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El Plan B de AMLO y la violación a derechos civiles.

El Plan B de reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado una gran polémica en el ámbito político y jurídico del país, tanto que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, el 8 de mayo, la inconstitucionalidad de la primera parte del plan ‘B’ de la reforma electoral, la cual contemplaba cambios a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, a lo que AMLO respondió con el desarrollo del Plan C. Pero cabe hacerse algunas preguntas, como: ¿En qué consistía el Plan B? ¿Por qué resulta contrario a los derechos civiles?

¿Qué pretende el Plan B? 

Según sus promotores, se trata de una reforma que busca fortalecer la democracia, garantizar la equidad en la contienda, reducir el gasto público y combatir la corrupción. Sin embargo, según sus detractores, se trata de una reforma que viola la Constitución, debilita al Instituto Nacional Electoral (INE), vulnera los derechos de los ciudadanos y favorece al partido oficialista.

Entre los puntos más controvertidos del Plan B se encuentran:

– La reducción del financiamiento público a los partidos políticos en un 50%.

– La eliminación de las candidaturas comunes y las coaliciones parciales.

-La obligación de los partidos políticos de postular a personas indígenas, afromexicanas y con discapacidad en al menos el 10% de sus candidaturas.

– La prohibición de que los partidos políticos contraten propaganda en medios de comunicación privados.

– La facultad del INE de presentar al Congreso propuestas de reforma a las leyes electorales. Ademas de reducir su estructura, causando una gran cantidad de despidos. 

– La ampliación de las causales para la pérdida de registro de los partidos políticos.

– La posibilidad de que el presidente de la República pueda participar en las campañas electorales mediante conferencias matutinas.

Estos y otros aspectos del Plan B han sido impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por diversos actores políticos y sociales, que consideran que se trata de una reforma inconstitucional, que viola los derechos civiles y políticos de los mexicanos.

¿En que afecta el Plan B a los derechos civiles?

El Plan B de AMLO es una iniciativa que busca modificar seis leyes secundarias en materia electoral, ante la imposibilidad de realizar cambios a la Constitución. Sin embargo, este plan ha sido impugnado por diversos actores políticos y sociales, que consideran que viola varios derechos civiles. Algunos de estos derechos son:

El derecho a la libertad de expresión: al prohibir que los partidos políticos contraten propaganda en medios privados, se limita su capacidad de difundir sus propuestas y posicionamientos ante el electorado. Además, se otorga una ventaja indebida al partido oficialista, que cuenta con el apoyo mediático del gobierno federal. Asimismo, se restringe el derecho de los ciudadanos a recibir información plural y diversa sobre las opciones electorales.

El derecho a la libertad de asociación: al eliminar las candidaturas comunes y las coaliciones parciales, se dificulta la conformación de alianzas entre distintas fuerzas políticas que comparten objetivos o intereses comunes. Esto afecta la representatividad y pluralidad del sistema político, así como la capacidad de negociación y consenso entre los actores políticos.

El derecho a la participación política: al reducir el financiamiento público a los partidos políticos, se afecta su capacidad para realizar actividades proselitistas y organizativas. Esto puede generar una desigualdad entre los partidos con mayores recursos propios y los que dependen del financiamiento público. Además, se vulnera el principio constitucional de equidad en la contienda electoral. 

El derecho a la paridad de género y a la no discriminación. El Plan B también altera la Ley Orgánica del Poder Judicial, al permitir que el presidente pueda nombrar a los magistrados electorales sin tomar en cuenta el principio de paridad. Esto podría generar un desequilibrio en la composición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y afectar la garantía de imparcialidad e independencia judicial.

El derecho a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. El Plan B cambia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al eliminar la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses. Además, establece que solo podrán ser sancionados por faltas graves si hay una sentencia firme en su contra. Esto podría propiciar la impunidad y el encubrimiento de actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos.

Estos son algunos de los derechos civiles que viola el Plan B de AMLO, según las impugnaciones presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tendrá que resolver sobre su constitucionalidad.

¿Qué es el Plan C y porque causa controversia?

El plan C de la reforma electoral tiene prácticamente el mismo contenido que el plan B, donde se proponen modificaciones a las leyes secundarias y no a los artículos constitucionales como estaba planteado en un principio, la misma nace posterior al rechazo de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) rechazara el Plan B.

El plan C ha generado mucha controversia por varias razones:

– Se considera que atenta contra la autonomía e independencia del INE y del Poder Judicial, que son instituciones clave para garantizar la legalidad y la equidad de las elecciones.

– Se cuestiona la forma en que fue aprobado en la Cámara de Diputados, sin un debate amplio y con la ausencia de la oposición, que se retiró del pleno en protesta por lo que calificó como un albazo legislativo.

– Se teme que pueda afectar la calidad y la transparencia de los procesos electorales, así como los derechos políticos de los ciudadanos y las minorías.

– Se duda de su constitucionalidad y se espera que sea impugnado ante la SCJN, que ya ha rechazado otras reformas impulsadas por el gobierno de AMLO.

El plan C aún debe ser discutido y votado en el Senado, donde Morena y sus aliados también tienen mayoría. Sin embargo, el presidente ha dicho que, si no se aprueba, buscará obtener una mayoría calificada en el Congreso en las próximas elecciones para poder reformar la Constitución y llevar a cabo su proyecto de transformación del país.

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