Leandro Querido con Eduardo Feinmann en Radio Mitre: “El transfuguismo del caso Clara Vega es un fraude electoral ex pos facto”
Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral, fue entrevistado hoy por Eduardo Feinmann, conductor del programa “Alguien tenía que decirlo” transmitido por Radio Mitre AM 790 en Argentina, para hablar sobre el transfuguismo en América Latina.
Querido aseguró que el transfuguismo es uno de los elementos que da cuenta de los sistemas de partido y de representación débiles que afectan la institucionalidad democrática en la región. El transfuguismo, explicó, es de dos tipos: el que ocurre antes de la elección y el que ocurre después. En el primer caso, se trata de candidatos o candidatas que al perder en elecciones primarias, se van a otro partido para seguir compitiendo; en el segundo caso (que estima es más grave), son candidatos o candidatas que después de ser electos, renuncian al partido o contenido programático que promovieron y con el cual llegaron al cargo, para obtener un beneficio particular.
Se habló sobre el caso de la Senadora de La Rioja, Clara Vega, que formando parte de Juntos por el Cambio, la coalición de oposición, rompió recientemente con su bancada para dar quórum en el Senado y aprobar la designación de un representante oficialista en el Consejo de la Magistratura, jugada política vista por muchos en Argentina como una estrategia de la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de forzar a la Justicia a un enfrentamiento con el Poder Legislativo.
Recordó el caso de la Senadora de Tucumán, Beatriz Ávila, y los de Antonio Carambia y Pablo Ansaloni, diputados que hasta 2021 representaron a las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires, respectivamente, todos estos de Juntos por el Cambio (antes Cambiemos) y que terminaron rompiendo con la posición de la coalición con la que fueron electos. También recordó el caso de Eduardo Borocotó, diputado entre 2005 y 2009, cuyo caso fue judicializado y legó el término “borocotización” a la política argentina, usado popularmente en el país en lugar de transfuguismo.
Transfuguismo en América Latina
“El transfuguismo atenta contra el mandato conferido y afecta la credibilidad de los electores cuando lo que se hace viola lo acordado en medio del proceso electoral”, dijo Querido. A modo de ejemplo, describió algunos casos de la región en los que se ha regulado el fenómeno. En México, los diputados y senadores que se presentan a la reelección consecutiva, deben hacerlo por el mismo partido. En Colombia y Perú, quienes buscan postularse por un partido diferente, deben renunciar al partido con 12 meses de anticipación; mientras que en Brasil, la banca del legislador tránsfuga es restituida al partido.
Elecciones Argentina 2023
Pero según Querido, el transfuguismo es solo uno de los factores entre los que nos dirigimos al proceso electoral de 2023 en Argentina. “Hoy las elecciones de 2023 se presentan como un verdadero desafío, porque las reglas de juego electoral están en entredicho”, dijo refiriéndose al debate en torno a la eliminación del Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el país. En total 3 provincias definitivamente no harán PASO en 2023: Salta, donde fueron suspendidas “excepcionalmente” por “cuestiones económicas”, y San Juan y San Luis, que no solo aprobaron leyes eliminando las PASO, sino que ya instauraron la ley de lemas. Varios medios han reportado también que Catamarca, Chubut, Tucumán y La Rioja exploran eliminar las PASO.
Además aseguró que “tenemos sistemas electorales provinciales que son una verdadera trampa para la ciudadanía”, poniendo como ejemplo a Santa Cruz, Formosa y Misiones (en algunos casos), donde rige actualmente la ley de lemas en niveles municipales, y a nivel provincial en el caso santacruceño, grupo al que se adhieren ahora San Juan y San Luis.
Expresó preocupación por el financiamiento indebido de la política y el uso de recursos públicos en campañas electorales, donde también hizo mención del más reciente informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre el Plan Potenciar Trabajo.
El Ministerio de Desarrollo Social, la Justicia y la AFIP realizaron una auditoría conjunta sobre el programa donde se detectó que entre los 1.3 millones de beneficiarios hay muchísimas personas que cobran el plan sin ser elegibles: al menos 2.800 fallecidos seguían cobrando y 250.000 beneficiarios compraron dólares, tenían propiedades, reciben ingresos por 2 o más veces el salario mínimo o habían pagado Bienes Personales.
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