Plebiscito Constitucional:
El día 17 de diciembre del presente año, más de 15 millones de chilenos son llamados a participar del “Plebiscito Constitucional 2023”, jornada electoral donde se decidirá si la ciudadanía aprueba o no el texto constitucional propuesto por el Consejo Constitucional, órgano que fue electo el 7 de mayo del 2023, además de la participación en el proceso de un organismo técnico y otro de admisibilidad, ambos elegidos por el Congreso Nacional.
La jornada de votación, como se establece en las reglas que rigen las votaciones populares y escrutinios en el país, Ley N° 18.700, se realizará en los distintos locales de votación, que en general se trata de escuelas o liceos a lo largo del país, en las 365 comunas, siendo habilitados por el Servicio Electoral (denominado SERVEL), en una jornada única que se extenderá desde las 8 am aproximadamente, hasta a las 18 horas, o desde el horario de apertura de las mesas (si es que se produce esto luego de las 8 am por falta de vocales que puedan constituir la mesa, donde se requiere un mínimo de 3 para aquello) hasta que se compruebe que no existe ningún otro elector que desee sufragar, pero que también en ningún caso puede ser antes de las 18 horas.
La participación en el proceso es de carácter obligatorio, según la ley electoral vigente, por lo que deberán participar según los datos oficiales otorgados por el SERVEL, en el padrón definitivo, un total de 15.262.012 personas a nivel nacional, y 127.546 ciudadanos que residen en el exterior (quienes en su mayoría lo realizarán en los consulados o recintos especiales asignados para aquello), siendo para estos últimos el voto de carácter voluntario, según el padrón habilitado, y que fue publicado en el mes de octubre. Tanto el listado de los vocales de mesa, como también de los miembros del colegio escrutador (quienes son elegidos al azar dentro de padrón), serán publicados a finales del mes de noviembre, con 3 días de plazo para presentar las respectivas excusas ante una ausencia justificada para dicho día.
Quienes no participen de la elección, arriesgan multas que van desde los 31 mil pesos chilenos ($39 dólares), hasta los 180 mil pesos chilenos ($227 dólares), siendo estas determinadas por un juez, debiendo concurrir a un proceso en el Juzgado de Policía Local respectivo con fecha posterior a la realización del proceso electoral. Solo se podrán excusar quienes presenten alguna justificación autorizada por el SERVEL, es decir, quienes se encuentren a más de 200 kilómetros del lugar del sufragio, quienes presenten alguna enfermedad el día de la votación o quienes por algún impedimento grave no puedan asistir a la jornada electoral.
El día de la elección, se le entregará una única papeleta con el siguiente encabezado: “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”, y bajo esto, dos rayas horizontales con las siguientes opciones, en primer lugar la frase “A favor” y en segundo, “En contra”, y donde cada elector debe marcar solo una preferencia realizando una línea de arriba hacia abajo en la opción de su preferencia, pudiendo por cierto, ser dejada en blanco, lo cual se considerará “voto en blanco” a efectos del conteo posterior, o con algunas de las formas en que sé dé a entender que dicha papeleta encuentra nula (marcando más de una opción, escribiendo algo adicional, entre otras opciones previamente definidas). Estas opciones se eligieron para diferenciarlas a las del primer proceso efectuado el año 2022, donde la ciudadanía se inclinó por la opción rechazo en el plebiscito efectuado en octubre del año pasado, con un 606% de las preferencias. De resultar ganadora la opción “A favor”, el documento presentado se convertirá en la nueva Constitución oficial del país, y reemplazará a la actual, en caso contrario, si ganara la opción “En contra”, se mantendría vigente la Constitución que actualmente rige en el país, y que pese a las más de 60 reformas que se han efectuado al texto desde el año 1989 en adelante, mantiene su origen en el texto de 1980, altamente cuestionado precisamente por haber sido realizada bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet Ugarte.
Texto Constitucional y proceso de elaboración del texto:
Desde hace bastantes años que la discusión constitucional ha sido tema en Chile, siendo una demanda de sectores de izquierda extraparlamentarios desde inicios de los años 90, pero que fue adquiriendo mayor relevancia en el último tiempo, pasando por las campañas ciudadanas como la del “Marca tu voto” del año 2013, donde se invitaba a la ciudadanía a incluir las siglas “AC” en la esquina superior derecha de la papeleta en la elección presidencial de diciembre del mismo año, al fallido proceso constitucional de la ex Presidenta Michelle Bachelet del año 2018. No fue sino hasta octubre del año 2019, con el denominado “Estallido Social”, donde ocurrieron una serie de manifestaciones a lo largo del país producto de un descontento social por diversos motivos, que el tema se hizo generalizado y cuya respuesta en ese entonces por parte del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera (Centroderecha) y las diversas fuerzas políticas, fue la firma del denominado “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”, que dio inicio al primer proceso constituyente en Chile realizado durante los años 2021 y 2022, estableciendo en primer lugar, un plebiscito de entrada, dando a escoger a la ciudadanía si se quería o no una nueva constitución, y a la vez, el establecimiento de un mecanismo para la elaboración del nuevo texto, además de la reglamentación del proceso de elaboración de un nuevo texto, si así la ciudadanía lo establecía en el plebiscito de entrada, y la realización de un plebiscito de salida, con la ratificación o no de la ciudadanía del nuevo texto constitucional. Dicho plebiscito se efectuó el 25 de octubre del año 2020, con voto voluntario, resultando ganadora la opción “Apruebo” con el 78,28% de los votos, contra un 21,72% de la opción “Rechazo”, y también resultó ganadora la opción de “Convención Constitucional” (siendo esta compuesta por un 100% de personas elegidas) con un 79%, versus un 21% que se inclinó por una opción mixta entre miembros elegidos y parlamentarios, denominada “Convención mixta”. Con estos resultados se da inicio al primer proceso constitucional, con una participación de 7.569.082 electores, de un total de 14.855.719 que establecía el padrón.
Luego del plebiscito de entrada, se realizó la elección de los convencionales constituyentes, los días 15 y 16 de mayo del año 2021, de forma excepcional en dos días de votación en el país producto de la pandemia y de la cantidad de votaciones que se debían efectuar, al estar también la elección municipal y de gobiernos locales y regionales, para no generar filas de personas en los locales de votación, debiendo ser elegidos 155 escaños (correspondiente a igual número de escaños que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados del país), siendo elegidos además de forma paritaria (con un sistema de paridad de salida, y debiendo incorporar 18 escaños adicionales de pueblos originarios, en carácter de cupos reservados). Esta elección dio una mayoría aplastante a los sectores de izquierda no representados en los partidos políticos tradicionales, sino que de fuera de esos partidos, siendo representantes de organizaciones sociales que movilizaron a grupos identitarios durante el denominado estallido social, siendo el mayor ejemplo de esto la denominada “Lista del Pueblo”, que logró elegir 26 escaños, frente a los 25 que lograron obtener los partidos de centroizquierda tradicional del país, y la centroderecha y derecha, que solo lograron 37 escaños, muy por debajo del número de parlamentarios que existía en ese entonces para esos grupos políticos en el Congreso Nacional.
Es así como este órgano trabajó durante 12 meses en total, desde julio del año 2021 a julio del 2022 (al tener como plazo señalado en la Constitución vigente 9 meses, ampliable otros 3, dando 12 en total), no exento de críticas por su extenso contenido normativo, sus normas identitarias que respondían solo a un sector de la sociedad, la forma refundacional de enfrentar la discusión constitucional y el como llevaron a cabo el trabajo a realizar, además de otras polémicas que generaron mucho que hablar por parte de la ciudadanía y la opinión pública, que hizo que incluso desde la mitad hacia delante del proceso ya se manifestaba un rechazo al texto constitucional en construcción por parte de la ciudadanía.
Es así como luego del plazo ya señalado, y luego de una intensa campaña, se realizó el determinado Plebiscito de Salida, el día domingo 4 de septiembre del 2022, y que con voto obligatorio logró convocar a más de 13 millones de chilenos a participar del proceso, con una sola cédula que preguntaba a la ciudadanía “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”, y con las opciones “Apruebo” y “Rechazo”, obteniendo esta última el 61,89% de los votos, versus un 38,11% de los votos la primera opción, fracasando así el primer intento de proceso constitucional en el país.
Posterior a ese proceso, y dado que los dirigentes políticos de los principales partidos del país entendían que el proceso constitucional no se encontraba cerrado dado el resultado del plebiscito de entrada que habilitó dicha discusión, y luego de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo por parte de los parlamentarios para iniciar un nuevo proceso constitucional que fuera más acotado que el anterior, pero también que tuviera una mayor definición y márgenes de actuación, para así no avanzar hacia una refundación del país, sino que hacia un proceso mucho más ordenado. Esta apertura de un nuevo proceso, pese a que existieron voces disidentes para no volver a la discusión constitucional, se llevó a cabo principalmente debido a que los líderes de la campaña del “Rechazo” manifestaron en el proceso electoral del plebiscito de salida que se debía trabajar en una “buena y nueva constitución” y utilizaron como eslogan de campaña la elaboración de un nuevo texto, tratando de responder de esta forma a los anhelos ciudadanos que se manifestaron en el plebiscito de entrada con una amplia mayoría, sumado a los sectores de izquierda que consideran ilegítima la Constitución que actualmente rige en el país.
Es así como en enero del año 2023 se aprobó por parte del Congreso Nacional la reforma que habilitaba a un nuevo proceso, indicando en ella la creación de tres organismos que intervendrían en el proceso, además del cronograma de trabajo de los mismos, una serie de “bases” que actuarían de bordes para la nueva discusión constitucional y un plebiscito de salida, como ratificación ciudadana del texto propuesto.
El primer órgano establecido en dicha reforma fue el Consejo Constitucional, órgano que sería compuesto por 50 integrantes, siendo elegidos en su totalidad el día 7 de mayo del 2023, con voto obligatorio, además debían ser incorporados tantos representantes de pueblos originarios (en escaños adicionales) como votación lograran el día de la elección, con un padrón electoral especial indígena. El segundo órgano fue una Comisión Experta, que estaría compuesta por 24 integrantes (12 elegidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, en proporción a las fuerzas políticas presentes en el Congreso), y que elaborarían un anteproyecto a ser presentado ante el Consejo Constitucional; y finalmente un Comité Técnico de Admisibilidad, que sería compuesto por 14 integrantes, y que resolvería los requerimientos que pudieran existir de las normas aprobadas por la Comisión, o por el Consejo, en caso de que fueran contrarias a las bases institucionales o bordes que fueron establecidos. Además, estos tres órganos serían compuestos paritariamente.
Como ya se mencionó, adicionalmente a estos órganos se estableció una serie de principios denominadas “Bases institucionales” o constitucionales, las cuales no podían ser pasadas a llevar ni por el Consejo ni por el Comité de Expertos en la elaboración del nuevo texto y estas debían estar incluidas en la misma, evitando así cualquier intento de refundación del país. Dichas bases son las siguientes:
“1. Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo.
2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.
3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.
4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas.
5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.
7. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí:
a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan directamente en el gasto público.
b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas.
c) Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular.
8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República.
9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.
10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile.
11. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.
12. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad”.
La Comisión Experta se instaló a trabajar en el anteproyecto el día 6 de marzo del 2023, al mismo tiempo que entró en funciones el Comité Técnico de Admisibilidad en la misma fecha. En cambio, el Consejo Constitucional comenzaría sus funciones el día 07 de junio del mismo año, un mes después de la fecha de realización de la elección.
Como ya se hizo mención, el 07 de mayo se llevó a cabo la elección del Consejo Constitucional, debiendo elegir 50 integrantes, con voto obligatorio y con el mismo sistema electoral que para los Senadores en el país, es decir, con una representación proporcional en forma plurinominal, con listas abiertas en forma de circunscripciones, que corresponden a las regiones del país y con distribución de votos según el método d´Hondt, además de la inclusión de escaños supernumerarios según correspondiera a la participación indígena en el proceso. En este proceso, participaron 12.858.862 personas, dando los siguientes resultados:
| Partido | Escaños obtenidos | Votos | Porcentaje |
| Partido Republicano | 23 | 3.468.258 | 35.41% |
| Unidad para Chile | 16 | 2.800.975 | 28.59% |
| Chile Seguro | 11 | 2.063.907 | 21.07% |
| Todo por Chile | 0 | 877.207 | 8.95% |
| Partido de la Gente | 0 | 537.088 | 5.48% |
| Independientes | 0 | 48.495 | 0.50% |
Como se puede apreciar, el Partido Republicano, siendo su fundador y líder principal el ex candidato presidencial que fue derrotado en la última elección presidencial, José Antonio Kast, fue el que recibió la mayor cantidad de votos, obteniendo una victoria aplastante, que los dejó casi con la mitad de los escaños (23 de 50 cupos), y que junto a las fuerzas de “Chile Seguro”, coalición que integra a los partidos tradicionales de centroderecha del país, como son Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evopoli), con sus 11 escaños elegidos por la gente, con la mayoría del Consejo a las fuerzas de derecha/centroderecha para tomar las decisiones al interior del órgano.
Muy por detrás quedaron las fuerzas de gobierno, representadas en la coalición “Unidad para Chile”, que integraron los partidos: Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Partido Comunista, Partido Liberal y el Partido Socialista, con solo 16 escaños en total. Todos partidos que actualmente conforman la principal coalición del gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Una vez efectuada la elección, e iniciadas sus funciones el día 7 de junio del 2023, con sede en el ex Congreso Nacional de Santiago, fue elegida la mesa directiva, que fue integrada por la consejera Beatriz Hevia (del Partido Republicano) con 33 votos, y como vicepresidente el consejero Aldo Valle (independiente elegido en cupo del Partido Socialista) con 17 votos.
Debemos señalar además que se requería la asistencia de un tercio de los integrantes con derecho a voto para iniciar una sesión, y el quorum de aprobación de normas, modificaciones o la incorporación de elementos al anteproyecto presentado por los expertos requería de tres quintos de sus integrantes, por lo que prácticamente dejaba fuera a la izquierda de todos los acuerdos que se pudieran llegar, ya que bastaban los votos de la derecha y la centroderecha para lograr dicho quorum.
El trabajo a la vez se dividió en comisiones temáticas, y el número de integrantes se definió en base a los intereses de las bancadas, pero como mínimo debía estar integrada cada comisión por 12 consejeros constitucionales. Las comisiones fueron las siguientes:
- Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado
- Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos
- Principios, Derechos Civiles y Políticos
- Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
Luego del intenso trabajo de meses, la presentación y revisión de normas, las intervenciones en el Consejo y la posibilidad de otorgar puntos políticos hacia la prensa, y ante la mirada también de los integrantes del Comité de Expertos que también asistían a las sesiones, y no exentos de críticas también en el proceso, tras varias jornadas de trabajo y votaciones que muchas veces se extendieron por horas en la madrugada, el Consejo Constitucional elaboró un texto a proponer a la ciudadanía.
El lunes 30 de octubre se realizó la última sesión del pleno del Consejo, donde según la normativa legal, se debía votar el texto completo, dando origen así al contenido constitucional que sería presentado a la ciudadanía. Para aquello, se requería un quorum de 3/5 partes de los miembros del consejo, cumpliéndose así la formalidad misma de la ratificación del texto propuesto, con solo los votos de los sectores de derecha (Partido Republicano) y Chilevamos (partidos de centroderecha).
El día martes 7 de noviembre se realizará la ceremonia de entrega del texto constitucional a plebiscitar al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, dando por tanto término y disolución al Consejo Constitucional como también a la Comisión Experta, para dar inicio a la etapa de campañas de las opciones propuestas. No fue necesaria finalmente la intervención del Comité Técnico de Admisibilidad, al no existir ningún requerimiento en el proceso, por no vulnerar los artículos de ninguna base constitucional.
El texto completo propuesto a la ciudadanía se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.procesoconstitucional.cl/wp-content/uploads/2023/11/Propuesta-Nueva-Constitucion.pdf
Campaña informativa y electoral:
Pese a que todavía se está en proceso de definición de algunas fechas, o formas, por parte del Servicio Electoral (SERVEL), se conoce que el día 17 de noviembre se dará inicio a la Franja electoral, para que quienes se inscriban puedan tener algún tiempo determinado en pantalla para defender su opción, transmitida durante un horario asignado en dos jornadas (mañana y tarde) por los canales abiertos nacionales, siendo organizada por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). La fase de difusión electoral o campaña propiamente tal comenzará 30 días antes de la fecha de la elección, que coincide con la fecha de inicio de la franja, además de señalar que el día 12 de diciembre se publicará el facsímil de la cédula electoral definitiva, y el día 14 del mismo mes deberá finalizar toda propaganda electoral.
Por otra parte, el ejecutivo tendrá la misión de efectuar una campaña información con respecto a la elección, pero también del documento elaborado por parte de los consejeros, donde desde La Moneda ya se ha anunciado que se destinarán cerca de 200 millones de pesos chilenos (220.000 dólares) en la impresión y en la distribución de los ejemplares para informar a la ciudadanía.
Balance del proceso actual versus el anterior:
Si tuviéramos que comparar ambos procesos constituyentes efectuados en el país, lo primero que podríamos señalar en cuanto a similitudes es que en ambos procesos un sector político tuvo la mayoría suficiente para aprobar todas las normas que quisiera del texto (en el primer proceso una izquierda identitaria alejada de partidos tradicionales, en el proceso actual, una derecha mas dura, para algunos ultraderecha, que también antepuso temas de su agenda sobre los acuerdos transversales que pudo haber alcanzado), cuestión que ya se demostró en el primer proceso fallido, y que no permitió obtener las grandes mayorías necesarias para su aprobación.
El mayor problema que se vislumbra para este plebiscito de salida tiene que ver principalmente con este punto, y es con las discusiones valóricas y cuestionamientos que se puedan enfrentar, sobre todo en lo que tiene que ver con la normativa de defensa de la vida que fue incluida a nivel constitucional, y que generó gran debate en el país, ya que en el artículo relativo al derecho a la vida se cambió la oración “del que está por nacer” a “de quién está por nacer”, generando una serie de interpretaciones que se entienden podría restringir el derecho al aborto en tres causales que está vigente en el país. Así como en su momento se sentía que el proyecto no respondía a grandes mayorías, más allá de la cantidad de votos que cada sector político que dirigió el proceso obtuvo, se siente como una constitución que al final responde más a intereses partidarios que a los grandes acuerdos que el país necesita, cuestión que ha dado pie a que se mencione el concepto de “Kastitución” para referirse al texto, por el nombre del líder del partido (partido republicano) que llevó este proceso en su mayoría, con sus 23 consejeros.
Ahora bien, si tuviéramos que mencionar una diferencia importante en favor de este proceso, es que sin lugar a dudas ha sido mucho mas institucional y de forma seria, no solo por los mecanismos propios que se establecieron para evitar otro proceso refundacional, sino que también en las formas que los propios consejeros llevaron adelante la discusión constitucional, alejados de las polémicas que se efectuaron en el primer proceso, con alturas de miras y con un interés importante al menos por conversar con los sectores minoritarios, pese a que no llegaron a muchos acuerdos pero se vislumbró una disposición a aquello importante, y que también permitió generar el debate adecuado. Debemos recordar que muchas veces en el primer proceso se alegó censura y una actitud displicente hacia los sectores que eran minoría, cuestión que ahora no ocurrió. Además, las discusiones también han sido mucho más enriquecedoras actualmente, ya que se podrá discutir si a la ciudadanía le parece o no el tipo de normas que resultó, les podrá agradar mas o menos algún artículo, pero no viene acompañado de un proceso refundacional, sino que de un respeto por la tradición institucional y constitucional chilena.
El principal problema que se vislumbra de este segundo proceso, es que gane la opción que gane en el plebiscito de salida del 17 de diciembre, no está cerca de cerrarse el proceso constitucional, ya que si por un lado la opción “a favor” es la que resulta electa, van a pasar años para que se pueda implementar, sobre todo en la creación de nuevos órganos a nivel institucional que además va a requerir todos los esfuerzos normativos (modificaciones de leyes, reglamentos) para su implementación, pero que a la vez los sectores de izquierda o de derecha moderada seguramente van a querer modificar ciertos elementos de la misma, incluso hay quienes han mencionado que se trata de un texto “habilitante”, pues permitirá que se efectúe una nueva discusión constitucional próximamente para su reforma completa. Por otra parte, si es que la opción “en contra” gana el plebiscito, la tentación de sectores refundacionales y de izquierda, que permanentemente y al igual que en otros lugares de América Latina impulsan una asamblea constituyente será la prioridad política número uno, siguiendo incluso las palabras textuales de importantes dirigentes del Partido Comunista y del Frente Amplio en Chile, que sueñan con un órgano de poder constituyente originario capaz de hacer la vía al socialismo y comunismo en el país, como si no existiera el antecedente del fallido primer proceso. Sin lugar a dudas se suma que la ciudadanía está cansada de la discusión constituyente, y más que una cuestión netamente política o académica, existe ya la referencia que un tercer proceso involucrará más recursos y que por supuesto que nuevamente las denominadas urgencias sociales que requiere el país quedarán nuevamente postergadas en pos de una nueva discusión de este tipo, por lo que si ya para este proceso vigente existe un descontento y un cansancio ciudadano que se manifiesta (o no) hacia la tendencia de rechazar lo realizado hasta ahora, que se siga pensando en otro proceso simplemente seguirá aumentando dicho impulso.
Lo que es cierto es que el resultado está por verse y sobre todo las reacciones políticas del día siguiente también. Las encuestas al menos han indicado, hasta ahora, que la mayoría se inclina por la opción “en contra” y desde hace varios meses que así lo señalan estos estudios de opinión (Pulso Ciudadano, Black & White, CADEM, entre otras), sin embargo, con el correr de las semanas la brecha de diferencia ha ido disminuyendo entre ambas opciones en beneficio de la opción “a favor”, por lo que muchos analistas políticos indican que se podría tratar de un resultado abierto si lo analizamos al día de hoy, pero que sin lugar a dudas podría ser mucho más estrecho de lo que se espera.
