Observadores rusos en las elecciones latinoamericanas (2022)

Las elecciones libres, periódicas e imparciales son necesarias para una poliarquía, según la define Robert Dahl, pero no son condiciones necesarias. Debido a su importancia, el monitoreo electoral se ha propagado prácticamente en todo el mundo, asumiéndose que la observación electoral contribuye no solo al fortalecimiento sino también al mantenimiento de la calidad de la democracia como consecuencia de la mayor confianza que, a través de ella, se deposita en los procesos electorales. En paralelo, regímenes no democráticos han aprendido a utilizar este tipo de misiones tanto para respaldar la legitimidad de otros afines a ellos, como para fortalecer la propia. La Rusia de Putin se destaca por la participación de sus misiones electorales. Especialmente en las elecciones más intensamente cuestionadas e impugnadas en los últimos años en la región, entre las que pueden destacarse las de Venezuela de 2018 y 2020, y las de Nicaragua en 2016 y 2021.

Son varias las razones por las que los regímenes autoritarios están interesados en enviar misiones observadoras en el exterior. Por un lado, es necesario para adquirir legitimidad electoral a nivel internacional la presencia de verificadores. Si bien la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia es una autoridad formalmente independiente, trabaja en una estrecha sintonía con otras autoridades del Estado ruso. El envío de este tipo de misiones al hemisferio occidental puede ser considerada una respuesta a la presencia de los observadores occidentales y la aprobación o rechazo por parte de Washington de los resultados electorales en países como Ucrania o Bielorrusia. Otra motivación puede ser el uso de las misiones observadoras como una herramienta de poder agudo (sharp power). Por último, pero no menos importante, la presencia de los observadores electorales rusos en las elecciones latinoamericanas ofrece oportunidades para la cobertura mediática que favorece a los intereses de Moscú y sus aliados regionales.

En todos los acuerdos de la CEC con estados (8 en latam y 34 en el mundo) se suele mencionar el apoyo de las actividades de los órganos electorales junto a la implementación de herramientas tecnológicas electorales. Otro aspecto importante tiene que ver con la, aparentemente, “muy fina” planificación y coordinación de todas las actividades públicas relacionadas con misiones observadoras de Rusia en América Latina. Cada misión realizada a los países aliados de Rusia se beneficia de una amplia cobertura en medios de comunicación, tanto en ese país como en la región. En particular, en aquellos casos en que la comunidad internacional ha cuestionado la transparencia del proceso electoral antes de la fecha de las elecciones, Rusia opta por enviar a las misiones observadores altos funcionarios del gobierno o del parlamento ruso, y hasta los embajadores han participado en calidad de observadores.

Teniendo en cuenta la importancia de Venezuela como aliado clave de Moscú en la región, no debe sorprender la presencia de una misión observadora rusa en unas de las elecciones más cuestionadas por la comunidad internacional. En las elecciones de 2018 hubo especiales esfuerzos en reforzar la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, enviando entre los observadores individuos que, formalmente, no eran empleados por la CEC. Con esto el gobierno ruso no perdió la oportunidad de “lavar” la imagen del gobierno venezolano. Cabe recordar que en las elecciones de 2020 no participaron ni misiones norteamericanas, ni de la Unión Europea. El rol de los observadores rusos para legitimar el régimen chavista fue reconocido por el mismísimo Maduro. En noviembre de 2021, en vísperas de las elecciones regionales, en las que participó la oposición por primera vez después de varios años del boicot, fue el ministro de relaciones exteriores, Serguei Lavrov, quien anunció el envío de los observadores. Debido a que uno de los propósitos de la participación de los observadores es constituirse como fuente de información de los medios de comunicación controlados por el gobierno, que favorecen la posición oficial del Kremlin, puede encontrarse muchas referencias que estos hacen con respecto a las afirmaciones realizadas por los observadores.

En esa línea también se ve una peculiar relación con Nicaragua. El caso nicaragüense está lejos de confirmar la existencia de un régimen democrático. En la actualidad, Nicaragua es uno de los aliados más fieles de Rusia en la región y, por lo menos, desde 2008 está apoyando prácticamente todas las actuaciones del Kremlin en la arena internacional. La elección de 2021, por ejemplo, de acuerdo con el informe de la OEA, el proceso electoral “no cumplió con ninguno de los elementos esenciales de la democracia, descritos en la Carta Democrática Interamericana”. Sin embargo, en su mensaje de reconocimiento de los resultados de las elecciones, el Ministro Lavrov hizo referencia a los testimonios de la misión observadora rusa para justificar la posición de Rusia contraria a las de la OEA y la Unión Europea. Las autoridades rusas utilizaron las observaciones para rechazar las denuncias de la OEA y la Unión Europea sobre las violaciones de las normas democráticas en Nicaragua y lograron ofrecer una cobertura alternativa de los resultados de las elecciones en medios de comunicación dentro y fuera de la región.

El envío de estas misiones busca aprovechar a una herramienta productora legitimidad, pues el guiño de observadores extranjeros (que confirman el cumplimiento del proceso electoral con los estándares de transparencia e imparcialidad) contribuye a la aceptación de los resultados. Dentro de este marco, y a pesar de que muchas de las elecciones que los observadores rusos evalúan como impecables no son ni siquiera libres y competitivas, su presencia permite a gobiernos autoritarios ofrecer una narrativa alternativa a las que plantean otras misiones impulsadas por organizaciones constituidas por estados efectivamente democráticos.