Los desafíos que presenta la nueva configuración del sistema electoral mexicano, la convergencia de autoridades nacionales y locales y su papel central en el desarrollo de la transición democrática.

A partir de que México alcanzó su independencia en 1821, se pugnó por la adopción de un estado federal, el cual desde la Constitución de 1824 establecía los principios fundamentales de la República como una democracia representativa, con una división de poderes y soberanía estatal. La decisión de constituirse en una federación no estuvo libre de vicisitudes, incluso en la histórica lucha entre liberales y conservadores, durante algún tiempo se implantó el régimen centralista con las Siete Leyes Constitucionales de 1836. Sin embargo, en 1857 se logró restablecer el sistema originalmente elegido.

Desde entonces y hasta el día de hoy, pasando por la Constitución de 1917, que actualmente, con múltiples reformas, se encuentra vigente en nuestro país, la nación mexicana se ha organizado bajo el esquema de una república representativa, democrática, laica y federal compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de la propia norma fundamental, según dispone el artículo 40 de la misma.

El federalismo ha permeado todos los aspectos de la historia, aunque en su implementación inicial sirvió como un mecanismo descentralizador y no de articulación como lo fue en el vecino país del norte, ha sido la base y el fundamento del constitucionalismo mexicano y de su construcción democrática.  El estado Federal, de acuerdo con Kelsen, se caracteriza por el hecho de que los estados miembros tienen un cierto grado de autonomía, lo que implica darse por sí mismos normas jurídicas, que deciden agruparse y participar en la formación de una voluntad federal que los representa. Incluso en México la base de la división política es el municipio, que también goza de cierta autonomía y competencias propias, en base a facultades explícitas e implícitas es que el poder se distribuye en el territorio conforme a marcos competenciales definidos en la propia Constitución.

En ese sentido, el sistema electoral también ha sido protagonista en la transición democrática mexicana, como una forma de acotar el presidencialismo exacerbado que se vivió durante un largo período de tiempo en que la hegemonía era la regla y las decisiones nacionales pasaban por un solo grupo de poder e incluso por una sola persona. En México la transición democrática ha transcurrido por la vía pacífica a través del diálogo y el consenso de numerosas reformas que han ido delineando el actual modelo electoral.

Las primeras de ellas se centraron en la liberalización gradual del sistema al modificar los esquemas de representación política en el poder legislativo, otorgando cada vez más espacios a los partidos de oposición y ajustando las reglas de la participación de un mayor número de fuerzas políticas; enseguida, se crearon órganos electorales autónomos e independientes y ciudadanizados que brindaran certeza a los procesos electorales y que garantizarán imparcialidad en su actuación, así como para que fueran los encargados dela actualización del padrón de ciudadanos y de garantizar la fiabilidad del Registro Federal Electoral Nacional; luego vino la necesidad de poner énfasis en salvaguardar la equidad en las contiendas y, con ello, generar verdadera competencia entre las diversas opciones políticas a través de esquemas de financiamiento y prerrogativas, así como de la vigilancia respecto a los actos que vulneraran estos principios; y, finalmente, en las últimas que se han realizado, se ha hecho hincapié en la inclusión y representación de todos los grupos sociales, en un país que es diverso y plural.

Durante el recorrido de toda esta evolución el sistema electoral federal prevaleció en su totalidad bajo un esquema dual en el que existían autoridades administrativas electorales y jurisdiccionales, tanto a nivel federal como local; dichas instancias coexistían cada una bajo sus propias normas y con un ámbito delimitado de competencias. Así nació el Instituto Federal Electoral y el Tribunal en lo Contencioso Electoral en el ámbito federal, que tenían a su cargo todo lo relativo a las elecciones de Presidente de la República, Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, junto a sus homólogos en las 31 entidades federativas, así como en el Distrito Federal, que tenían a su cargo las elecciones de Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados de los congresos locales, ayuntamientos y, en algunos casos, concejales o comités vecinales.

El sistema funcionó de esta manera, con algunos ajustes trascendentes como fue la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación en 1996, sin encontrarse exento de críticas y cuestionamientos, entre cuyas principales discusiones estaba el dominio que ejercían los poderes ejecutivos locales sobre las autoridades electorales estatales, el crecimiento de su estructura y costo de las mismas, así como la discrepancia entre las diversas normativas y formas de gestión en las diferentes regiones del país.

Estas circunstancias llevaron a la reconfiguración del sistema electoral mexicano con la reforma constitucional del año 2014, en el que se creó una autoridad administrativa electoral nacional, denominada Instituto Nacional Electoral y se conservan 32 organismos públicos locales electorales, en cada una de las entidades federativas, pero con una distribución de competencias muy distinta a la que anteriormente tenían; se establecieron leyes generales aplicables a todo el país que homologaron procesos que antes correspondía regular a los estados, como son la constitución y regulación de los partidos políticos, las coaliciones, los materiales y documentación electoral, etc.; y, además, se cambió la forma de designación de las personas que integran las autoridades electorales locales, la cual dejó de ser facultad de los ejecutivos o legislativos estatales y pasó a ser atribución de la propia autoridad nacional, en el caso de los organismos administrativos, y del senado de la república en

el caso de los tribunales locales. También se atribuyeron a la autoridad nacional, como ente rector del sistema, decisiones en materias de gestión de los procesos que previamente correspondían a los institutos locales como las que tienen que ver con capacitación electoral, integración de las mesas directivas de casillas, la geografía electoral, la emisión de reglas generales de operación de los sistemas de resultados electorales preliminares y conteos rápidos, encuestas y sondeos de opinión, etc.

La nueva configuración del sistema electoral mexicano, es un sistema híbrido en el que convergen la autoridad nacional y las locales en la organización de los procesos electorales, el cual ha tenido sus complejidades en la implementación. Han transcurrido seis años a partir de la aprobación de este nuevo esquema y se han podido resolver algunas de las problemáticas detectadas, también se han enfrentado diversos retos, que no han sido menores, como lo fue la elección del año 2018 en la que concurrieron, junto con la elección federal en la que se renovaron todos los cargos en ese ámbito, treinta elecciones estatales, algunas de ellas en las que también tuvieron que elegirse diversos cargos locales, en las que hubo entidades en las que el elector tuvo que decidir sobre más de seis cargos en total.

Sin embargo, considero que el balance puede considerarse positivo, entre los puntos a destacar de la experiencia de los últimos años, puede destacarse la mayor profesionalización de los funcionarios electorales ya que, si bien el Instituto Nacional Electoral tenía ya una larga trayectoria en esta materia, esto ha beneficiado a los institutos estatales, al ampliarse la aplicación del Servicio Profesional Electoral al ámbito de las entidades federativas; también ha permitido la homologación de reglas y, por ende, de criterios en la aplicación de las normas básicas del sistema electoral y de partidos, aunque las entidades conservan ciertas particularidades y ámbitos de autonomía en ciertos aspectos; finalmente, algo fundamental es que ha propiciado una mayor coordinación entre las diversas autoridades electorales. Ello no significa que no existan aspectos que puedan mejorarse o que subsistan retos que superar, puesto que el sistema está en un permanente perfeccionamiento, pero sin duda ha contribuido a mejorar la calidad de los procesos democráticos y a mantener de manera estable el ciclo de gobernanza electoral.

En el presente año celebraremos en México elecciones locales en los Estados de Coahuila e Hidalgo, para elegir 25 diputaciones al congreso local y 84 ayuntamientos, respectivamente. El desafío no es menor, considerando que actualmente el mundo vive una crisis sanitaria, que no se había visto en cien años por lo menos, por lo cuál hemos tenido que adaptar la forma en que vivimos y nos relacionamos y el espacio democrático no es la excepción. En ese sentido, los organismos electorales de los estados antes mencionados, hemos tenido que coordinarnos con las autoridades en materia de salud, a fin de establecer pautas y protocolos para la realización de los comicios, de forma tal que podamos salvaguardar el derecho a la salud de los ciudadanos y también sus derechos político-electorales.

En este contexto, el pasado siete de septiembre se declaró el inició del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el que se renovará la cámara baja del Congreso de la Unión, con un total de 500 diputaciones federales, además de la renovación de cargos en las 32 entidades federativas, a saber, 15 gubernaturas, congresos locales en todo el país con excepción de Coahuila y Quintana Roo, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades y en algunos estados juntas municipales, presidencias de comunidad, sindicaturas o regidurías. Es por esta razón que se ha dicho que será la elección más grande de la historia, en la que, sin duda, aún existirán las condiciones inéditas en las que hoy celebramos los procesos locales y que, por lo tanto, requerirán una muy cuidada coordinación entre autoridades electorales y sanitarias.

Sobra decir que en el contexto nacional, como sucede en muchos otros países de la región, priva un clima de polarización y desafección por la política que genera en los ciudadanos un desapego por la democracia, que la violencia ha ido en aumento y que el panorama no es sencillo; sin embargo, los acontecimientos del mundo actual nos han refrendado que, con todas las imperfecciones que se le puedan atribuir, el sistema democrático, en el que la política implica la participación de los ciudadanos y el estado de derecho la garantía del respeto de los derechos fundamentales de ciudadanos libres e iguales, bien vale todos los esfuerzos para que, ante esta realidad, se apueste por fortalecer la conciencia de la importancia de involucrar a la ciudadanía y fortalecer a las instituciones que hacen posible la trasmisión pacífica del poder.

 

Bibliografía consultada

Astudillo, César. El derecho Electoral en el federalismo mexicano, México, UNAM, 2018

Carbonell, Miguel. “El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Uruguay, Honrad-Adenauer-Stiftung A.C., 2003, 9 Ed., pp. 379-396. Disponible en http://www.poderjudicial.gob.do/consultas/biblioteca/Textos/ANUARIO%20IBEROAMERICANO%20DE%20DERECHO%20CONSTITUCIONAL%20(2003).pdf#page=378

Montoya, Raúl. “Hacia la construcción de un nuevo federalismo electoral. El gran reto del Instituto Nacional Electoral” en Justicia Electoral, número 16, cuarta época, vol.1, julio-diciembre, 2015, pp. 95-122.

Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1993, pp. 108-112

 

Karla Verónica Félix Neira

Consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila y miembro de la CAOESTE.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Justicia y Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste y especialista en Derecho Electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora escuela Judicial Electoral, mismo centro de formación en el que concluyó los estudios de Maestría en Derecho Electoral. Actualmente, ha terminado el Master en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. En adición a su preparación académica, entre sus actividades de actualización y formación continua destacan los cursos y seminarios en materia de igualdad de género desde la perspectiva de derechos humanos enfocados en los temas de derechos humanos, representación, políticas públicas y planeación estratégica. Cuenta con veinte años de experiencia profesional como practicante de derecho, de los cuales más diez han sido en órganos electorales, principalmente jurisdiccionales y, actualmente, administrativo pues, en 2015, fue nombrada consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila.

 

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