Transparencia Electoral lamenta decisión de la CNE de designar a Atilio Borón como integrante del Consejo Asesor del Debate Presidencial 2023
El debate presidencial obligatorio se adoptó en la legislación electoral argentina por medio de la Ley 27.337, que modificó el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), en diciembre del año 2016. El objetivo del debate es reunir a quienes se postulan a la Presidencia de la República, cuando hayan superado los umbrales mínimos de votos válidos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y obtenido el aval sus respectivos partidos, para “dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
Según la Ley 27.337, la autoridad facultada para coordinar todo lo relativo al debate es la Cámara Nacional Electoral, que “con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los valores democráticos, convocará a los candidatos o representantes de las organizaciones políticas participantes, a una audiencia destinada a acordar el reglamento de realización de los debates, los moderadores de los mismos y los temas a abordar en cada uno de ellos”. También establece que, en cualquier caso, “a falta de acuerdo entre las partes, la decisión recaerá en la Cámara Nacional Electoral”.
Cada debate debe seguir un reglamento para que los candidatos participen en igualdad de condiciones, y las preguntas y cuestiones planteadas deben ser de una claridad y neutralidad tales que la ciudadanía pueda conocer y comparar las ideas y propuestas de quienes se postulan. Más aún, los integrantes del Consejo Asesor de los Debates Presidenciales deben contar con una trayectoria que no arroje duda alguna sobre su compromiso democrático.
En este sentido, preocupa la incorporación del sociólogo y politólogo Atilio Borón al Consejo Asesor del Debate Presidencial 2023, por cuanto en muchas de sus declaraciones públicas, escritos y actividades se dedica a defender los regímenes autoritarios del mundo y de América Latina, como las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En distintas oportunidades, ha llamado a la represión violenta de la disidencia venezolana y cubana, como lo hizo en el marco de las protestas sociales de 2017 en Venezuela, al llamar al régimen a “movilizar sin dilaciones al conjunto de sus fuerzas armadas para aplastar la contrarrevolución”.
Todo esto es totalmente incompatible con el ejercicio de las funciones que se le atribuyen en la coordinación de un debate presidencial en un país democrático.
Transparencia Electoral insiste en que los integrantes del Consejo Asesor de los Debates Presidenciales deben indiscutiblemente ser consecuentes y coherentes con el respeto por el pluralismo democrático y el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, así como contar con un demostrado compromiso con la democracia y las elecciones transparentes, íntegras y equitativas.
