En el marco de la alerta de la UIF, Transparencia Electoral solicita que se informe sobre las operaciones de la empresa ExClé
El día de ayer (17 de enero) la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió una alerta “a los sujetos obligados sobre operaciones con o vinculadas al gobierno ilegítimo de Venezuela”.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, que regula la actividad de prevención de lavado de dinero, emitió esta alerta para las compañías que están bajo la órbita de esa unidad, advirtiendo que cualquier operación con una lista de 96 personas y 24 instituciones jurídicas vinculadas al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro es considerada de alto riesgo, debido a “los niveles sin precedentes de corrupción institucionalizada” que definen al “régimen ilegítimo como una cleptocracia”. Por lo tanto, deben reportar todas las transacciones realizadas con las personas de la lista y con el Estado venezolano que no tengan el aval de la Asamblea Nacional, único poder legítimo reconocido por el Gobierno de Argentina.
Exclé, una empresa argentina en las elecciones de Venezuela
Al finalizar la lamentablemente memorable elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado 30 de julio de 2017, Smartmatic; la empresa que se encargó de la automatización de todas las fases del proceso electoral venezolano, cesó sus operaciones en ese país.
Esto después de que su Director Ejecutivo, Antonio Mugica, informara que “la diferencia entre la cantidad anunciada (de votos) y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores“. A raíz de esto, la mayoría de los empleados de Smartmatic salieron de Venezuela.
El anuncio se daba a menos de 3 meses de las elecciones regionales, que finalmente se celebrarían el 15 de octubre.
El 6 de septiembre, la Junta Nacional Electoral anunció que la sustituta de Smartmatic sería la empresa ExClé, que venía trabajando con distintos organismos del gobierno de Chávez desde el 2004, entre ellos, el mismo Consejo Nacional Electoral, la Alcaldía de Caracas o el Banco de Venezuela.
La contratación no solo se hizo en tiempo récord, sino que el día que se anunció, ExClé S.A., bajo el RIF J316926591, no estaba habilitada para contratar con el Estado.
Fue el 7 de septiembre cuando la empresa contaría con el estatus de “Habilitada para contratar con el Estado hasta 4.000 UT en bienes y servicios / 5.000 UT en obras de conformidad con los artículos 47 y 49, numeral 1, o por estar enmarcada en alguno de los numerales de exclusión de modalidad previstos en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones Públicas”.
Según este mismo registro, la empresa no tiene domicilio en Venezuela. Es una empresa de origen portugués pero con asiento en Buenos Aires.
Esto viene a colación por la última alerta emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera: “Alerta operaciones con el Gobierno ilegitimo de Venezuela”.
La misma estaba dirigida a bancos, financieras, casas de cambios y demás instituciones consideradas “sujetos obligados” y les advirtió sobre “los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo”.
El comunicado además incluyó un apartado en el que se refería a operaciones de triangulación: “Resulta asimismo importante estar atento a la necesidad de evitar maniobras de triangulación que en apariencia no evidencian puntos de contacto directo con Venezuela (.) pero que puedan ocultar la voluntad de hacerlo de manera indirecta, a través de otras jurisdicciones o de personas que posean vínculos personales o jurídicos con las mismas”.
Es oportuno recordar que la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, que el Grupo de Lima, la Unión Europea y gobernantes de distintas latitudes están desconociendo, fueron operadas por la empresa ExClé.
De acuerdo al comunicado del Grupo de Lima del pasado 5 de enero, se trató de “unas elecciones ilegítimas que no contaron con los estándares mínimos democráticos, la participación de todos los actores políticos involucrados en el proceso venezolano (…) las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”.
Es a partir de este proceso electoral que a Maduro se lo ha acusado de “usurpar” la presidencia y ha motivado a la Asamblea Nacional de Venezuela, único poder legítimo, a aplicar el artículo 233 de la Constitución de ese país y asumir las competencias ejecutivas para formar un gobierno de transición y poder celebrar elecciones libres según los estándares internacionales.
Esta empresa ha prestado sus servicios en dos elecciones que han servido para perpetuar a Maduro en el poder (regionales de 2017 y presidenciales de 2018, y el proceso de contratación, tal como se indicó anteriormente, fue irregular, ya que el día que fue anunciada la empresa no estaba legalmente habilitada para ser contratada.
Ante esta situación, y dada la alerta emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como los esfuerzos del Gobierno argentino, el Grupo de Lima, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, y otros importantes actores del concierto internacional; desde Transparencia Electoral consideramos oportuno que se informe sobre las operaciones de esta empresa, más aún cuando su domicilio está en Buenos Aires (Paraguay 1896, C1121ABB CABA).
