La Policía trasladó a los detenidos a Riberalta, aunque se espera que los procesen en Cobija. Los comunarios de Nueva Esperanza denuncian el incremento de casi un 50% en el padrón electoral.
La detención del candidato a la Alcaldía de Nueva Esperanza por el Movimiento Democrático Autonomista (MDA), Marcelo Blacut, junto a uno de sus colaboradores, Jairo Vallejos, incrementó el malestar en la población de ese municipio ubicado en Pando. La Policía arribó, en dos helicópteros, a dicha localidad y procedió con la captura y posterior traslado de las dos personas.
Los pobladores refieren que las detenciones responden a la represalia por las quemas de ánforas. Además, apuntan a la existencia de una lista con otras 14 personas que podría ser detenidas y en la cual figuran candidatos opositores al MAS y presidentes de comunidades.
Para este miércoles se ha convocado a un cabildo en Nueva Esperanza para exigir que no se realicen más detenciones. Además, plantean la depuración del padrón electoral para inhabilitar a las personas que no viven en el municipio pero que son trasladadas de otras regiones para que voten allí.
En el cabildo también se planteará el llamado a una nueva elección con nuevos actores políticos.
El candidato a la Alcaldía por Comunidad de Integración Democrática (CID), Carmelo Silvano, explica en un video el sorprendente incremento del padrón electoral durante el periodo de registro por el Serecí. “Se muestra un incremento cercano al 50%. En 3 meses, pasó de 1.065 a 1.559 inscritos”, dijo con las actas en mano.
La Ley 026 castiga el traslado de personas con fines electorales, lo que comúnmente se denomina acarreo, con sanciones de 2 a 5 años de privación de libertad.
Silvano señala como responsables de esta alteración del padrón a la actual alcaldesa Margarita Jiménez, y a Wilson Quiñones, ex asambleísta y exgobernador interino. Según él, ambas autoridades actuaron junto a un grupo de operadores que les ayudan a traer gente de Guayaramerín y Riberalta.
La denuncia por acarreo de votantes también se hará llegar ante las autoridades del Tribunal Electoral Departamental de Pando mediante una carta que remarca la práctica del acarreo.
En la misiva se exige una auditoría del padrón y la inhabilitación de quienes no viven en el municipio. “No permitimos más este atropello a las comunidades y familias que vivimos los 365 días del año. Somos los que sufrimos y aguantamos la mala administración de nuestras autoridades”, expresó.
Los comunarios responsabilizan al TED de Pando en caso de que se produzcan enfrentamientos, pues “no permitiremos que voten personas de otro departamento en nuestro municipio”. Y para evitar esta situación proponen una verificación del padrón electoral comunidad por comunidad.
Silvano indicó que hay “intromisión de partidos y agrupaciones políticas”, que durante más de 15 años se han dedicado al acarreo de personas del vecino departamento de Beni y de otros municipios como Cachuela Esperanza, Guayaramerín y Riberalta.
Nota extraída de El Deber