El escenario posterior a la pandemia que abre la perspectiva a la vuelta a la “normalidad” deberá encontrar en la ciudadanía una actitud participativa para reconstruir la confianza en las instituciones y los procesos de toma de decisión que hacen a la vida en democracia.
Pocos acontecimientos son tan determinantes como para sellar un “antes” y un “después” en la historia de la humanidad. La pandemia ha sido uno de ellos.
A poco más de un año del primer contagio en México, el brote originado por el Covid-19 ha exigido tanto para las instituciones del Estado, como para la sociedad en general, una capacidad de adaptación y renovación sin precedentes; y las autoridades electorales no han sido la excepción.
Para el caso específico de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) ha sido una oportunidad para reinventarse. Primero, replanteando sus procedimientos de manera integral a fin de dar cumplimiento a los fines institucionales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo, para justificar su existencia, la cual ha sido cuestionada de manera recurrente en los últimos años.
Tres de las lecciones más significativas que está dejando esta emergencia sanitaria para los OPLES son: primero, priorizar aquello realmente importante; segundo, reconocer que la vida democrática seguirá su curso en un escenario de pandemia, por lo que más que nunca es necesario generar confianza ciudadana en la incertidumbre; y, por último, asumir que ningún actor podrá hacer frente a esta crisis sin el concurso decidido de la ciudadanía.
En cuanto a la primera enseñanza, las autoridades electorales tienen la oportunidad de reivindicar su relevancia como organismos que realizan funciones prioritarias en un periodo marcado por la categorización de las actividades “esenciales” y “no esenciales”. No solo porque tienen la trascendental encomienda de organizar los procesos electorales en las entidades federativas, sino también por el papel que desempeñan como “escuelas de ciudadanía”, fomentando los valores democráticos y la cultura participativa.
De tal suerte que, mencionar que parte del destino histórico de los estados de la República pende de estas instituciones no es exagerado, ya que de sus procedimientos emanarán las y los representantes populares encargados de encauzar las decisiones públicas de su propia entidad, así como de infundir en la ciudadanía el anhelo de ver más allá de los intereses particulares y comprometerse a involucrarse en los asuntos públicos.
La segunda lección tiene que ver con el reconocimiento de que las sociedades democráticas tendrán que convivir con una pandemia, al menos, en el corto y mediano plazo. Ciertamente, esta emergencia sanitaria ha traído como secuelas un clima generalizado de incertidumbre social, acompañado de desánimo, miedo, confusión, escepticismo y desconfianza. Primero con el desconocimiento de la enfermedad, ahora con la disponibilidad y eficacia de la vacuna.
Estas condiciones acentúan aún más el campo de la desconfianza ciudadana, la cual ya se encontraba erosionada desde hace varios años. Diversos estudios han venido alertando de esta situación que subsiste de manera particular en América Latina. El último reporte de Latinobarómetro (2018) ha tildado a la región como la más desconfiada de la tierra, presentando mínimos históricos de confianza interpersonal. Además, señala que los niveles de confianza descienden sin importar la institución o el país (Latinobarómetro, 2018).
Esta situación es sumamente nociva, ya que sin la confianza no puede haber legitimidad en las elecciones. La confianza de la ciudadanía, por tanto, incide directamente en la legitimidad de la democracia al ser la piedra angular que brinda justificación a las normas, a las prácticas y a las instituciones. En este sentido, Dieter Nohlen (2011) afirma que “la cuestión de la consolidación de la democracia está íntimamente relacionada con la cuestión de su aprobación por parte de la población”.
De cara a las elecciones de 2021, las autoridades electorales enfrentan el gran desafío de generar confianza para que la ciudadanía salga el próximo seis de junio a emitir su voto con la tranquilidad de que no se pondrá su salud en riesgo. La experiencia de los procesos electorales tanto en Coahuila como en Hidalgo, confirmaron que no solo es posible llevar a cabo elecciones seguras aún en contextos de emergencia sanitaria, sino absolutamente necesario. Para ello, las autoridades electorales han replanteado cada una de las actividades del proceso electoral a fin de celebrar elecciones seguras, confiables y técnicamente sólidas.
En Querétaro, por citar la entidad en la que resido, la autoridad electoral ha implementado rigurosamente las medidas sanitarias ordinarias, tales como usar el cubreboca de manera permanente, mantener la sana distancia, utilizar gel antibacterial, comunicar frecuentemente el estado de posibles casos de contagio, llevar a cabo las sesiones de órganos colegiados en modalidad virtual, realizar pruebas de Covid-19 al funcionariado de manera aleatoria, sanitizar los espacios comunes, separar al funcionariado en diversas oficinas, colocar filtros sanitarios, etc.
Igualmente, se ha contemplado la reconfiguración de actividades específicas de proceso electoral, tales como la incorporación de sistemas en línea que faciliten el reclutamiento y selección de personal de los consejos distritales y municipales o los propios supervisores y capacitadores electorales locales; la realización de debates a la gubernatura con aforos limitados y sin público; la realización de actos protocolarios que acaten las medidas de seguridad sanitaria; y la emisión de ordenamientos normativos que regulen el comportamiento de los diversos actores políticos, particularmente durante el periodo de campañas electorales.
Cabe resaltar que los diversos protocolos sanitarios han previsto que las candidaturas eviten que en sus eventos proselitistas asistan personas menores de 12 años, adultas mayores, con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas. También, se ha prohibido la interacción en la entrega de propaganda de una persona a otra.
Para la jornada electoral, se le suman las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), algunas de las cuales serán las de evitar en las casillas que estén dos personas a la vez emitiendo su sufragio, mantener sana distancia en la fila, usar obligatoriamente cubrebocas y gel antibacterial, colocar mamparas sin cortinas para reducir superficies de contacto, sanitizar las casillas, ampliar la posibilidad de que el electorado lleve marcador o bolígrafo propio, dar prioridad a grupos vulnerables para votar, entre otras.
Todas estas medidas están pensadas para vencer el abstencionismo, que es uno de los principales rivales que vencer. Con todo, así como está claro que la participación electoral el día de la jornada del 6 de junio será trascendental para que la legitimidad se deposite en las personas que realmente traducen la voluntad popular, también es cierto que el involucramiento de la ciudadanía en la democracia no se puede reducir a este tipo de participación, menos aún en el escenario pospandemia denominado “nueva normalidad”.
Una parte fundamental será la de asumir que ninguna institución, ningún gobierno, ningún líder podrá hacer frente a esta crisis sin la participación activa y propositiva de la sociedad en su conjunto. Quizás, las consecuencias no se hayan manifestado aún de manera radical ni alarmista en México, pero poco a poco la desconfianza y la apatía van sacando a la luz actitudes de egoísmo, intolerancia y polarización.
Por tanto, la participación ciudadana será crucial en el periodo pospandemia, puesto que es absolutamente necesaria la suma de esfuerzos colectivos que ayuden a reconstruir, desde el centro de los valores democráticos, las demás estructuras económicas, políticas, sociales y culturales.
Es aquí donde interactúa la última enseñanza de la pandemia, la multiplicidad de retos para organizar elecciones en tiempos de pandemia excede las competencias y capacidades de la autoridad electoral, por lo que vuelve imperativo que la ciudadanía alimente y nutra la democracia.
La educación cívica y la participación ciudadana son herramientas que permiten la resolución de las problemáticas sociales que afectan a una colectividad. Así, es fácil dilucidar el rol que jugarán los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en el fomento de la cultura participativa en la sociedad, ya que directa o indirectamente, será a través de estas instituciones por los que penda la estabilidad política de la sociedad.
Únicamente un comportamiento cívico permitirá superar esta complicada situación. Así lo menciona Milano (2020):
La participación ciudadana tiene un rol decisivo en los días que siguen. Su capacidad de organizarse en tiempo récord detrás de ideales de justicia ahora tiene la oportunidad histórica de demostrar su gran valor agregado organizándose hacia adentro, permaneciendo en el interior de las propias casas cuando así se lo indiquen las autoridades que, como los ciudadanos, desconocen lo que viene y están intentando tomar las mejores decisiones.
Si bien la pandemia ha acentuado la incertidumbre en el contexto político y social, esta situación presenta oportunidades para el crecimiento, el cambio positivo y la innovación en todos los ámbitos y el electoral no es la excepción. Los pasos a seguir están a la vista de todos: generar confianza ciudadana para propiciar la participación de la sociedad en las diversas etapas del proceso electoral, provocando así, el éxito de las elecciones. Consecuentemente, esto llevará a que las y los representantes populares emanen con legitimidad, y posean la gobernabilidad para poner en marcha sus propuestas que derivarán en mejores oportunidades para toda la población.
Al final de cuentas, el desafío histórico de la sociedad en el contexto de pandemia penderá de las actividades que realicen los OPLES en la generación de confianza y en la promoción de la participación; pero sobre todo en los valores que permeen en la sociedad, así como en su compromiso para ejercer su derecho al voto y su derecho a participar activamente en los asuntos públicos.
Recuperado:
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
Corporación Latinobarómetro. (2018). Informe Latinobarómetro 2018. Recuperado de: https://www.latinobarometro.org/latNewsShowMore.jsp?evYEAR=2018&evMONTH=-1
Milano, F. (19 de marzo de 2020). Coronavirus. Participación ciudadana como deber cívico histórico. El Universal. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/flavia-milano/coronavirus-participacion-ciudadana-como-deber-civico-historico
Nohlen, D. (2011). La democracia: instituciones, conceptos y contexto. México. Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuperado de: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/id/3024
