Este domingo 26 de marzo se celebraron las “elecciones” para diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, siendo las que menos participación han registrado desde 1976. Dado que la Comisión Nacional de Candidaturas, integrada por las organizaciones de masas subordinadas al Partido Comunista de Cuba(PCC), había designado a 470 candidatos para igual número de curules, se trató más de un referendo (para aprobar la lista de candidatos) que de una elección en la que los votantes cuentan con distintas opciones.
En horas de la mañana se conoció el padrón electoral. La presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro, anunciaba que 8.120.072 de electores estaban habilitados (230 mil menos que en las elecciones municipales de noviembre – no explicó el criterio que se usó para la depuración-), y que el territorio se dividía en 12.427 circunscripciones, 80 distritos, en los que estaban dispuestos 23.468 colegios electorales, 250 de ellos especiales.
Activistas organizados para monitorear la jornada electoral que integraban las organizaciones ODE, COPE y COCUDE, denunciaron que desde hace días recibían amenazas para disuadirlos de observar el proceso. En horas de la mañana los activistas Juan Moreno Borrego y Zelandia Pérez Abreu denunciaron la presencia de un patrullero frente a su casa.
Más tarde fue el turno de María Elena Mir y Elsa Litsy Isaac, que fueron impedidas de participar en el operativo de observación electoral. Esta última incluso fue detenida y golpeada.
Aquellos observadores que lograron acudir a algunos centros de votación registraron una baja participación a lo largo del día. De acuerdo a sus reportes, el horario en el que más asistencia de documentó fue entre las 7:00 hs y las 10:00 hs, bajando posteriormente de manera paulatina.
Las organizaciones que monitorearon el proceso denunciaron que la Seguridad del Estado, el PCC y las organizaciones de masas amenazaron a los ciudadanos con el propósito de que votaran. Incluso se reportó que se usaron niños para ir casa por casa entregando boletas para que las personas participaran en el proceso electoral usando un mecanismo (voto en casa) que está limitado para personas con movilidad reducida.
El CEN decidió extender el horario de votación hasta las 19:00 hs (las mesas debían cerrar a las 18:00 hs) amparándose en el artículo 97.2 de la Ley Electoral. Sin embargo, esta establece que el CEN tiene esta facultad “cuando causas de fuerza mayor lo aconsejen”. En este caso no se explicó cuál fue la causa.
Esta práctica se ha presentado en las elecciones anteriores con el propósito de movilizar a las personas que para las 18:00 hs no han emitido su voto, de manera de aumentar el porcentaje de participación. De hecho, entre el parte emitido por el CEN a las 17:00 hs y el de las 19:00 hs, la participación aumentó 5%.
Algunos observadores denunciaron que no se les permitió observar el conteo de votos, aunque el artículo 117 de la Ley Electoral establece que “el escrutinio es público”. Este fue el caso de Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez (COPE), quienes fueron detenidos temporalmente para que no asistieran al escrutinio.
Baja asistencia contrasta con datos emitidos por el Consejo Electoral Nacional
Aunque tanto los observadores como los medios independientes documentaron una muy baja participación, difundiendo imágenes de colegios electorales vacíos, el CEN anunció en horas de la mañana del lunes que votó el 75,92% del padrón (6.164.876 electores), y que el 90% de los votos fueron válidos (6,22% en blanco y 3,50% nulos).
Si bien se trata de la más alta abstención en elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular (en 2018 la participación fue del 85%), de acuerdo a datos oficiales la participación aumentó con respecto al referendo del Código de las Familias (74,12%) y las elecciones municipales (68,58%).
Dado que el CEN no cuenta con instancias de auditoría independiente, no hay fiscalización partidaria porque se trata de un régimen de partido único, no hay observación electoral internacional profesional e independiente, y no hay posibilidad de hacer conteos paralelos y/o tener testigos en todas las mesas que garanticen el correcto desempeño de las autoridades, los datos que emite son incontrastables.
La opacidad propia del sistema electoral aunado al cambio en la tendencia abstencionista registrada en 2022, la profundización de la crisis económica y el rechazo al modelo expresado en numerosas manifestaciones a lo largo de los últimos años, impide que los datos emitidos por la autoridad electoral sean tomados como válidos.
Es por ello que el año pasado Transparencia Electoral exhortó al Consejo Electoral Nacional a someterse a una auditoría integral que dé cuenta de sus procesos y genere confianza en los resultados.
Si bien una auditoría determinaría la solidez técnica del proceso eleccionario, no revertiría la naturaleza autocrática de una votación en la que no se elige, sino que se refrenda. Pero al menos tendría el potencial de confirmar los datos de participación, que a día de hoy son incontrastables.
Transparencia Electoral publicará en los próximos días un informe que dará cuenta de las condiciones en las que se celebraron estos comicios y los datos recopilados por las organizaciones que observaron el proceso.
