Por Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral<\/p>\n\n\n\n
A pocas semanas de que Brasil viva una de sus elecciones generales m\u00e1s polarizadas, una decisi\u00f3n judicial ha encendido las alarmas sobre la transparencia del proceso. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidi\u00f3 denegar la acreditaci\u00f3n a la organizaci\u00f3n regional Transparencia Electoral para desplegar su Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral Internacional. Esta medida no solo rompe con una tradici\u00f3n de apertura t\u00e9cnica, sino que deja al descubierto un peligroso vac\u00edo legal que da\u00f1a la credibilidad de las instituciones del gigante sudamericano. La exclusi\u00f3n resulta especialmente llamativa e inconsistente si se analiza el historial reciente del propio tribunal brasileiro. En los comicios presidenciales de 2022, el mismo TSE invit\u00f3 y acredit\u00f3 formalmente a Transparencia Electoral, resaltando su trayectoria e independencia. \u00bfQu\u00e9 cambi\u00f3 en cuatro a\u00f1os para que una entidad con capacidad t\u00e9cnica demostrada y con quince a\u00f1os de trayectoria en Am\u00e9rica ya no sea apta para realizar sus tareas de observaci\u00f3n? No hay una respuesta oficial coherente, si un alarmante doble est\u00e1ndar institucional. El n\u00facleo del problema radica en que Brasil no cuenta con una ley aprobada por el Congreso que regule el monitoreo del voto. Todo se rige bajo una resoluci\u00f3n interna del TSE (la n\u00famero 23.678\/2021), la cual deja la puerta abierta para que los magistrados de turno elijan discrecionalmente, seg\u00fan sus propias simpat\u00edas o criterios cambiantes, qui\u00e9n entra y qui\u00e9n se queda fuera. El \u00abdoble est\u00e1ndar\u00bb del tribunal brasile\u00f1o qued\u00f3 en total evidencia al revisar la lista de los observadores aceptados. Mientras el TSE veta a una ONG t\u00e9cnica de la sociedad civil de Am\u00e9rica Latina, decidi\u00f3 darle luz verde y acreditar a la Liga de los Estados \u00c1rabes. Resulta parad\u00f3jico e ir\u00f3nico que un organismo electoral que dice defender los Derechos Humanos y la democracia representativa prefiera ser observado por un bloque compuesto mayoritariamente por reg\u00edmenes autoritarios e h\u00edbridos \u2014seg\u00fan las m\u00e9tricas del \u00cdndice de Democracia de The Economist\u2014 antes que por expertos electorales independientes.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n El tribunal aplic\u00f3 exigencias informales que ni siquiera est\u00e1n contempladas en sus propios reglamentos. Sin justificaci\u00f3n t\u00e9cnica se nos exigi\u00f3 reducir dr\u00e1sticamente el tama\u00f1o de la delegaci\u00f3n en un pa\u00eds que es pr\u00e1cticamente un continente. Adem\u00e1s, en un acto de intromisi\u00f3n se nos exigi\u00f3 que los integrantes de la Misi\u00f3n no realicen aportes (fee) para solventar los costos log\u00edsticos que incluyen costos de a\u00e9reos y hospedajes. A diferencia de grandes aparatos burocr\u00e1ticos multinacionales fuertemente financiados por gobiernos (como la OEA o la Uni\u00f3n Europea), las ONGs independientes de la sociedad civil subsisten gracias a la autogesti\u00f3n de sus participantes. Otras reciben \u201ccooperaci\u00f3n internacional\u201d que en realidad es ayuda de gobiernos por v\u00eda indirecta. Imponer estas barreras econ\u00f3micas de forma imprevista no es m\u00e1s que una estrategia para asfixiar la libre observaci\u00f3n electoral y da\u00f1an algunas de las caracter\u00edsticas propias de las elecciones \u00edntegras como la participaci\u00f3n efectiva y los controles cruzados. En este caso se lesionan seriamente estos dos elementos tendiendo un manto de sospecha sobre una autoridad electoral federal que viene perdiendo prestigio y confianza en los \u00faltimos procesos electorales. Este portazo institucional ocurre en el peor momento posible. De acuerdo con datos consolidados de la \u00faltima medici\u00f3n de Latinobar\u00f3metro, el 63% de los ciudadanos brasile\u00f1os encuestados percibe que las elecciones de su pa\u00eds sufren de fraudes parciales o totales, mientras que apenas un t\u00edmido 25% conf\u00eda en las autoridades electorales federales. En un ambiente sumamente polarizado donde abundan las dudas cruzadas sobre los sistemas de voto electr\u00f3nico, lo l\u00f3gico hubiese sido abrir las ventanas del proceso para que entrara la mayor cantidad de luz posible. Restar observadores calificados solo alimenta los fantasmas de la sospecha ciudadana y da\u00f1a severamente la legitimidad de quien resulte electo en las urnas. Ante este escenario adverso, Transparencia Electoral<\/a> ya adelant\u00f3 que planea elevar un recurso formal ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El fin no es solo defender un caso particular, sino blindar jur\u00eddicamente la observaci\u00f3n electoral en toda Am\u00e9rica Latina para que sea respetada como un derecho civil b\u00e1sico de la ciudadan\u00eda y no como un capricho pol\u00edtico de la autoridad electoral en turno. Las autoridades de Brasil de cara a una segunda vuelta deber\u00e1n rectificar el rumbo y retomar el camino establecido en la Carta Democr\u00e1tica Interamericana. La salud de la democracia brasile\u00f1a depende de que se garantice una fiscalizaci\u00f3n abierta, libre y verdaderamente transparente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral A pocas semanas de que Brasil viva una de sus elecciones generales m\u00e1s polarizadas, una decisi\u00f3n judicial ha encendido las alarmas sobre la transparencia del proceso. 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