La profundización democrática requiere de una sociedad comprometida con la decisión y control sobre la distribución de los recursos públicos, y de su aplicación, y del uso de las herramientas que lo hagan posible.

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Las consultas de presupuesto participativo comenzaron a tener auge a nivel mundial a partir del año 2000, sumando cada vez más lugares en donde la ciudadanía que, de la mano del gobierno, elige el destino que tendrá un porcentaje de los recursos públicos para realizar obras que beneficien a sus comunidades.

En México, diversas entidades tienen dentro de sus legislaciones locales la figura de presupuesto participativo, la Ciudad de México (CDMX), capital del país, es una de ellas.

El pasado 15 de marzo, en la Ciudad de México se celebró la elección de los proyectos de la Consulta de Presupuesto Participativo. Esta consulta, de acuerdo con el Artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana vigente en la Ciudad de México[1], se define “como el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales”.

El presupuesto participativo en la Ciudad de México tiene dentro de sus objetivos la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

Este instrumento de democracia participativa previsto en la normativa electoral de la ciudad, ha permitido que la ciudadanía se involucre más en el desarrollo de sus comunidades, exija transparencia a sus autoridades y tenga una mayor vivencia de sus derechos político-electorales. Ello, al permitir posibilidades decisorias sobre la distribución de recursos y fortalecer los vínculos democráticos.

La ciudadanía capitalina ha podido participar en este tipo de consultas desde 2011, teniendo resultados positivos y generando ideas novedosas que han permitido cambiar la infraestructura de la CDMX y vincular de mejor manera a gobernantes y gobernados.

En la consulta de este año que, conforme al nuevo diseño legal, tendrá impacto en los presupuestos de 2020 y 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, órgano electoral autónomo responsable de la organización de las elecciones locales, realizó la prueba piloto del sistema de votación electrónica en dos demarcaciones territoriales, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

A pesar de que los resultados presentaron áreas de oportunidad en estas demarcaciones, el ejercicio resultó positivo porque permitirá en el futuro cercano generar elecciones menos onerosas para la ciudadanía y con mayor velocidad en el procesamiento y publicación de resultados. La democracia constantemente evoluciona a posibilidades digitales.

De ahí, la conveniencia de explorar nuevos mecanismos que permitan a más personas participar, como fue el voto anticipado a través de internet, aprovechando así las tecnologías de la información en la construcción y desarrollo de un mejor sistema electoral.

Asimismo, esta consulta tuvo la particularidad de celebrarse días previos al inicio en México de la contingencia sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19 y, la etapa de resolución de medios de impugnación a los resultados, se llevará a cabo una vez concluído el periodo de cuarentena[2].

Respecto a la consulta del presupuesto participativo, y en general la mayoría de los instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México, existen mejoras en diversos aspectos.

El primero de ellos sería la difusión de las diversas etapas que constituyen la consulta, así como de los proyectos aprobados para contender en cada una de las unidades territoriales. El desconocimiento provoca apatía y genera porcentajes de votación muy bajos. En esta ocasión, sólo el 5.6 por ciento de la población participó[3]. La ganancia democrática de estos mecanismos no debe verse opacada por los déficits de una participación escasa.

Encontrar espacios mediáticos, más allá de los tiempos oficiales, en los que se pueda dar a conocer en qué consiste, las etapas y beneficios de las consultas de presupuesto participativo generará un mayor interés en la ciudadanía y, por ende, mejores tasas de participación.

De igual forma, sería conveniente que las personas promoventes de los proyectos puedan difundir, de manera sectorizada, los alcances y beneficios de sus propuestas, pues de esta manera las vecinas y vecinos reconocerán de mejor forma la importancia de ser parte de estas consultas.

En el caso de los Tribunales Electorales debemos dar una mejor explicación y difusión a nuestras resoluciones, dando a conocer a la ciudadanía el impacto y alcance de éstas.

Los tribunales somos el primer punto de vinculación entre la justicia electoral y la ciudadanía, de ahí que debamos desempeñar una función transparente y clara para que todas las personas entiendan el sistema electoral y, sobre el particular, las consultas de presupuesto participativo.

Como autoridades electorales debemos velar siempre porque nuestro trabajo beneficie a la ciudadanía. Las consultas de presupuesto participativo permiten que ésta decida sobre el futuro y desarrollo de sus comunidades, está en nuestras manos valorar y defender esa decisión en aras de seguir fortaleciendo el sistema electoral y la cultura democrática de todas las entidades.

 

[1] Aprobada y publicada el 12 de agosto de 2019

[2] El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, órgano autónomo responsable de resolver los medios de impugnación en materia electoral en la capital del país, acordó la suspensión de plazos y términos del pasado 27 de marzo al 20 de abril (salvo que se extienda la contingencia sanitaria).

[3] https://www.iecm.mx/noticias/difunde-iecm-computos-de-eleccion-vecinal-y-consulta-de-presupuesto-participativo/

 

MARTHA MERCADO RAMÍREZ

Magistrada Electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Electoral por la misma casa de estudios. Se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Especializada, así como en la Sala Regional Ciudad de México. Fungió como asesora en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue Directora del Instituto de Formación y Capacitación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Se ha enfocado al estudio del sistema jurisdiccional del derecho electoral, control de convencionalidad, libertad de expresión, acceso a la información, mujeres y participación política y propaganda político-electoral.

 

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