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Transparencia Electoral exhorta al Consejo Electoral Nacional de Cuba a permitir una auditoría independiente de los resultados

Este domingo 27 de noviembre se celebraron las elecciones a delegados municipales de Cuba, luego de que en las asambleas de nominación, a mano alzada, se designaran los candidatos a delegados de cada circunscripción.

Al no haber secreto del voto en la instancia de selección de candidatos, las organizaciones de masas subordinadas al Partido Comunista de Cuba (PCC), junto a la seguridad del Estado, se encargaron de impedir que independientes y opositores fueran nominados como candidatos a delegados municipales. Solo se reportó un caso en Palma Soriano (Santiago de Cuba, oriente) en el que una persona no identificada con el oficialismo fue nominada como candidata en su circunscripción.

De esta manera, no había opciones diferentes por las que votar en la boleta. Las personas que asistieron a los centros de votación solo encontraron a los candidatos avalados por el partido único de Cuba.

Ante la naturaleza autocrática de estos comicios, distintas organizaciones de la sociedad civil, tanto en Cuba como en el exterior, invitaron a los ciudadanos a abstenerse de votar, o en su defecto, a votar nulo o en blanco.

Argumentaron que ante la falta de alternativas en la boleta, la única opción para expresar el rechazo al sistema era a través de la abstención.

Incluso la plataforma “De Frente”, que en un principio intentó postular candidatos independientes, llamó a la abstención ante la imposibilidad de que la mayoría de ellos lograran participar en las asambleas de nominación.

La abstención en las elecciones cubanas viene incrementándose desde el 2013. Antes de ese año, los porcentajes de participación superaban el 90% y hasta el 95%. Pero desde aquel entonces en adelante, la participación empezó a mermar paulatinamente. En las municipales de 2013 la participación fue de 90%, en las de 2015 fue de 88,30%, en las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular de 2018, la participación fue de 85%, mientras que en el referendo para la aprobación de la nueva Constitución en 2019 la participación fue del 84%.

Pero la tendencia abstencionista se profundizaría en el referendo del Código de las Familias celebrado el 25 de septiembre de este año, en el que el 26% de los electores habilitados no asistieron a las urnas, aunado a un rechazo del 33% a la propuesta oficial.

Durante la jornada de este domingo las organizaciones que monitorearon la elección aseguraron que la participación fue aún más baja que en septiembre, por lo que se trata de la más alta abstención registrada desde las primeras elecciones de la era Castro en 1976.

Ante la falta de competencia multipartidaria, la ciudadanía se abstuvo activamente como rechazo al modelo político.

Esto también fue registrado por el Consejo Electoral Nacional (CEN), que anunció cifras de participación más bajas que en cualquier elección. En la mañana del lunes 28 de noviembre informó que la participación fue del 68,58%, y que del total de boletas depositadas en las urnas, el 89% fueron votos válidos, el 5,22% en blanco y el 5,67% nulos. Por lo tanto, estaríamos ante una histórica abstención del 31%, que sumada a los votos nulos y en blanco (promovido por la oposición), expresaría el rechazo de casi el 40% de los electores habilitados.

Aunque los datos emitidos por el CEN son incontrastables y no hay garantía de que sean fidedignos, muestran un declive en la participación.

Varios activistas que monitorearon la jornada fueron detenidos o impedidos de salir de sus casas para que no documentaran la baja asistencia a los colegios electorales. También reportaron que sufrieron cortes de datos móviles.

El Consejo Electoral Nacional extendió, sin justificación alguna, la jornada electoral hasta las 7:00 hs de la noche. La ley electoral le da la potestad de extenderla cuando haya razones de “fuerza mayor”. Las personas que monitorean el proceso en la Isla afirmaron que esta extensión es para movilizar a las personas que no acudieron a votar y de esta manera reducir la evidente abstención.

Finalmente, muchos de los activistas que pretendían presenciar el escrutinio, una prerrogativa que prevé la Ley Electoral, fueron impedidos de hacerlo a través de amenazas de la policía y la seguridad del Estado.

En vistas de que tanto periodistas como activistas reportaron una abstención mucho mayor que en el referendo del Código de las Familias, y que las cifras anunciadas por el Consejo Electoral Nacional son incontrastables ante la falta de controles cruzados y observación electoral con garantías, Transparencia Electoral exhorta al CEN a permitir una auditoría independiente que garantice que los resultados anunciados son fidedignos.

En un sistema en el que solo se puede ratificar a los candidatos del oficialismo, el Partido Comunista de Cuba se ha escudado en los altos porcentajes de participación. De cara a las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (2023), órgano que designa al Consejo de Estado y al presidente, es fundamental que el CEN permita la auditoría tanto de los ciudadanos organizados como de entidades internacionales especializadas en gobernanza electoral.

Acompañan este comunicado los siguientes integrantes del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral

Ann Ravel (EEUU): Fue presidenta y vicepresidenta de la Comisión Federal Electoral (FEC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y perteneció a este organismo entre 2013 y 2017. Además, presidió la Fair Political Practices Commission del Estado de California y antes de eso prestó sus servicios al Departamento de Justicia.

Jaime Talancón (MÉXICO): Abogado electoral y constitucionalista, especialista en temas de gobernabilidad y justicia. En el servicio público mexicano se ha desempeñado como Director General del Consejo de Seguridad Nacional; Director de Análisis Político de la Presidencia de la República; asesor en la Secretaría de Gobernación; asesor del Instituto Nacional Electoral; Secretario Técnico en el Tribunal Electoral; Coordinador de la Oficina del Abogado General de la UNAM; asesor en la Cámara de Diputados y Subdirector de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública. Ha asesorado a gobiernos y partidos políticos en mejores prácticas, y ha sido observador y consultor internacional de la OEA en diversos países, así como del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia.

Paula Gomes (BRASIL): Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia (UnB). Ha trabajado como asistente de investigación en el Observatorio Político Suramericano (OPSA-IESP/UERJ), como colaboradora del Centro de Estrategia, Inteligencia y Relaciones Internacionales (Ceiri Newspaper) y como participante del Think Tank: Challenging Democracy, de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (IAPSS). Actualmente, realiza investigación en el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), en Brasilia. Ya participó como observadora internacional de elecciones con la Organización de Estados Americanos (OEA). Desarrolló tesis de doctorado en el tema de la buena gobernanza electoral.

Santiago Leiras (ARGENTINA): Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires-Argentina (UBA), Diploma de Estudios Avanzados y Doctor en América Latina contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid-España (IUOG). Profesor Asociado Regular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Profesor Asociado de la Universidad de Belgrano (UB).  Autor de más de treinta trabajos sobre su especialidad.

José María Paz (BOLIVIA): Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Central de Chile (Santiago) y Máster en Estudios Políticos Aplicados de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Madrid, España). Fue Representante del Centro Carter en Bolivia, trabajó para el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y para los proyectos “Iniciativas Democráticas” y “Compañeros de las Américas” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En el sector público de su país trabajó para el Defensor del Pueblo, la Corte Nacional Electoral y la Alcaldía de La Paz. Actualmente, es Secretario Técnico de la alianza de organizaciones de la sociedad civil, “La Ruta de la Democracia” y es vicepresidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política. Ha publicado varios artículos de opinión en medios nacionales e internacionales.

Contacto: info@transparenciaelectoral.org

@TransparenciaAL

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