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Las Dificultades para Celebrar Elecciones Libres en Egipto

Está previsto que Egipto tenga elecciones en 2024. Esta serían las terceras elecciones presidenciales desde que el presidente Abdel Fattah al-Sisi asumió el control de facto del país en julio de 2013. 

Los monitores electorales locales e internacionales reconocen las deficiencias del sistema electoral: un marco jurídico que no se aplica o se aplica de manera sesgada y no brinda igualdad de oportunidades a todos los grupos; un sistema judicial que privilegia al partido de gobierno y que no cumple con los derechos cívicos y políticos para desarrollar procesos electorales libres, justos, transparentes y observados.

Además, Egipto tiene una legislación draconiana y una configuración institucional que subyuga todos los recursos e instituciones del Estado al presidente; una política de tolerancia cero de las autoridades, desde hace una década, hacia todas las formas de disidencia. En pasadas elecciones, los monitores electorales sufrieron expulsiones de las urnas electorales; comprobaron el relleno de urnas electorales con boletas marcadas; actos de intimidación y violencia hacia opositores; realización de proselitismo político en el interior de las mesas electorales con la presencia de candidatos del partido gobernante; votaciones en grupo a favor del partido gobernante; cierre temporal durante el proceso electoral de mesas electorales; violación del derecho de los votantes a votar en recintos secretos;  la no utilización de tinta indeleble para marcar el dedo de las personas que votan; impedir a los candidatos que accedan a los recintos electorales; transgresiones electorales de todo tipo, etc.  Por tanto, la continuidad de esas condiciones muestra que las próximas elecciones no podrán considerarse libres ni justas.

La ausencia de condiciones electorales básicas previas para celebrar elecciones presidenciales libres y justas se ve exacerbada por las enmiendas constitucionales de 2019 que erosionan aún más la separación de poderes y la independencia institucional. Estas enmiendas también legalizaron la intervención de los militares en las elecciones de 2018, cuando se involucraron en el arresto a dos candidatos presidenciales; pusieron a otro bajo arresto domiciliario y lo obligaron a abandonar su candidatura y ejercieron una represión tan grande que, al menos, dos candidatos pusieron fin a sus campañas por temor a su seguridad personal. 

El artículo 140 de la constitución egipcia (bajo la cual se celebraron las elecciones de 2014 y 2018), el presidente de la república debe cumplir mandatos de cuatro años y solo puede ser reelegido una vez. El artículo 226 de la Constitución también prohíbe explícitamente las enmiendas a los artículos constitucionales relativos a la reelección del presidente, las libertades y la igualdad, a menos que esas enmiendas tuvieran como objetivo proporcionar garantías sobre los derechos y libertades.

Sin embargo, el artículo 200, de las enmiendas a la Constitución, dio luz verde a los militares para intervenir directamente en la política para “preservar la constitución y la democracia, proteger los principios básicos del Estado y su naturaleza civil, y proteger los derechos y libertades del pueblo”, junto con la Ley 167 de 2020, que dio a los militares cobertura legal para intervenir en procesos electorales, incluidas las elecciones presidenciales, por lo que considere una violación a los “principios del Estado”.

Los ataques sistemáticos a la libertad de expresión continúan erosionando las plataformas necesarias para tener libertad de expresión y opinión, que es otro requisito previo para la toma de decisiones informadas y elecciones libres y justas. Lo más importante es que la voluntad política responsable del marco mayor de represión, cuyo objetivo es despojar a los ciudadanos del ejercicio de sus derechos políticos y hacer que sus funcionarios rindan cuentas, constituye el mayor obstáculo para unas elecciones libres y justas.

En este contexto tan difícil para las elecciones presidenciales de 2024, incluida la organización de elecciones bajo supervisión judicial, el seguimiento de ONG y monitores electorales independientes, y cualquier número de medidas similares normalmente sería un avance bienvenido. No obstante, sólo una reforma radical al sistema judicial podrá otorgar legitimidad a las elecciones presidenciales de Egipto en 2024. 

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