La mejora en los procesos electorales que persiguen el ideal de las elecciones con integridad requiere de mayores niveles de participación a los que se están dando en la actualidad.
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A la luz de los procesos electorales desarrollados en Latinoamérica desde la última década del siglo pasado y hasta nuestros días, es evidente que existen múltiples diferencias y contrastes en las prácticas nacionales y subnacionales de índole electoral, tomando en cuenta las diferencias entre los sistemas electorales y de partidos políticos.
No obstante estas diferencias, se puede identificar que hay valores compartidos encaminados a fortalecer y consolidar la democrática en la región, a saber, el sufragio universal, libre, secreto y directo; el respeto de derechos políticos-electorales, como el derecho al sufragio y la libertad de expresión y de asociación; la representación y participación política de grupos minoritarios, y la existencia de órganos especializados que impartan justicia electoral son, entre otros, aspectos sobre los que se pueden hallar experiencias comunes[1] y que sin duda han propiciado el desarrollo de buenas prácticas electorales.
Pero ¿Qué son las buenas prácticas electorales? A partir del estudio y análisis de los procesos electorales de nuestra región en los últimos años, podemos identificar acciones que se definen como buenas prácticas, estas acciones deben contener por lo menos cuatro características o atributos para ser consideradas como tales, por lo tanto, una buena práctica debe ser: a) Innovadora, es decir desarrollar soluciones nuevas y creativas para problemáticas existentes; b) Efectiva, consiste en tener un impacto positivo y tangible sobre la mejora; c) Sostenible, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales, tiene que mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos, y d) Replicable, significa que sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en otros lugares[2]
¿Cuáles son los objetivos de las buenas prácticas electorales? Esta interrogante debe responderse en particular para cada caso concreto, es decir, atendiendo al contexto político, social, cultural e incluso económico de cada país o provincia en la que se ponen en marcha, pero en términos generales, las buenas prácticas están encaminadas a fortalecer los avances democráticos, fomentar y proteger la integridad electoral, garantizar la legitimidad de los resultados de las contiendas electorales y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.
Por ello es primordial identificar las problemáticas que se pretenden atajar a partir de diagnósticos focalizados, para la implementación de acciones o programas que pueden traducirse en buenas prácticas. Para ello se requieren distintos tipos de intervenciones y estrategias para abordar las necesidades y actitudes en cada etapa del proceso electoral, incluso fuera del mismo. Por lo que el diseño e implementación de las estrategias se debe incorporar a la mayor cantidad de actores posibles, incluyendo los partidos políticos, al Estado y la sociedad civil[3].
Atendiendo a las características que deben revestir a las buenas prácticas electorales, y a las experiencias reconocidas en distintos lugares, podemos identificar cuáles son estas buenas prácticas que han permeado en la región:
- Reformas legislativas que consoliden el Estado de Derecho y garanticen los derechos humanos y fundamentales de las y los ciudadanos.
- Garantizar el efectivo acceso a la justicia electoral.
- Crear organismos y autoridades electorales con autonomía e independencia en la gestión de procesos electorales.
- Profesionalización de los órganos y autoridades electorales.
- Contar con un padrón electoral confiable.
- Garantizar el sufragio universal, igual, libre, secreto y directo.
- Promover el voto activo informado.
- Garantizar y promover la efectiva participación e inclusión en los procesos electorales de las personas que pertenecen a grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad.
- Regulación, control y fiscalización del financiamiento político.
- Garantizar la participación igualitaria y equitativa de los partidos políticos en el proceso electoral.
- Efectiva organización y funcionamiento de las mesas electorales receptoras del voto.
- Fomentar la transparencia electoral.
- Implementar el voto extraterritorial, a distancia y por medios electrónicos.
- Implementar la observación electoral.
- Garantizar la organización del escrutinio por un órgano imparcial
Estas buenas prácticas, entre otras, han propiciado un proceso de evolución constante en los modelos electorales de la región, que a su vez han permitido ir perfeccionando las acciones tomadas, lo cual no es particularmente fácil en el contexto actual, en el que las responsabilidades de los organismos electorales han ido en aumento en los últimos años.
Finalmente, es de vital importancia precisar que en esta nueva realidad de mejores elecciones derivadas de la implementación de estas buenas prácticas la participación ciudadana toma un nuevo significado y se situá en una posición de interés particular. Ya que paradójicamente los procesos electorales se han ido perfeccionando cada día con una gestión e integridad electoral mucho más cuidadas; sin embargo, la participación ciudadana en estos mismos procesos electorales está francamente a la baja.
Es decir, ahora tenemos mejores procesos electorales pero peores niveles de participación y la tendencia no parece cambiar en el corto plazo. Por lo que el reto a fututo, en el marco de las buenas prácticas, es acercar los electores a las urnas.
[1] Código de Buenas Prácticas en materia Electoral de la Comisión de Venecia.
[2] Plataformas Electorales: ¿Qué es una buena práctica? On Think Tanks Independent Research. Ideas and Advice.
[3] Guia de Buenas Prácticas Internacionales. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.