ECED · Aula 6 · Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Observação Eleitoral no Brasil
Observar una elección es más que contar votos
«Observar una elección no es solo verificar si las urnas funcionaron, si el escrutinio fue correcto y si se cumplieron las reglas: es verificar si todas las personas pudieron efectivamente participar.»
Con esa idea abrió Joelson Dias —ex ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, miembro de CAOESTE, fundador del Instituto de Estudos Jurídicos e Diálogos Constitucionais (IDECON) y referente en derecho electoral y de personas con discapacidad— la Aula 6 del curso Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Capacitação em Observação Eleitoral Nacional no Brasil, organizado por la Escuela de Capacitación en Elecciones y Democracia (ECED) de Transparencia Electoral.
Según explicó, una elección técnicamente impecable puede igual excluir a una parte importante del electorado sin que eso se refleje nunca en los resultados del escrutinio. Por eso, sostuvo, ampliar el concepto de integridad electoral para incluir la accesibilidad es también ampliar el propio objeto de las misiones de observación.
La igualdad material como base de la democracia
Dias partió de una distinción clásica pero central: el reconocimiento formal del derecho al voto no garantiza, por sí solo, condiciones reales de participación. Citando a autores como Norberto Bobbio, John Rawls, Ronald Dworkin y Robert Dahl, planteó que la calidad de una democracia se mide no solo por la libertad formal del voto, sino por la existencia de condiciones concretas —información, recursos, acceso a los espacios de decisión— que permitan ejercerlo en igualdad de condiciones. Sin esas condiciones, dijo, «la libertad política permanece formalmente universal, pero materialmente selectiva».
Los números detrás del problema
Algunos datos que compartió durante la clase:
- Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad.
- En Brasil, el censo de 2022 registró 14,4 millones de personas con discapacidad (7,3% de la población de 2 años o más).
- Para las elecciones de 2026, casi 2 millones de electores brasileños se identificaron con alguna discapacidad al momento de registrarse —un incremento del 42,5% respecto de 2022.
- De las 475 candidaturas de personas con discapacidad presentadas en 2022, solo 8 resultaron electas.
Para Dias, esa brecha entre el crecimiento del padrón electoral y la escasísima representación efectiva es la evidencia más clara de que ampliar derechos formales no alcanza si no se eliminan, en paralelo, las barreras estructurales de acceso al poder.
El marco normativo: de la ONU a Brasil
La clase recorrió el marco normativo aplicable, con especial atención a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —incorporada en Brasil con jerarquía constitucional— y sus artículos 1 (que define la discapacidad como resultado de barreras sociales, no como limitación individual), 9 (accesibilidad) y 29 (participación política). A nivel interamericano, mencionó la Convención de Guatemala y el Programa de Acción para la Década de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2016-2026), que este año completa su ciclo.
En el plano brasileño, repasó la Ley Brasileña de Inclusión (13.146/2015) —que eliminó la interdicción como herramienta para restringir el derecho al voto— y el Programa de Accesibilidad de la Justicia Electoral del TSE, creado en 2012 a partir de una propuesta del propio Dias. También detalló las resoluciones vigentes para las elecciones de 2026: transporte gratuito para personas con discapacidad o movilidad reducida (Resolución 23.753) y transferencia temporal de sección electoral, con plazos que vencen el 20 y el 28 de agosto respectivamente.
Comparación regional y barreras que persisten
Dias repasó la situación en países donde Transparencia Electoral desplegó misiones de observación —Colombia, Perú, Argentina y Ecuador—, apoyándose en el panorama regional 2026 de International IDEA: América Latina avanzó en el apoyo el día de la votación (voto asistido, accesibilidad de los locales), pero sigue mostrando desigualdades en tres frentes: la plena capacidad jurídica electoral, la accesibilidad de la información y la propaganda durante toda la campaña, y la oferta de modalidades alternativas de voto.
También distinguió entre barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales (el llamado capacitismo), y subrayó —citando a Kimberlé Crenshaw, Lélia Gonzalez y Djamila Ribeiro— que las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo: género, edad, condición socioeconómica y territorio pueden intensificar las barreras que enfrenta cada persona.
Una propuesta concreta para las misiones de observación
Como cierre, Dias propuso desarrollar una herramienta de verificación de la inclusión —un cuestionario o checklist, con respuestas objetivas (cumplido, parcialmente cumplido, no cumplido, no aplicable)— para que los observadores puedan evaluar de forma sistemática y comparable entre países si se cumplieron los requisitos mínimos de accesibilidad en cada etapa del proceso electoral: desde la accesibilidad de las campañas y los sitios web oficiales hasta el funcionamiento de los recursos de accesibilidad en la urna y la capacitación de las autoridades de mesa.
En el espacio de preguntas, Marcelo Guedes (TRE-Pará) compartió una experiencia propia: un video institucional en cinco lenguas indígenas para explicar el uso de la urna electrónica a comunidades de la región amazónica, elegido como formato por sobre folletos impresos justamente por ser más accesible. Dias valoró la iniciativa como un ejemplo de cómo la accesibilidad comunicacional también debe pensarse para otros grupos históricamente excluidos del proceso electoral.
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