Rumbo a las elecciones presidenciales de Venezuela: ¿qué pasó esta semana? (27 al 31 de mayo)

A lo largo de la última semana del mes de mayo, vimos una serie de desarrollos interesantes tanto en la campaña com o en la administración del venidero proceso electoral del 28 de julio, en el que se elegirá al presidente de Venezuela por el período 2025-2031.

La deriva a la confrontación exterior con la Unión Europea iniciada por el Consejo Nacional Electoral a raíz del levantamiento de algunas sanciones individuales y el mantenimiento de otras (lo que las autoridades del CNE, en línea con el régimen de Nicolás Maduro, rechazan como una “injerencia colonialista”) se ha profundizado. El 28 de mayo, el CNE revocó formalmente la invitación a la UE para el envío de observadores electorales para las elecciones del 28 de julio.

La UE había levantado sanciones individuales contra algunos funcionarios del CNE, incluido Elvis Amoroso (presidente del organismo), a manera de “gesto” de cara a las elecciones, lo que desató la reacción de estos, denunciando un “chantaje”. La semana ha estado entonces marcada por este cruce. Los portavoces de la UE respondieron solicitando una reconsideración y anticipando que las sanciones individuales contra funcionarios del gobierno venezolano impuestas por el bloque europeo “no afectan a la población” sino a “una lista limitada de personas, responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

La retirada de la invitación a la UE a enviar una misión de observadores electorales al proceso del 28 de julio es una violación directa al Acuerdo de Barbados, que incluía al bloque europeo como una de las partes interesadas que serían invitadas a observar. Numerosos miembros de la Unión Europea se han expresado en contra de la actitud del CNE. El titular de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó que su gobierno sigue comprometido con “el derecho del pueblo venezolano a elecciones libres, creíbles, transparentes y competitivas”.

El 30 de mayo, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó que su gobierno no enviaría una misión de observación a Venezuela por “falta de tiempo para estructurar los recursos necesarios”. La actitud del gobierno colombiano se consideró clave para presionar al régimen venezolano a realizar concesiones electorales, y su eventual repliegue de la cuestión podría envalentonar al gobierno de Maduro a incurrir en arbitrariedades de mayor calibre a las ya realizadas.

Mientras tanto, la campaña electoral ha seguido su curso habitual, con las mismas irregularidades y episodios de represión contra la oposición. Mientras el oficialismo (con Diosdado Cabello a la cabeza) organiza una campaña que prácticamente consiste en seguirle los pasos a María Corina Machado y realizar actos donde ella o eventualmente Edmundo González los hagan, también se emplean las fuerzas del Estado para sabotear el camino a la Plataforma Unitaria o intimidar a la población.

A eventos tan burdos como la clausura de un hotel donde González y Machado se iban a hospedar en La Victoria la semana pasada, se suma el cierre de negocios donde Machado realizó una compra y la compartió en sus redes sociales. Tal fue el caso del comedero de carretera Pancho Grill, un puesto de empanadas en la localidad de Corozo Pando, Guárico, que vendió desayunos para Machado y su equipo de campaña.

Tan solo una hora después, un procedimiento por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) buscó clausurar el local. El castigo a los negocios que dieron servicio a dirigentes opositores con el disfraz de la fiscalización tributaria, ya utilizado asiduamente, fue repudiado en redes sociales y resultó en una masiva compra de solidaridad al local, que vendió desde entonces vendió una cantidad de empanadas que supera el número de habitantes del poblado donde se encuentra.

Nos vemos en la próxima entrega de Rumbo a las elecciones presidenciales de Venezuela: ¿qué pasó esta semana?