estados se encuentran aun en vías de aprobar la armonización legislativa, por ello resulta de suma relevancia que se realicen los procesos legislativos de aprobación en todo el país, para otorgar las condiciones necesarias de participación de las mujeres bajo un clima de tolerancia, seguridad y respeto por los derechos político-electorales.
No omito referir que la configuración del sistema electoral en materia de paridad en México ha tenido avances significativos desde que se implementara la llamada “cuota de género”[1], sin embargo, estas propuestas y normativas se han visto afectadas por acciones lamentables que, en la realidad, han impedido que las mujeres ocupen cargos de elección.
Dentro de los casos más sonados para la democracia mexicana se encuentra el de “Las Juanitas”, que no eran otra cosa que mujeres que ingresaron a la Cámara de Diputados y al Senado por la vía de la Representación Proporcional y, una vez tomado protesta, presentaron escritos de licencia para que entraran sus suplentes al cargo, todos ellos, varones.
Asimismo, han sido muchos los casos en los que lamentablemente las mujeres que obtienen triunfos en las urnas son impedidas de acceder al cargo por amenazas, violaciones y, en ocasiones, asesinatos.
La paridad es un paso fundamental a favor de las mujeres, pero si no va a acompañado de sanciones en contra de la violencia política contra ellas, de nada valdrá porque se desmotivará cualquier ingreso a la vida democrática al no garantizar un acceso seguro y en paz.
Es indispensable generar condiciones de igualdad sustantiva desde un marco legal, pero también resulta urgente que en materia de política pública se abran camino los esfuerzos de desactivación de las conductas violatorias de derechos y entremos en la ruta del cambio cultural, donde desde diferentes frentes como el educativo y laboral, entre otros, a la par se formulen esfuerzos que verdaderamente impulsen una transformación cultural de la ciudadanía.
Para ello, se requieren cambios en el comportamiento general de la sociedad y este esfuerzo no podrá lograrse únicamente con la creación de leyes, pues esto demanda inumerables esfuerzos prioritariamente desde el ámbito gubernamental. Sin que pase inadvertido que la sociedad civil ha recorrido un camino exitoso, acumulando gran expertice que puede servir de gran apoyo para lo que viene.
No debemos dejar pasar esta oportunidad para que desde cada trinchera se impulsen esfuerzos para alcanzar un nuevo contrato social, donde impere el respeto por las personas y una convivencia armónica e igualitaria.
La legislación en materia de violencia política vendrá a reforzar y a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en México, en caso de no tenerla, se corre el riesgo de que la violencia que sufren las mujeres se entienda como parte de las campañas y el status quo.
En un país en donde se corre el riesgo de perder la vida o el patrimonio por opinar de política siendo mujer o, simplemente, en donde en muchas ocasiones no se tiene la posibilidad de estudiar; dejar de legislar para sancionar la violencia, es normalizarla.
Es necesario que tengamos buenas noticias en todo el mundo y sería un orgullo que México destaque por avanzar en el terreno de la inclusión y el respeto por los Derechos Humanos, las mujeres no podemos esperar más, queremos y necesitamos condiciones claras que generen certeza y garanticen una participación política sin violencia.
[1] En México, se llamaba “cuota de género” a un porcentaje de espacios de poder que debían ser ocupados por mujeres, principalmente en el Poder Legislativo.