Por Leandro Querido*
América latina siempre ofrece un calendario electoral atractivo. Sus procesos electorales nunca pasan inadvertidos, por el contrario, se caracterizan por su intensidad, dramatismo y competitividad. En líneas generales, en las últimas décadas las autoridades electorales se han profesionalizado y, además, se han implementado reformas electorales modernas e inclusivas. Sin embargo, desde la emergencia de la pandemia a esta parte se advierte un receso democrático, no solo en nuestro hemisferio sino en el mundo entero.
El propósito de este artículo es el de reflexionar sobre las elecciones que se han desarrollado este año haciendo eje en el contexto político y en las cuestiones relacionadas con la gobernanza electoral.
Primero podemos enumerar las elecciones principales que se implementaron este año, se trata de las elecciones Seccionales y de Referendo Constitucional realizada en Ecuador en febrero, luego en el mismo país la primera vuelta electoral del 20 de agosto y la segunda vuelta del 15 de octubre. Las elecciones generales de Paraguay acontecidas el 30 de abril, la selección de los constituyentes en Chile del 7 de mayo y luego el plebiscito de salida del 17 de octubre, las generales de Guatemala del 25 de junio, las elecciones regionales de Colombia y el prolongado e intenso proceso electoral de Argentina que comenzó con las primarias del 13 de agosto, siguió con las generales del 22 de octubre y concluyó con la segunda vuelta del 19 de noviembre. Como se ve, elecciones para todos los gustos. Dejo de lado la elección que se realizó en marzo en Cuba porque se trata de elecciones sin garantías que realiza un régimen totalitario de partido único, y como todos sabemos, bajo estos sistemas no se busca la mayoría, sino que se impone la unanimidad. Y la conformación de la Asamblea así lo confirma.
Empecemos con este pantallazo somero de las elecciones bajo sistemas democráticos siguiendo el mismo orden de mención. El año calendario electoral comenzó con todo. En Ecuador, además de las elecciones seccionales el 5 de febrero se realizó un Referendo Constitucional en el que la débil gestión de Guillermo Lasso apostaba todo por recobrar algo de músculo político. Le propuso a la ciudadanía 8 preguntas sobre las que todo indicaba, a primera vista, que eran de indudable apoyo popular, como, por ejemplo, la de reducir el número de asambleístas o poder extraditar a los ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen trasnacional. Sin embargo, este referendo terminó siendo una válvula de escape del descontento ciudadano por la pobre gestión gubernamental. Ninguna pregunta fue aprobada, todas fueron rechazadas y como consecuencia directa sobrevino una crisis política que dio lugar a la denominada “muerte cruzada” entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo y a la posterior convocatoria de urgencia a las elecciones generales del 20 de agosto. Estas elecciones se realizaron en un contexto de crisis política e institucional, con estado de excepción como producto del magnicidio de un candidato con serias chances de ganar como lo fue Fernando Villavicencio. En este complejo marco es importante destacar el desempeño del Consejo Nacional Electoral, presidido por una mujer de ascendencia indígena, que pudo realizar estas elecciones extraordinarias en tiempo récord, sin renunciar a su compromiso con la observación electoral nacional e internacional, ni apelando a argumentos de emergencia para debilitar las garantías y el control ciudadano y partidario. Es debido a ello que no es exagerado sostener que Ecuador cuenta con una de las autoridades electorales más robustas del hemisferio y ello queda aún más expuesto al advertir el difícil contexto en el que esta institución electoral opera. Hoy Ecuador cuenta con un nuevo presidente como Daniel Noboa, con toda la legitimación de origen que un sistema democrático puede conferir.
En cuanto a las elecciones generales de Paraguay del 30 de abril podemos advertir que más allá de la falta de alternancia política (Santiago Peña del partido Colorado reemplazó a Mario Abdó Benitez del mismo partido) son procesos caracterizados por la competitividad, es decir, la oposición cuenta con garantías y condiciones para poder competir. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es una institución que cumple con los estándares mínimos, ha logrado algunos avances y según los informes de la Misión de Observación de la Unión Europea hay puntos para mejorar como la mejora en la participación de la mujer, los pueblos indígenas y la readecuación de ciertos aspectos del marco electoral normativo. La Misión Europea ha hecho 20 recomendaciones y se encuentran en estos momentos en la implementación de algunas de ellas lo cual demuestra la apertura de un país que hace sus elecciones sin hechos de violencia y con niveles de participación cercanos al 70% con voto no obligatorio en los hechos dado que no hay sanción efectiva por no votar.
Sigue Chile, un país que ha entrado en un vértigo de intentos de reformas constitucionales difícil de comparar con otros países. Un gobierno producto de un estallido, una promesa de cambio de la Constitución, una izquierda “octubrista” (término utilizado por Eugenio Figueroa en su libro “El gran alivio”) que hace naufragar esta promesa, una recomposición de la centroderecha y derecha, un nuevo proceso constituyente, un nuevo proyecto de Carta Magna y un nuevo rechazo. En definitiva, una promesa del gobierno de Gabriel Boric incumplida y la resiliencia de la “Constitución de Pinochet”. Más allá de este contexto político caracterizado por las idas y vueltas nos encontramos con uno de los países de América con mayor fortaleza institucional democrática. Estos procesos confirmaron que la autoridad electoral del SERVEL logra implementar elecciones correctas, con garantías, en donde el emergente y disperso sistema de partidos chileno logra constituir sus comandos electorales a fin de ubicarse en el oscilante Apruebo y Rechazo. Chile puede que tenga problemas políticos, pero no electorales, o mejor dicho problemas de gobernanza electoral. Sin embargo, puede que falte algo de apertura, una mirada externa. Al día de hoy Chile es uno de los pocos países de la región que no ha recibido una Misión de Observación Electoral Internacional.
A continuación, destacaremos uno de los procesos electorales más controvertidos, se trata de lo que ocurrió en Guatemala, no tanto en su elección general del 25 de junio, sino lo que pasó entre esta elección y la segunda vuelta, y sobre todo por la extrema judicialización que se expuso en la etapa postelectoral. La crisis de representación en este país es notoria y se manifestó en la insignificancia del sistema de partidos y la proliferación de candidaturas a presidente con escaza popularidad. Más de veinte binomios presidenciales así lo insinuaron, una dispersión de las preferencias impactante en la que en una segunda vuelta accede un partido tradicional (UNE) con el 21% y otro nuevo (SEMILLAS) con el 15%, así lo confirmó.
Luego de la primera vuelta un grupo de nueve partidos políticos presentaron denuncias contra el partido Semillas de Bernardo Arévalo por irregularidades y fraude electoral ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia que demoraron la certificación de resultados y adjudicación de cargos. Luego una nueva revisión de las actas electorales, los resultados se confirmaron y, por lo tanto, se autorizó la segunda vuelta del 20 de agosto. Sin embargo, poco tiempo después, el Ministerio Público informó que un juez suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por un supuesto caso de firmas falsas de afiliados para la formación del partido político y esto ponía en riesgo la participación de esta nueva organización partidaria en la segunda vuelta. Acto seguido, un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad confirmó su participación. Pero no todo quedó allí: el Ministerio Público comenzó a investigar al Tribunal Supremo Electoral en más de 13 casos penales diferentes lo cual llevó a una crisis política institucional de consecuencias imprevisibles.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó en este país una Misión numerosa y entre sus informes resaltó que “después de una etapa preelectoral caracterizada por un clima de polarización política y judicialización, el periodo entre la primera y la segunda vuelta electoral llevó al límite a la institucionalidad democrática del país” y que el accionar sesgado del Ministerio Público “podría constituir graves violaciones a los derechos fundamentales consagrados en la legislación nacional, la Constitución de la República y los instrumentos internacionales”. La situación fue tan grave que el presidente Alejandro Giammattei debió recibir al secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante los primeros días de agosto. Uno de los hechos más graves de acoso institucional se presentó cuando el Ministerio Público allanó el 13 de julio la sede del propio Tribunal Supremo Electoral y luego también la del partido de Arévalo. Para la OEA “todas estas acciones judiciales generaron un ambiente de profunda confusión e incertidumbre jurídica, además del riesgo de amedrentamiento a las y los votantes, autoridades electorales, digitadores y demás personas vinculadas al proceso”. En este contexto caracterizado por la incertidumbre propia de un conflicto de poderes deberá asumir el nuevo presidente en enero del 2024.
Colombia ha tenido elecciones regionales el 29 de octubre. Estas elecciones son muy importantes dado que se define el control del territorio. Se definieron treinta y dos gobernaciones y una innumerable cantidad de cargos locales. Desde el punto de vista de los resultados electorales esta elección representó un duro golpe el gobierno de Gustavo Petro, pero en materia de gobernanza electoral fue otra prueba más del fortalecimiento de la autoridad electoral de este país representada por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. En uno de los pocos países que cuenta con voto no obligatorio la participación estuvo casi en el 60%, con los partidos políticos en el pleno ejercicio de sus derechos políticos han podido cumplir con sus funciones de control y los resultados electorales se han publicado como es de costumbre allí en tiempo y forma. Todo esto hace que Colombia, junto a Ecuador, hoy representen un ejemplo de funcionamiento de autoridad electoral a seguir.
Por último, vamos a dar cuenta de lo que ha pasado en el largo y apasionante proceso electoral de Argentina. Quizá no encontremos en la región un ejemplo de “cancha inclinada” tan pronunciado. Todo esto ha quedado documentado en un Informe de Transparencia Electoral. Veamos, el 13 de agosto se realizaron las primarias, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre la segunda vuelta. Todo este proceso ha dejado muchas reflexiones, pero si debiéramos elegir una, sin dudas, se trata del problema de la etapa pre electoral. El insignificante control por parte de la Justicia Electoral y la Fiscalía Nacional Electoral acerca del escandaloso uso de recursos públicos por parte del candidato oficialista Sergio Massa y sobre la imposibilidad de atender el grave aspecto de la indiferenciación entre candidato y funcionario, han dañado seriamente la eficiencia y la confianza del sistema electoral argentino. De hecho, ante la falta de actuación por oficio, se presentaron varias denuncias por violación de la veda electoral por parte del candidato oficialista, lamentablemente sin que la justicia electoral se expidiera oportunamente. Otro problema que impacta negativamente en el proceso electoral es el financiamiento indebido y oculto de la política. Este aspecto está relacionado con el punto anterior. El desvío de fondos públicos a sindicatos, movimientos sociales, cooperativas y organizaciones de sociedad civil de dudosa reputación que terminan luego volcados a la campaña electoral, además de ser una irregularidad, daña severamente la competitividad. Este último punto es central. En una elección de “cancha justa”, las nociones de competitividad se equilibran y no es descabellado pensar, entonces, que la diferencia entre el candidato opositor y el oficialista hubiese sido más amplia, y, además, previamente hubiese podido haber también impactado en el resultado de la primera vuelta, elección en donde se definió la futura composición del Congreso.
A estos aspectos negativos podemos sumar el de la “campaña del miedo”, difundida no solo por el candidato oficialista y su coalición, sino también por los medios públicos estatales (TV Pública, Radio Nacional, Télam, etc.) y los paraestatales, es decir, los medios de comunicación adquiridos en parte con dineros de desvío de fondos públicos o empresarios vinculados con el poder político.
Como hemos expuesto en el desarrollo de este artículo muchos países de América Latina son parte de este movimiento internacional que permite veedurías, controles externos y recomendaciones de expertos. Los beneficios al abrir, al transparentar sus procesos electores han sido notorios. Una importante batería de reformas electorales ha mejorado la participación electoral, la confianza en el sistema, han profesionalizado a las autoridades electorales, han mejorado aspectos de transparencia, inclusión, financiamiento, innovación y competitividad en muchos países de América, en parte producto del rol de la observación electoral. Argentina es uno de los pocos países del hemisferio que nunca ha recibido una Misión de Observación Electoral.
Hasta aquí llegamos con el repaso de lo acontecido este 2023, con autoridades electorales que actúan con experticia y profesionalismo como son los casos de Ecuador y Colombia, las que han mostrado interés por la apertura como en Paraguay, aunque aún falta, las que todavía no se abren a una mirada técnica externa como son los ejemplos de Chile y Argentina y las que actúan en un clima de acoso preocupante como en Guatemala.
*Leandro Querido. Politólogo UBA, Magister en Derecho Electoral, Universidad Castilla La Mancha, España. Fundador de la OSC Transparencia Electoral. Secretario Ejecutivo de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales. Gerente de Asuntos Institucionales del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
