Pandemia por Covid-19, redes sociales y nuevas tecnologías de la información, polarización político ideológica son algunas de las variables que delinean el escenario donde se sitúa el proceso electoral más complejo al que está por ingresar México y en el que los organismos electorales subnacionales tienen un papel central a desempeñar.
“El formato tradicional de la política por el cual la participación se concentra sólo y fundamentalmente en el hecho electoral es insuficiente para la ciudadanía.”
Antoni Gutiérrez-Rubí
Una de las frases más conocidas y difundidas sobre las elecciones que se llevarán a cabo en México el próximo 6 de junio hace referencia a que serán las “más grandes y complejas de la historia” de nuestro país.
Esto, en general, lleva a pensar en el número de los puestos que se encuentran en contienda, más de 21 mil, entre las que se encuentran las 15 gubernaturas, las 500 curules que se renovarán en la cámara de diputados y en los miles de ciudadanos que realizarán la labor cívica de conformar las mesas directivas de casilla.
Todo esto es cierto. Sin embargo, casi todas las autoridades, observadores y estudiosos obvian la labor comunicacional tan intensa que este proceso significa y significará. No es que las autoridades, INE y OPLEs (Organismo Público Local Electoral, como se denomina a las autoridades electorales subnacionales de México) no realicen un esfuerzo por informar y generar conciencia y cultura cívica entre la ciudadanía, sino que el proceso de comunicación es extraordinariamente complejo y rebasa las atribuciones y capacidades organizacionales de los institutos.
Además, es necesario sumar la explosión de las TIC que este proceso electoral específico ha significado, como nunca antes en la historia mexicana. Desde las plataformas tradicionales como Twitter, Facebook e Instagram, hasta redes personales de mensajería instantánea, podcast y apps cada vez más novedosas y variadas, los retos comunicacionales que nuestras instituciones electorales tienen que afrontar en este año son enormes.
Pese a la variedad de retos que cada app, red o acción de un diferente actor social o político significa, es posible englobar de cierta forma los retos que las autoridades administrativas electorales deberán enfrentar antes y después de la jornada electoral de junio.
El primero, sin duda el más reconocido, lo constituye la polarización y encono que se genera en contra de las autoridades electorales por parte del titular del poder ejecutivo federal mexicano. El presidente parece empeñado en entregar su mensaje político partidista aún si eso significa reventar todas las barreras legales, éticas, políticas y constitucionales.
Pese a que el presidente declaró el 28 de mayo de 2019 que estaría de acuerdo con acatar la ley y suspender sus mañaneras, conferencias matutinas donde informa de sus proyectos y ataca a sus rivales por más de dos horas, su punto de vista cambio radicalmente y luchó por mantener su “derecho a la libertad de expresión”, lo cual lo llevó a impugnar ante el TEPJF un acuerdo del Instituto nacional Electoral (INE) que aplicaba la prohibición constitucional a todo servidor público de emitir opiniones políticas durante el proceso electoral.
La gravedad de este punto se incrementa cuando nos desplazamos del ámbito federal a las entidades. En muchos casos, las autoridades electorales locales enfrentan esta situación con gobernadores que actúan como virreyes todopoderosos, por lo que el acceso a los medios de comunicación se ve obstaculizado por la presión del ejecutivo local y el condicionamiento de compra de espacios publicitarios a los mismos por parte del gobierno estatal.
Dicho tema se encuentra relacionado de forma directa con el uso del presupuesto como un instrumento de presión hacia autoridades electorales subnacionales, situación que tiene años repitiéndose en diferentes estados y que, desde 2018, también está afectando gravemente al Instituto nacional.
Al menos 28 de los OPLE sufrieron recortes presupuestales, entre éstos los institutos de los estados de Oaxaca, con 89%; Puebla, 87%, y Morelos con el 79.9% son los casos más graves. La situación llegó al punto de que el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, considerara que “existe un riesgo real del sistema democrático en los estados ante la reticencia de los gobiernos a entregar los recursos necesarios para la organización de los comicios”, tal y como afirmó en una reunión con miembros de los OPLE, el pasado 6 de marzo.
Estos recortes, sin duda, obligan a los organismos locales a priorizar sus obligaciones de forma que se cumplan las más fundamentales, dejando de lado la comunicación de muchas de sus decisiones y trabajo o realizando lo mínimo a lo que les obliga la normativa en el campo.
Los cacicazgos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional han aprendido la lección: si un instituto local no puede comunicarse con la población para informar, ese vacío puede ser ocupado y manipulado con facilidad por parte de los aparatos de medios del estado o de grupos de interés en alianza con el poder político de cada entidad.
Este tema particular constituye un reto mayúsculo para los institutos electorales y de participación ciudadana. La imaginación, la creatividad y el uso de redes sociales parecerían ser las respuestas obvias ante el reto, lo que podría subsanar hasta cierto punto la carencia de recursos públicos.
Sin embargo, la toxicidad de las redes sociales producida por la polarización, y fomentada por diversos grupos político-ideológicos, se suma al riesgo de realizar política tradicional a base de mítines y concentraciones para demostrar el “músculo político” y arrastre de cada candidata o candidato por la pandemia de CoVID-19, que aún se vive con intensidad en el territorio nacional.
Estas condiciones reducen en gran medida la eficacia y alcance de la comunicación institucional. Por un lado, la polémica se ha transformado en agresividad rampante y por el otro la condición efímera de este tipo de canales se ha incrementado sustantivamente.
Nuevamente, este condicionante lleva cercano otro que afecta la capacidad comunicativa de los Institutos subnacionales, nacionales y distritales: el discurso antisistema que se ha instalado en todos los ámbitos del poder político como una medida de control y castigo.
El siguiente reto comunicacional del presente proceso abreva en este contexto. Con las autoridades electorales disminuidas y bajo ataque, se genera un vacío comunicacional que no permite hacer contrapeso a situaciones como la pandemia y los riesgos de ejercer el voto, con lo cual el abstencionismo puede incrementarse aún más.
Este vacío en la atmósfera informativa de la ciudadanía permite que algo ocupe su lugar y, tal como sucedió en las democracias sudamericanas de los 70 o las europeas de antes de los años posteriores a la primera guerra mundial, el discurso antisistema es el que tiende a ocupar su lugar.
Nuevamente, el punto de partida no puede ser atribuido solamente a una persona o instancia. Sin embargo, el ataque al sistema electoral tiene en el presidente de la república a su más consistente y visible promotor, así como en los candidatos y dirigencia de su partido el coro en que hace resonancia.
El discurso antisistema va desde el cuestionamiento histórico, hasta las objeciones por la aplicación de la ley y sus demandas engloban la remoción de consejeros, la amenaza de impedir elecciones, amenazas de muerte ye intentos de intimidación, hasta el anuncio de una reforma “integral” del órgano electoral nacional y del sistema electoral en general para establecer “una verdadera democracia”.
Como reto final, los OPLE y sus integrantes se encuentran en una jaula comunicacional cuyos barrotes ellos mismos han forjado, en muchos sentidos. Una rápida revisión de las formas y estilos con los que se informa a los ciudadanos y ciudadanas nos muestra que el formalismo, el legalismo y la excesiva estructuración de los mensajes no propician un acercamiento entre estos órganos y la sociedad.
De manera casi general, los institutos construyen sus campañas de información siguiendo un modelo institucional bastante formal y cuadrado. Lo mismo para la forma y canales con los que dan a conocer sus acuerdos y decisiones, así como el tono y forma de los mismos. Este conjunto se constituye en una barrera comunicativa con aquellos a los que, en principio, deben de acercarse e informar.
En resumen, como se sostuvo al inicio de este texto, el presente proceso electoral representa el mayor reto que hayan enfrentado las instituciones encargadas de su organización, en especial aquellas del ámbito subnacional, de forma especial en el aspecto comunicacional.
Los retos que describimos aquí no pueden ser completamente resueltos en el período de tiempo (menos de 60 días) restante para el día en que se celebran los comicios, sino con un esfuerzo que incluye un replanteamiento del trabajo de las autoridades subnacionales y una reforma nacional que les permita una mayor independencia financiera.
Los OPLE son, en este ámbito y algunos otros, el eslabón más vulnerable de la estructura electoral de México.
